Deberes y alcohol (V)

Miércoles, 07 Diciembre 2016 07:45   Miguel Ángel Vicente Opinion
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En fin, tal es la trascendencia que la reforma educativa requiere, así como la necesidad de llegar a un gran Pacto de Estado en esta materia, que marcará el camino por el que transitar hacia el futuro y el progreso de la Nación Española, que ya los Partidos Políticos parecen tomar conciencia y haberse arremangado a fin de ponerse a la tarea que la sociedad en general les reclama.

Uno de los principales caballos de batalla inmediatos en relación con la vigente y última Ley, la LOMCE (Ley de Mejora de la Calidad Educativa) y motivo de uno de los principales enfrentamientos entre el Estado y las Comunidades Autónomas, los venían constituyendo el tema de las reválidas, implantadas por dicha Ley tras 6º de la ESO y al final del Bachillerato, cuyo cumplimiento ya había sido obviado el curso pasado por una docena de Autonomías, que plantaron cara al Ministerio de Educación y, consiguientemente, al Gobierno, y se declararon en rebeldía para no llevar a cabo la realización de las polémicas pruebas o reválidas al final de la ESO y del Bachillerato.

Ante este estado de cosas, el Ministerio de Educación, a través de su titular, Iñigo Méndez de Vigo, y ante la nueva situación de representación de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, no ha tenido más remedio que bajar a la arena, olvidarse de sus tics dictatoriales y del rodillo, y ponerse a bregar con los partidos de la oposición, especialmente con el PSOE, para poder desatascar una situación que parecía enquistarse y no conducir a resultados positivos algunos, originando un gran perjuicio a quienes debe ir dirigida principalmente la Ley Educativa, que no son otros que los alumnos españoles, que tienen el derecho constitucional a la Educación, tal como viene proclamando nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1.978, en su artículo 27, puntos 1. y 5.: “1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza...5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.”.

De esta manera y ante el nuevo panorama, por primera vez en 40 años, los dos grandes partidos que se han repartido el Poder tras la reinstauración de la democracia, PP y PSOE, han logrado ponerse de acuerdo para sentar las bases y sacar adelante una Ley de Educación conjunta. Y así, el pasado día 25, todos los grupos parlamentarios suscribieron un documento dirigido a la Mesa del Congreso de los Diputados por el que se acuerda crear una Subcomisión específica en el seno de la Comisión de Educación, que en un plazo de seis meses debe elaborar un informe dirigido a llegar a un gran Pacto de Estado, Social y Político por la Educación que desemboque en la aprobación de una nueva Ley de Educación. Así se ha llegado al acuerdo, de no derogar la actual Ley de Educación, como pedía el PSOE, sino sustituirla por la nueva, suspendiendo el calendario de implantación de la LOMCE en todos los aspectos en los que no haya entrado en vigor, dejando en el limbo las controvertidas reválidas, que, de momento, se seguirán realizando, aunque la nota obtenida en las mismas no cuente para el expediente académico.

Y a la alegría y contento derivado del antedicho acuerdo, se ha unido el obtenido en la Conferencia Sectorial de Educación entre el Ministerio de Educación y los responsables de Educación de las Comunidades Autónomas, que, de consuno y de muy buen rollo, han adoptado el consenso respecto a que las reválidas de la discordia, aun celebrándose, no tengan relevancia para el expediente académico de los alumnos, acordándose que la reválida de 6º de Primaria  perderá, incluso, su carácter censal, es decir, no la tendrán que hacer todos los alumnos, como va a pasar con la de la ESO. Y se configura una prueba de acceso a la universidad, prácticamente idéntica o análoga, a la anterior Prueba de Selectividad, que no tendrán que hacerla nada más que los alumnos que pretendan acceder a la universidad y que se aprobará con un 4, siempre que la media del Bachillerato llegue a un 6, lo que dará, computando ambas notas, el 5 necesario para pasar a los estudios universitarios.

Dicha Conferencia, según cuentan las crónicas, ha batido dos récords: el ser la más corta en duración de la historia (una hora y media) y obtener un consenso como no se pudo obtener en ninguna otra, saliendo de la misma sus asistentes más contentos que unas pascuas, pareciendo ser el inicio para la concordia necesaria a fin de alcanzar ese gran Pacto de Estado en materia de Educación , tan necesario como obligado.

Mas, mi gozo en un pozo, pues en los primeros escarceos de la Comisión de Educación del Congreso para crear la Subcomisión, ya apuntan los primeros reparos a que los políticos nos tienen acostumbrados, peleándose por lo accesorio y dejando de lado el fondo del asunto, y, simplemente, el nombre del pacto educativo ya ha dado lugar a discusiones políticas interminables y tras muchos tira y afloja, los diputados encargados de instrumentar el acuerdo que nos concierne, han pasado de hablar de “Pacto Nacional” a “Pacto de Estado” y, finalmente, a acuñar la expresión “Gran Pacto de Estado, Social y Político por la Educación”, para que nadie pueda decir que se excluye a la “Comunidad Educativa”, expresión que no gusta a los nacionalistas porque consideran que habla de “una única España”. Total que la propuestas conjunta del PP, PSOE y Ciudadanos para crear este grupo de trabajo se aprobó con 26 votos a favor (los de los partidos indicados) y 11 abstenciones (Unidos Podemos, ERC, PNV, PdeCat – la antigua Convergencia- y Bildu). Con estas reticencias el texto aprobado reza así: “La Subcomisión elaborará un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español que contenga un diagnóstico con unas propuestas y unas conclusiones que serán recogidas para la elaboración de un Gran Pacto de Estado, Social y Político para alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2.020 de la UE”.

Desde mi punto de vista, habría que ver y estudiar a fondo esa Estrategia Educación y Formación 2.020 de la UE, pues todo lo que suena en concierto europeo me parece que va en detrimento de la libertad e idiosincrasia de los países que lo integran, lo que es consecuencia  y efecto irreversible de haber vendido nuestra alma al diablo y haber suscrito un negocio de venta y transmisión a fondo perdido de la soberanía de sus Estados miembros, incluida la de la gran Nación que otrora fuera España. Y aquí, el que discrepe, de esta doctrina oficial, al paredón. Ya veremos los derroteros por los que transcurren  los renglones de la subcomisión y si en vez de sacarnos del analfabetismo estructural y endémico en que nos hallamos España y los Españoles, no concluye sino dando la puntilla al Sistema Educativo Español, y todo ello, por bailar al son que nos tocan desde Bruselas.

Por cierto, que muy eufóricos se han mostrado los medios de comunicación ante el último Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencia (TIMMS) que cada cuatro años mide el rendimiento en dichas disciplinas de los alumnos de 9 y 10 años de más de 50 países, según el cual los alumnos españoles han superado el listón de la media, situada en 500 puntos, pareciendo que hayamos conseguido un récord entre los récords, callando tendenciosamente cuando se comparan esos resultados con los países miembros de la OCDE y de la UE, donde quedamos bastante tocados y muy lejos de las medias de nuestros vecinos, quedando a un muy bajo nivel, revelador de las aptitudes muy básicas de nuestros alumnos para con las matemáticas y las comprensiones sobre la vida, la tierra y la física. Siendo, además, alarmante el mínimo porcentaje de alumnos excelentes que hay en España: en matemáticas solo un 3%, frente al 7% de media de la UE y el 10% de la OCDE. Todo ello consecuencia de la eliminación y supresión del esfuerzo, la pérdida de autoridad del profesorado, la incentivación de la mediocridad y la execración de la excelencia. Y en ciernes, el próximo día 6 de este mes, se esperan los resultados del informe PISA: ¡Qué Dios nos pille confesados!.

Ahora bien, obras son amores y no buenas razones. De esta manera urge ponerse las pilas para afrontar ciertos retos que dejan en un mal lugar los deseos y la finalidad de que el sistema educativo mire principalmente al alumnado. Así, nos encontramos con los barracones tercermundistas en la Comunidad Valenciana, algunos de los cuales han quedado inundados tras las últimas precipitaciones pluviales caídas sobre la citada Comunidad, obligando a la Conselleria de Educación a cerrar las aulas de los centros de infantil y primaria número 5 de Aldaia y el CEIP  103 de Valencia, suspendiéndose también las clases de infantil de los Colegios María Yocasta y Maestro Tarazona de Puerto de Sagunto. No es de extrañar, pues, la reclamación, a la vez que indignación, de los progenitores de los alumnos de estos centros, exigiendo una instalaciones dignas, en una situación que ya se demora más de diez años, sin que la Conselleria parezca darse por aludida al anunciar, simplemente, que impermeabilizará los barracones de la discordia en vez de eliminarlos.

Todo sea bienvenido si, de verdad y de una vez por todas, la autoridad competente (Estado y Autonomías) se toman en serio el asunto de la Educación en nuestro país, llegando a ese tan ansiado Pacto de Estado y a esa Ley de Educación que sirva, al menos, para lo que queda de siglo XXI.

 MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

 7 de diciembre de 2016