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¿Quién puede fiarse de este Gobierno?

Por Miguel Ángel Vicente
miércoles 21 de junio de 2017, 05:45h
Miguel Ángel Vicente
Miguel Ángel Vicente

Parece de cajón que un Gobierno de cualquier País del mundo mundial, tiene como función, primordial e indelegable, la de velar por el bienestar de sus ciudadanos, sí, de esos ciudadanos que, al menos en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, son asaeteados a impuestos, tasas y obligaciones, sin que el esfuerzo fiscal que se les exige revierta en su bienestar, antes al contrario, una gran masa de las cantidades que, en definitiva, acaban siéndoles confiscadas, revierten en el bienestar de los políticos. Sí, esos sujetos que se hartan de proclamar que se desviven por el citado bienestar de la ciudadanía, pero que, por fas o por ne fas, acaban viviendo a costa de la citada ciudadanía, sin dar un palo al agua y poco menos, o quizás, más, que un marajá.

De todas maneras esto que digo y reseño no es un escape para aligerar mi frustración, una salida de pata para consolarme del cabreo que me producen estos señores, políticos, que visten de guante blanco y cuyas manos brillan, como si diariamente se desparramaran sobre las mismas varias y variopintas  vaselinas y pócimas, y que asoman blancas como la patita de la madre del cuento de los tres cerditos. Manos blancas, brillantes, lisas, que revelan, de largo, no haber dado un palo en su vida al agua y que, repito, viven a tren de duques y marqueses, cuando no de reyes, mientras sangran al españolito de a pie, al que vejan y al que extraen hasta el último céntimo de euro de su bolsillo, tal como demuestran más de un estudio que sentencian que en este País, vuelvo a repetir y no me cansaré, aún a duras penas, llamado España, el españolito, digo, tiene que trabajar, al menos 181 días para satisfacer la hambruna de parné que exigen el Estado, Las Autonomías, los Municipios y las Diputaciones Provinciales. Es decir, la mitad del calendario anual, o, según alguno, más de esa mitad, por amor al arte para que nuestros mandamases, en cualquier estadio de la Administración Pública, nos pulan y nos dejen en la puta miseria, mientras ellos tiran con pólvora del rey y viven a cuerpo de ídem. Me parece un esfuerzo exagerado, viendo luego a dónde va toda esa ingente cantidad de dinero que supone la exacción fiscal a que es sometido el españolito de a pie, simplemente por ser ciudadano. En cualquier caso, a esa mitad de año, trabajando para otros, sin remuneración a cambio, habría que tener en cuenta la cantidad de tiempo que dicho españolito emplea para satisfacer las demandas de la Administración Pública (autoliquidaciones, impresos por doquier, etc., etc.), lo que supone un importantísimo coste económico, no evaluado por ninguna empresa destinada a estas estadísticas. Pero si alguna se decide y lo lleva a cabo, el montante dinerario que supone esa pérdida de tiempo empleado en la maraña burocrática oficial para satisfacer las demandas de la Administración Pública y volcar sobre la misma hasta las veces que uno hace el amor, la mayoría de las veces, incluso, lo que aún indigna más, haciendo el trabajo que le corresponde hacer a los funcionarios (que para eso están y para eso les pagamos) de las distintas Administraciones Públicas, con la agravante de que tienes que ser un Licenciado Vidriera, o sea, un Supermán en todos los ámbitos, porque a poco que desbarres, la maza que “manu miliari” aplican las distintas Administraciones, sobre tu cabeza, puede llegar a dejarte tetrapléjico, lo que nunca tiene su correlación cuando el error o la actuación, incluso, prevaricadora, de los órganos de la Administración despliegan sus efectos sobre la masa amorfa ciudadana, que tiene que tragarse carros y carretas y aguantar toda la basura que sobre la misma se expande.

Pero, a lo que vamos, ¿quién puede fiarse de este Gobierno? La semana pasada pasé, valga la redundancia, sobre el asunto que debiera tener unas consecuencias demoledoras para un Gobierno, que siendo el primer obligado a cumplir la Ley y que, además, por mandato constitucional está obligado a exigir ese cumplimiento a los ciudadanos, resulta que se salta no la Ley, que ya sería grave, sino la propia Constitución Española, a la torera, se la pasa por el forro o por la entrepierna y, poco menos, que se caga en la misma. Me estoy refiriendo a la recentísima sentencia del Tribunal Constitucional, del pasado 8 de Junio, a través de la cual le da un varapalo de órdago a este Gobierno de listos, que lo deja al pie de los caballos, mordiendo el polvo y desarmado, por atentar gravemente contra los artículos 31.1 y 86.1 de la Carta Magna, amén de utilizar un vehículo inadecuado (El Decreto Ley) para llevar a cabo lo que, a todas luces, fue la amnistía fiscal que pergeñó en el año 2.012, disfrazada, para mayor inri, bajo el eufemismo de “regularización”, en aras a salvar a la Patria del infierno y del subsiguiente fuego eterno que se intuía iba a acabar con nuestras vidas y bienes, por lo que para evitar este holocausto, se abrió la puerta a los defraudadores mayores del reino para aflorar el fruto de sus rapiñas (delictivas o no, que aquí no se miraba la matrícula del vehículo), pagando un miserable 10%, que al final se quedó, en un ridículo 3%, recaudando menos de la mitad de lo que se previó. Excusas que no excusan nada, antes al contrario ponen de manifiesto la arrogancia, la soberbia, la prepotencia y la petulancia de unos señores que se creen los reyes del mambo, porque por la misma regla de tres y en base a esa salvación in extremis del país, bien podrían haber aprobado un decreto ley (convalidado en el Congreso por la mayoría aplastante del PP) en virtud del cual se decretará la condena a muerte de todos los jubilados pensionados: ¿esto sería lícito y legal?.

Pues bien, acto seguido y aún no estando repuestos de las verdades del barquero que el Constitucional cantó a Don Mariano Rajoy Brey y sus secuaces conmilitones del Gobierno, en el que, como puso de manifiesto el día 13 en el Diario “El País”, parece mentira la metedura de pata siendo el Gobierno con más Abogados del Estado por centímetro cuadrado de la historia, lo cual da bastante que pensar, en cómo algunos, a veces, ganan la oposición. Pues bien, ya casi sin capacidad de asombro, ahí tenemos el caso del Banco Popular que por decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), dependiente del Banco Central Europa (BCE) y en connivencia con el Gobierno de España, se lo han cargado, dejando a 305.000 inversores (accionistas) en la ruina, ya que han perdido toda su inversión, y todo ello cuado dos días antes el propio Gobierno, a través de su Portavoz, y Ministro de Educación, Iñigo Mendez de Vigo, y del más listo de la clase, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, juraban y perjuraban que no había riesgo alguno, tratando de dar confianza a los dichos inversores, y a mayor inri, cuando cuatro días antes, el citado banco había pasado con éxito, los test Estress que Europa impone a la Banca.

Y ya, por si fuera poco y hubiera pocas pruebas de que este Gobierno, o está conformado por un puñado de ineptos, o por un puñado de sinvergüenzas, o ambas cosas a la vez, (recordemos que en el cara a cara en las elecciones de 2.011, el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, no tuvo ningún recato para llamar con todas sus letras, al Sr. Rajoy, INDECENTE), ahora el Banco de España desvela que el “rescate” (Sí, Sr. Rajoy, el “rescate”) de las Cajas de Ahorro superará los 60.000 millones de euros tras privatizar Bankia, concretamente da por perdidos exactamente 60.613 millones de euros, considerando dicha cantidad como una cantidad irrecuperable, o sea, que pagaremos o ya estaremos pagando el conjunto de los españolitos, y no parece que el Banco de España esté por la labor de ir contra este Gobierno, porque a su Gobernador lo ha nombrado este Ejecutivo. Y, ahora, aquí y ahora, vienen a nuestras mentes aquellos mensajes de nuestro aún Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey, y del Ministro de Economía, Luis de Guindos, amén de toda la pléyade de adláteres, corifeos, acólitos, paniaguados y mamandurrieros de este Gobierno, que son legión, incluidos medios de comunicación adictos al poder, que se degañitaban, jurando y perjurando, que lo que no era un rescate, sino simplemente un préstamo en condiciones muy ventajosas, no costaría un céntimo de euros a los contribuyentes. Pues bien, ya la tenemos otra vez liada, que ese montante de los sesenta y pico mil millones de euros del no-rescate, vamos  tener que soportarlos el conjunto de españoles, contribuyentes o no. En fin, otra chapuza más de un Gobierno, que por todo lo que se viene viendo y conociendo, y por los tejemanejes del Partido Popular que lo sustenta con los casos de corrupción, por tierra, mar y aire, debería ir haciéndose el harakiri o, más suavemente, debería ir haciendo mutis por el foro, pero sin escaquearse de sus responsabilidades y de su exigencia ante los Tribunales de Justicia.

¿Cuál será la próxima?.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

21 de junio de 2017

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