España: ¿Estado de Derecho? (VII)

Miércoles, 03 Mayo 2017 05:29   Miguel Ángel Vicente Opinion
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Y cuando hablamos de que el Gobierno de un Estado de Derecho, debe abstenerse de mentir a la ciudadanía, me estoy refiriendo a las cuentas que nuestro no menos ínclito, Ministro de Hacienda, Don Cristóbal Montoro, nos ha presentado bajo el pomposo nombre de Presupuestos Generales del Estado, en los que, según los expertos, existen una desviación de 8.000 millones de euros, a cuya cifra puede llegarse con el descenso de ingresos (inflados) tributarios y de cotizaciones, a no ser que nuestro prohombre aplique varias vueltas de tuerca más a fin de dejar a los españolitos de a pie como las raspas de las sardinas, todo ello adornado con la prácticamente quiebra de la Seguridad Social, que en el año 2.016 ha dejado un agujero de 19.000 millones de euros, siendo el déficit acumulado desde 2.012 de 80.000 millones de euros y el desfase estimado para 2.017 de 16.200 millones de euros, y con la Hucha de las Pensiones hecha unos zorros y con capital sólo para pagar la próxima extra de Julio. Y por si fuera poco, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), órgano creado a instancia de la Unión Europea para fiscalizar al Gobierno en materia Fiscal, a través de su Presidente José-María Escrivá,  en el Congreso de los Diputados ha manifestado que los Presupuestos están inflados en la nada desdeñable cifra de 28.000 millones de euros y advierte de que España (como la pescadilla que se muerde la cola) no cumplirá con el objetivo de deuda marcado por la Unión Europea y que es del 60 por ciento del PIB, hasta dentro de 20 años, o sea, hasta 2.037, debiendo recordarse que la vigente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  Financiera se había propuesto alcanzar ese límite en el año 2.020. Así que, ¡largo me lo fiáis! que exclamaría Don Juan Tenorio. Para frenar ese dislate de la deuda pública ascendente al 99’4% del PIB en 2.016, cada español, hoy, debería trabajar de media 362 días, aun cuando los extremeños y los castellano-manchegos deberían hacerlo 482 días, a fin de poder amortizar su devolución. Aparte de lo dicho respecto de la AIREF, hay que matizar que la misma viene siendo desoída por nuestro Gobierno, especialmente por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la agravante de que viene siendo limitada su función fiscalizadora al no estar, junto con el Tribunal de Cuentas, dotada suficientemente de medio técnicos y humanos para realizar correctamente sus funciones, que es lo que no interesa al Gobierno, el cual se jacta de ser el Ejecutivo que más disposiciones ha aprobado para atajar la corrupción y padre de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, mas ya vemos, que tanto respecto de las unas como de la otra, una cosa es predicar y otra dar trigo, o lo que es lo mismo, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Y respecto de los Presupuesto Generales del Estado añadir que han levantado ampollas tanto en los Ayuntamientos como en las Comunidades Autónomas que ven restringidos sus derechos inversores de forma letal.

Y es que, en materia de corrupción, el Partido del Charrán (¡qué oportuna matización se realizó sobre el logo en el pasado XVIII Congreso Nacional del PP!) está empapado de chapapote, o sea, negro como la antracita o la pez, hasta el punto de que no puede levantar el vuelo, y ya empieza se ha quedado el Sr. Rajoy en primera línea, lo que ha ocurrido cuando Esperanza Aguirre, la sorprendida, ha dejado de ser uno de sus últimos parapetos, y le han cortado la barba, por lo que aquél ya podría ir poniendo la suya a remojar, pues hasta el tonto del pueblo, tiene claro que el chapapote va a alcanzar a una y otro, más bien temprano que tarde. Por ello, sorprende que este hombre siga montado en la burra y siga negando hasta las más clarividentes y probadas evidencias, como si viviera en otro mundo, pues si no, no se entiende la proclama que en Sevilla, mandó a los jóvenes de Nuevas Generaciones de su Partido, tal como que “en el PP no se porta nadie mal”, ¡con la que está cayendo, que bien podría calificarse como la madre de todas las tormentas!, o apelar al “orgullo” de ser del PP, ¡menuda patata caliente!, porque es que ya no es una rana ni dos, ni siquiera una docena, tal como manifestara Esperanza Aguirre, sino todo un pantano de ranas, porque ya no es una ni dos, ni siquiera una docena, de manzanas podridas, sino que son un huerto, o más bien, todos los huertos de manzanas, en ese estado de pudrición. Pero parece que nuestro Presidente no se entera, aunque más bien, lo que le ocurre es que no quiere enterarse, y sigue escondiéndose en la ignorancia y en silbar para otro lado, refugiándose en el exterior entre la maraña europea o iberoamericana. Pero la lava de la corrupción ya se desplaza ladera abajo de la montaña y no parece que la erupción del volcán (o de los volcanes), vaya a minimizarse o a terminarse.

En este ir y venir de casos y caos de corrupción, no deja libre a quien adopte muchas o muchísimas medidas para luchar contra la misma, pues no se trata de necesidad de leyes que la fustiguen, sino de voluntad de no caer en la tentación de alargar la mano y meterla donde no digan dueñas, o sea, en la Caja Pública de Caudales, apropiándose indebidamente, fraudulentamente, ilegalmente, delictivamente, de los fondos públicos que han sido allegados a aquélla, vuelvo a repetir una vez más, con el esfuerzo y el trabajo y el sudor, cuando no la sangre, de los ciudadanos sometidos a un Estado de confiscación y extorsión fiscal como no se ha dado jamás en la historia de este país; mas a lo que se ve, mucho polvo o polvareda, pero los dineros robados siguen sin aparecer y lo son en cantidades, como vulgarmente se dice, industriales, en una trama constituida desde el primer peón a la última torre del entramado, en una manera a una colmena de abejas, en las que las obreras trabajan hasta la extenuación para arribar el sustento a la misma, mientras la reina engorda y engorda sin dar un palo al agua, protegida por las abejas soldado, que ya me dirán ustedes si la reina no se interrogará jamás de dónde viene lo que viene para tanto como destaca y engorda.

Y si estamos analizando el estado de salud de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, en base al principio fundamental tantas veces repetido de que no hay Estado de Derecho, cuando no existe una verdadera y auténtica independencia entre los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es lo que viene pasando en España desde la infame reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que llevó a cabo el Gobierno de Felipe González, allá por el año 1.985, que dinamitó esa independencia atribuyendo al Ejecutivo y al Legislativo una facultad de inmisión en el tercer Poder, el Judicial, que hizo añicos y que saltara por los aires la Constitución Española y, consiguientemente, nuestro Estado de Derecho. Y la prueba del algodón de esa inmisión y tratar de que la Justicia no llegue al fondo de los asuntos y papetar a los corruptos ante la acción de la misma, la tenemos a la orden del día, desde anteayer mismamente, cuando se produjo el relevo de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, por José Manuel Maza, y a renglón seguido, el relevo o baile de los Fiscales Anticorrupción tocapelotas, por otros más a mano y manejables, a través del nuevo Fiscal Anticorrupción General, Manuel Moix, léase en el relevo de los Fiscales del 3% en Cataluña, o el Fiscal Anticorrupción de la Comunidad Autónoma de Murcia, para no hacer sangre con el ya ex-Presidente de la misma, Pedro Antonio Sanchez, y todo ello, en muchos más casos, como que el propio Fiscal Anticorrupción tratara de imponer su criterio de no acusar de organización criminal la trama en la que se ve envuelto el ex-Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el llamado Caso Lezo. Si a ello unimos, las grabaciones de conversaciones en términos muy clarividentes de las autoridades políticas con los presuntos delincuentes, o el sobreaviso al propio González de que estaba siendo investigado, con visitas extemporáneas de investigados en esta trama en los despachos de ciertos miembros de la Administración Pública, nos lleva a considerar a España como el País de Tócame Roque o de un Patio de Porteras, o como una República bolivariana y bananera de la peor ralea. Por ello produce asombro, que tanto nuestros mandamases como la mayoría  de los medios de comunicación se ceben a diario sobre los acontecimientos de Venezuela o de los Estados Unidos de América, poniendo a parir a sus mandatarios, que no digo que, acaso, no lo merezcan, sobre todo respecto del primero, pero con la aviesa intención cual es la de tapar nuestras propias vergüenzas y seguir dando pábulo al lodazal en que están inmersas nuestras más altas instituciones. Por cierto, habrá que estar atento al anuncio de Rajoy de una inversión de 1.300 millones de euros para trenes AVE, y habrá que vigilar exhaustivamente la adjudicación, si llega a producirse y no se trata de un canto de sirena, pues ya se estarán removiendo los cimientos de algunos jerifaltes y algunas empresas concesionarias, frotándose la manos, para hacerse con este pastel y ver qué es lo que pueden rascar del mismo fuera de la ley.

En definitiva, tal como empieza el Editorial del Diario “El Mundo”, del pasado 22 de Abril, “las actuaciones del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, en procesos judiciales que afectan al PP empiezan a ser muy sospechosas”, añadiendo, “son demasiadas intromisiones desde que está en el cargo, que hacen dudar de que Maza esté cumpliendo con su obligación de defender el Estado de Derecho de forma imparcial y ello resulta intolerable”, y sigue, “El PP está ahora en el ojo del huracán judicial y es muy perjudicial para la salud democrática que se transmita desde el Gobierno la más mínima sospecha de intromisión irregular en los procesos para favorecer a los encausados afines, como desgraciadamente está ocurriendo”, rematando, “pero lo que decisiones como las que comentamos hacen inviable es la intención de Rafael Catalá –apoyada por Maza- de cambiar la ley para que sea el Ministerio Fiscal el encargado de instruir las causas judiciales. Mientras que no se modifique la Constitución para establecer la independencia efectiva entre el Gobierno y la Fiscalía sería un error muy grave que agudizaría las sospechas sobre la parcialidad de la Justicia. Por ello creemos que Catalá debería abandonar cuanto antes esta intención”. Y yo añadiría que también su cargo de Ministro de Justicia por las sospechas que empiezan a recaer sobre su persona.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

3 de mayo de 2017