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Estado de Derecho

Miércoles, 04 Octubre 2017 06:36   Miguel Ángel Vicente Opinion
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 Esa Constitución Española, a la que tanto se refiere, prácticamente a diario, como un mantra, nuestro Gobierno de la Nación, nuestro enfático Gobierno de España, tan manoseada y ultrajada, en no pocas ocasiones, por ese mismo Gobierno (recordemos el varapalo dado al mismo por el Tribunal Constitucional a cuenta de la amnistía fiscal de 2.012), que se proclama garante de la convivencia pacífica y defensor de los Derechos Humanos más allá de esta vida, proclama en su propio preámbulo que “la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad jurídica y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: ...Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular...” y, en consonancia con tan programático deseo, la propia Constitución, en su artículo 1.1 establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político...” y continua en su artículo 9.3 resaltando que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, ...la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Ante tamaña proclama de principios fundamentales, grandilocuente por lo demás, hemos de intentar llegar a la conclusión de si este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, cumple, bien y fielmente, con estos principios, sin lo que, caso contrario, no podríamos en modo alguno de calificar como Estado de Derecho al mismo. Para lo cual, y como prueba del algodón, para entrar en este tortuoso, sinuoso y escabroso sendero, deberíamos analizar si se respeta a priori un parámetro fundamental cual es la separación de poderes, y, consiguientemente si, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, gozan de independencia entre sí, fundamentalmente respecto del Judicial, al que se refiere el artículo 117.1 de la propia Constitución, según el cual “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, ...”, por la función primordial que recae sobre sus espaldas de controlar a los otros dos, cumpliéndose a rajatabla, tal como lo dejara escrito Montesquieu, de la existencia entre los mismos de una verdadera y auténtica separación y consiguiente independencia, de uno respecto de los otros dos, de manera que cada cual pueda y deba ejercer sus funciones sin presiones y órdenes de ninguno otro de los dos restantes. Pero, para ello, a poco avisados que estemos o espabilados que seamos, incluso cualquier analfabeto (que haberlos, haylos), podría llegar a la conclusión de que esa estricta independencia que entre los tres grandes poderes del Estado exige la salud de un Estado de Derecho, Democrático y de Bienestar Social, en nuestro país, y pese a la grandilocuencia y clarividencia de los preceptos antedichos de nuestra Carta Magna, deja un bastante a la misma con el culo al aire, pues, después de la reforma llevada a cabo, en 1.985, por el PSOE del Gobierno de Felipe González (lo que sentenció su Vicepresidente Alfonso Guerra con aquella sentencia de que “Montisquieu a muerto”), reforzada por otra medida adoptada por el PP de Don Mariano Rajoy Brey, a través de su Ministro de Justicia, en aquél momento, Alberto Ruiz Gallardón (dándole una vuelta de tuerca más a la injerencia del Ejecutivo y del Legislativo sobre el Poder Judicial) ha hecho saltar por los aires esa pretendida independencia, fundamentalmente y ahí está el meollo de la cuestión, casi ya diabólica, al atar al Poder Judicial, a través del Ejecutivo, vía el Poder Legislativo, al establecer que los máximos órganos de  Gobierno, representación y control de la Judicatura (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, como máximos entes judiciales del citado Poder Judicial) fueran nombrados por el Parlamento Español, con reparto de cuotas conforme a las fuerzas políticas que integran dicho Parlamento, lo cual supuso una importante pérdida, si acaso no toda, de la independencia que es exigible en el tercer Poder del Estado, el Judicial, que, entre otros cometidos, tiene a su cargo la vigilancia y control de los otros dos poderes en defensa del pueblo español en su globalidad. Y así, a día de hoy, pleno siglo XXI ya consolidado, nos encontramos con estos pelos. Si a ello unimos que al Fiscal General del Estado lo nombra a su libre arbitrio el Gobierno de España, y que el régimen del funcionamiento de la Fiscalía en general en nuestro país, es de naturaleza jerárquica, más o menos, como lo es en el estamento militar, dan ganas de decir “apaga y vámonos”, pues, en realidad y a la postre, bien podría decirse que en nuestro país rige un solo Poder, el Ejecutivo, ya que éste mediatiza al Legislativo, y a través de éste, al Poder Judicial. Pese a ello, aunque causen risa, por lo ridículo, aún hay una inmensa mayoría de prebostes y medios de comunicación, que siguen pregonando que España es una democracia consolidada. ¡Que venga Dios y lo vea!.

Pues bien, en una democracia consolidada, cierta y real, además, debiera observarse como uno de los principios igualmente fundamentales, sin el cual no podríamos llegar a tal conclusión, cual es el de la “seguridad jurídica”, o sea, que en el país exista una observancia de las normas, que establezcan derechos y obligaciones, pero que no puedan cambiarse aleatoriamente, en uso de esa arbitrariedad de los poderes públicos que igualmente prohíbe nuestra más alta norma, la Constitución Española, a fin de que las perspectivas de los ciudadanos en todos los sentidos posibles, no sufran merma o detrimiento, una vez se les ha ofrecido un estado y situación dentro de los cuales puedan operar en la confianza de que las reglas del juego no se van a cambiar, por una sola de las partes, una vez comenzado el partido.

Pues bien, repito, tan importante es el principio de la separación de poderes en un Estado de Derecho, como lo son otros muchos, entre ellos el de “seguridad jurídica”, que es en base al cual y dentro de cuyos parámetros ha de desenvolverse la actividad económica y social.

En relación con este principio, importantísimo, para el respeto de un marco económico y social saludable y sostenible, pero que se lo pasan a la torera nuestros gobernantes, se rompió ya drásticamente, con la reducción de las ayudas a las inversiones en energías renovables, y se aventuran próximas rebajas y recortes, de hasta un 30%  más en subvenciones a dichas renovables, lo que ha sido anunciado, con una cara más dura que el hormigón, por el Ministro de Energía, Alvaro Nadal, y que parece dicha medida alentada y avalada por un fallo más, además, del Tribunal Supremo, resolviendo una demanda presentada por un grupo de 25 instalaciones fotovoltaicas de Castilla-La Mancha, contra la regulación , o sea, el recorte en las subvenciones, por el Gobierno del PP, aun cuando se pronunciaron dos votos particulares, a la dicha sentencia: uno el del Magistrado Eduardo Espín Templado, favorable a la estimación del recurso por la “retroactividad contraria a derecho por incurrir en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”, y el segundo, por la Magistrada María-Isabel Perelló Doménech, aún más contundente, “no resulta fácil imaginar una vulneración más palmaria del principio de seguridad jurídica que la que consiste en abocar a un sector económico tan altamente regulado como éste a adoptar resoluciones empresariales de considerable entidad, incluso la propia continuidad en el ejercicio de la actividad, sin conocer el régimen jurídico y económico que les va a ser de aplicación”. Decisión judicial perjudicial cien por cien para los inversores, muchos de ellos pequeños, que empeñaron todos sus ahorros en montar un centro fotovoltaico contando con las condiciones favorables por parte del Gobierno cuando llevaron a cabo su inversión, y que la rentabilidad de las mismas la consideraron como esencial para asegurarse una buena jubilación, y que tras esta sentencia y otras anteriores del Alto Tribunal Español, les han dejado con el culo al aire, avalando la justificación del Gobierno del PP en la necesidad de evitar el aumento del déficit tarifario por la crisis económica, y contrastando abiertamente, con la decisión del Ciadi (organismo de arbitraje del Banco Mundial), que, en mayo pasado, propinó a España un buen varapalo al obligarle a indemnizar al fondo de inversión Eiser con 128 millones de euros, por considerar que España había incumplido la Carta de Energía, tratado internacional de 1.994, que establece que los Estados deben mantener condiciones estables para las inversiones de otros países, pero, por lo visto, son de peor trato y condición los inversores nacionales que los internacionales, en idénticas y mismas condiciones. Y luego dicen que el pescado es caro, o sea, que el Gobierno de España vela por el bienestar de todos los españoles.

En análogas condiciones, de saltarse a la torera el principio de seguridad jurídica, lo hemos visto recientemente con la “expropiación, sin indemnización” del Banco Popular Español, S.A., vendido al Banco Santander, S.A., por un euro, dejando a todos los accionistas y bonistas de dicho banco a la intemperie y, a muchos de ellos, en la ruina, con la agravante de que aquí ha jugado un papel trascendental la Unión Europea, que se ha aliado con los parámetros del Gobierno de España.

Y es que, ante la incapacidad de este Gobierno de listos del PP, incapaz de rematar el toro de la crisis y de abonar el camino llano y liso para afrontar una verdadera y auténtica recuperación, los fines justifican los medios, hasta el punto de que el propio Ministro de Hacienda, nuestro ínclito, Cristóbal Montoro, con el fin de justificar esa manifiesta incapacidad, ya ha propalado que “el secesionismo pone en peligro la recuperación económica”, lo que es contradictorio, incluso, con esa soflama reiteradamente proclamada desde la vocinglería del Gobierno, de que ya ha llegado y aterrizado en suelo español, la recuperación económica.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

                       4 de octubre de 2017

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