Las comunidades socialistas, nacionalistas y regionalistas han exigido hoy un pacto educativo social, político y territorial, que respete escrupulosamente las competencias y que no se diseñe sobre los cimientos de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que deberá ser derogada.
Así lo han manifestado en el Senado los consejeros de Educación de las comunidades socialistas de Andalucía, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares, pero también de Cataluña, País Vasco y Navarra y de las regionalistas Cantabria y Canarias, que han coincidido en pedir al Gobierno que revierta los recortes y dé a las autonomías una financiación justa.
El debate, celebrado en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, tal y como se acordó en la pasada Conferencia de Presidentes, ha contado con la presencia de consejeros de Educación de las 17 autonomías, que han coincidido en la voluntad de que se perfile un pacto educativo que respete el plurilingüismo, se abra a la participación de la comunidad educativa y actualice la formación profesional.
En la Comisión también se ha abordado, por algunas comunidades, la necesidad de establecer un par de foros para el debate estable: uno territorial y otro de la comunidad escolar.
Por parte nacionalista, la consejera de Educación vasca Cristina Uriarte ha exigido un pacto que perdure en el tiempo y dote al sistema de estabilidad e igualdad de oportunidades, al tiempo que ha asegurado que, hasta ahora, el Gobierno no ha atendido las legítimas reivindicaciones de las comunidades y ha intentado restringir las competencias.
También la consejera de Enseñanza catalana, Meritxell Ruiz, ha insistido en el "escrupuloso" respeto a las competencias, lo que, según sus palabras, se traduce en "políticas propias".
Para la consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle, lo más importante es la vertiente "social y territorial", ya que sin ella el pacto estaría "descafeinado" y no podría funcionar, además de la derogación de la Lomce, "una ley que nadie quiso".
El consejero de Educación asturiano, Genaro Alonso, ha demandado un pacto con bases sólidas que permita llegar a una ley "duradera y compartida" y ponga límites a esa "babel" de siglas correspondientes a tantas normas orgánicas que ha tenido España en los últimos decenios.
Por la Generalitat Valenciana, el consejero Vicent Marzá ha pedido, en esencia, un pacto territorial, respeto al plurilinguismo e innovación, es decir, una educación "activa, creativa y emocional".
También el plurilingüismo ha sido defendido por el consejero balear Marti Xavier March i Cerdá, quien ha asegurado que hay voluntad para llevar a cabo este pacto pero ha pedido el reconocimiento del papel "activo y vertebrador" de las comunidades que, en definitiva, son Estado.
La consejera extremeña María Esther Gutiérrez ha sostenido que la clave para que el pacto sea efectivo es la participación y ha pedido involucrar al Consejo escolar del Estado y a los consejos escolares autonómicos.
Por parte de Castilla-La Mancha, el consejero de Educación, Angel Felpeto, ha señalado que una ley de educación sin una financiación adecuada está "condenada al fracaso" y ha exigido que se reviertan, desde ahora y de manera progresiva, las restricciones presupuestarias.
El senador socialista por Aragón y expresidente de esta Comunidad, Marcelino Iglesias, ha constatado que la ley de educación ha fracasado y ha planteado un pacto que pueda ser asumido por todas las comunidades.
Desde Cantabria, gobernada por el pacto PRC-PSOE, el consejero de Educación socialista Ramón Ruiz ha insistido en que el pacto que se construya no puede sustentarse sobre los cimientos de la LOMCE, "una ley rechazada por toda la comunidad educativa" y ha añadido que deberá formularse sobre tres pilares básicos: social, político y territorial.
El consejero de Educación del Gobierno foral de Navarra, José Luis Mendoza (Geroa Bai) también se ha decantado por derogar la Lomce y ha exigido al Gobierno de España que respete las competencias autonómicas, de forma que Navarra pueda desarrollar un currículo escolar propio, "abierto, flexible e integrador".
Mientras, la consejera canaria de Educación, Soledad Monzón, de CC, ha planteado que el nuevo pacto, además de social, territorial y político incluya la palabra "económico" y la financiación.
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