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La venganza de Don Mendo (la represión)

Miércoles, 08 Noviembre 2017 08:38   Miguel Ángel Vicente Opinion
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Llegó el momento, la hora H, la oportunidad, para la venganza, para atrapar en la red, para apresar en la tela de araña, para poner entre la espada y la pared, al movimiento independentista y con él a sus cabecillas, o sea, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y su Govern, así como a los miembros de la Mesa del Parlament Catalá, con el objeto de hacerles morder el polvo, de hacerles caer de sus pedestales y, sobre todo, de hacerles pagar su desaire y menosprecio por la celebración del Referéndum y todo lo acontecido el día Uno de Octubre (1-O, para las hemerotecas), poniendo en ridículo a todo un Gobierno de España, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad bajo su control, incapaz de frenar el ardor referendístico de casi dos millones y medio de catalanes, que querían manifestar de la manera más democrática posible, cual es expresar su voluntad en las urnas, y cuya realización cayó como un jarro de agua fría sobre la cabeza del Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey y su Gobierno de España, que no se cansaron de repetir y archirepetir hasta la extenuación y la saciedad que aquélla consulta no tendría lugar. Y esa, es una de las heridas que no cicatrizan fácilmente y que dan lugar a un rencor sin paliativos, generador de la ira que restringe el entendimiento y conduce a su corolaria consecuencia y deriva de la búsqueda de la venganza, a ser posible de la mayor lacerante e hiriente manera posible.

Y así, tras dar vía libre al artículo 155 de la Constitución Española, tras una invitación imposible de aceptar para que el President de los catalanes compareciera a pecho descubierto en el Senado, con una mano delante y otra detrás, como un síntoma de condescendencia por parte de Mariano de aceptar un debate, un diálogo, con Carles, y la negativa de éste, como no podía ser de otra manera, a fin de tratar de evitar la humillación y vejación que hubiera tenido que soportar en su persona y en la persona del mismo todo el catalanismo independentista, a la manera como le ocurriera, en su día, a Juan José Ibarretxe, en relación con el País Vasco, se precipitaron los acontecimientos a la velocidad de la luz, con la defenestración del President Catalá y todo su Govern, sustituidos por la Vicepresidenta del Gobierno de España, Doña Soraya Sáenz de Santamaría y el resto de Ministros del Gobierno de España, salvo el Ministerio de Defensa, por la sencilla razón de que en Cataluña no existe un ejército sobre el que tomar la dirección y mando, en una esperpéntica representación de cómo un Gobierno, legítimamente elegido por la voluntad popular expresada legal y libremente en las urnas, es defenestrado por otro Gobierno, igualmente elegido libre y democráticamente en las urnas, pero no con más valor que aquél, y aunque ello parezca permitir el controvertido artículo 155 de la Constitución Española, que, en verdad, en la voluntad de nuestros constituyentes padres de la patria, no se albergaba la aplicación práctica del mismo, pues de lo contrario, hubiera llevado consigo la connotación de una regulación más ajustada a derecho, cual hubiera sido la intervención de mediadores y del Poder Judicial, al que, ahora, por cierto, tanto se le llama, para justificar las acciones inmediatas habidas contra los llamados “golpistas” catalanes. Porque tan legítimo es y era un Gobierno como el otro. Pero, en fin, ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país de nuestros desamores y desilusiones, en el que disfrutamos de una quimera de democracia.

Mas la guinda, que se esperaba, tras la toma de control de la Generalitat por el Gobierno de España, y que se esperaba ansiosamente y con una vehemencia casi enfermiza, era la reacción de la Justicia, basada en la espita abierta por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que ya sabemos que es un títere o marioneta al que da cuerda el Gobierno de España, ya que dicho cargo depende del nombramiento de  éste por aquél, y la prueba de su politización, más clara que la del algodón, fue la defenestración de la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, al negarse ésta a aceptar la presión del Gobierno, a través de su Ministro de Justicia Rafael Catalá, para la renovación en la Fiscalía de ciertas plazas, incluidas las Jefaturas de Anticorrupción y Audiencia Nacional, apartando de ésta a Javier Zaragoza, lo que no deja lugar a duda alguna al respecto. Y este hombre ha echado toda la carne en el asador, retorciendo la interpretación de los artículos del Código Penal, para buscar la más adecuada a la finalidad de ejemplaridad que se pretende obtener con la imputación de los “rebeldes”, querellándose contra los mismos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, lo que se dice, en términos vulgares, hacer caer sobre los querellados todo el peso de la ley, y como no podía salir de otra boca, que la del visecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, para que sirva de “aviso a navegantes”.

Por cierto, que la Juez Carmen Lamela, sumisamente ha aceptado en toda su literalidad y términos el escrito del Fiscal General, y en cuanto a los querellados recayentes bajo su jurisdicción, los miembros del Govern Catalá, con su President Carles Puigdemont al frente, les citó  de manera express como un rayo, para declarar ante la misma, con tan sólo 48 horas desde la notificación de sus autos de imputación, lo que no deja de ser extraño y abre una brecha en la causa, por contravenir el derecho fundamental de los encausados a preparar, con cierto tiempo, con sus abogados, las declaraciones ante la misma, precipitación en la que no caído el Magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, Juez Instructor en el que ha recaído el caso, que, tras recibir a los querellados que le corresponden, por ser aforados, Carme Forcadell, Presidenta del Parlament Catalá y seis miembros de la Mesa de dicho Parlament, les ha dejado en libertad, aunque vigilada, dándoles un plazo de una semana, para estudiar los autos de imputación y preparar sus declaraciones asistidos de sus letrados, dando muestras este Magistrado de estar por encima de las presiones que se intentan hacer recaer sobre la acción de la justicia. Así, no es de extrañar que la Asociación Progresista de Jueces, “Jueces para la Democracia”, arremetieran contra la Juez Carmen Lamela, criticando la prisión decretada para los ex-consellers y que no diera más plazo a sus defensas antes de admitir el interrogatorio, manifestando su preocupación por “una interpretación extensiva del Derecho Penal”, insistiendo en que la prisión debe ser la “excepción”, resaltando la diferencia de trato dada por el Juez del Tribunal Supremo a los otros querellados.

Por cierto, que la mayoría de los medios de comunicación, ha querido echar tierra sobre el President, Carles Puigdemont, llamándole cobarde, traidor y acusándole de dejar tirados a sus compañeros de Gobierno y a los independentistas, a fin de poner en la picota a aquél, desautorizándolo,  cuando, en realidad, la trama del President ha sido la de tratar de llamar la atención internacional sobre la falta de independencia del Poder Judicial en España, sobre lo que no le falta razón y la precaria democracia que campa en nuestro país.

Y contrasta esta rapidez y la contundencia del Fiscal General del Estado, viendo delitos que no lo son, al menos, en el grado y calificación que el mismo hace, en el presente caso, con su nula acción, haciéndose la estatua de sal en la que quedó convertida la esposa de Lot, cuando huía con su familia de Sodoma, por volver la vista atrás, respecto de la sentencia del propio Tribunal Constitucional, al que tanto acude en socorro el Gobierno y el Partido Popular, Sentencia 73/2017, de 8 de Junio, en la que el Alto Tribunal pone de hoja perejil al Gobierno de España, al Gobierno de Don Mariano Rajoy Brey, al que da un varapalo de muy padre y señor mío, a cuenta de la amnistía fiscal que el Ministro Cristóbal Montoro, pergeñó en el año 2.012, a través del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de Marzo, no sólo por el vehículo formal en que se consagró (el Real Decreto-Ley), cuando debió haber sido, en su caso, vía de Ley, o sea, que solo “con arreglo a la ley”, es decir, por norma de rango legal, se pueden establecer prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, conforme ordena el artículo 31.3 de la Constitución Española, y por la contravención grave y flagrante del artículo 86.1 de la propia Constitución, conforme al cual los decretos-leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, y dentro de este Título se halla el artículo 31.1 que recoge el deber de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, produciéndose “una condonación parcial de la obligación tributaria principal y una condonación total de las consecuencias accesorias”, o sea, que se permitió regularizar rentas a tipo reducido (el 10%, que por arte de birlibirloque, fue rebajado al 3%), sin sanciones ni recargos, convirtiendo, además, las cantidades regularizadas en renta declarada a todos los efectos. Y, por si fuera poco, el resultado fue un fracaso absoluto, ya que de las expectativas de recaudar unos 2.500 millones de euros (que, aún para eso, no hubiera merecido la pena este viaje), la Agencia Tributaria solo recaudó 1.200 millones, y blindando a los contribuyentes de investigaciones penales. Por cierto, ¿qué cantidad habría que exigir solidariamente a este Gobierno de España por el daño económico que su ilegal acción supuso a las arcas públicas de caudales y, por ende, al conjunto de los españoles?.

Finalmente, poner en cuestión la legitimidad, al menos moral y ética, de quien debiendo defender el cumplimiento de la ley y el interés público y general, esté reprobado por el Congreso de los Diputados, o sea, por la voluntad del pueblo español, y siga en el cargo sin darse por aludido, haciéndose el loco y mirando para otro lado, cuando tras la misma debió tomar las de Villadiego, y retirarse haciendo mutis por el foro. Pero ya sabemos, que en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, la dimisión es una palabra tabú, que no existe en el diccionario político, y esto le pasa a nuestro actual Fiscal General del Estado, quien por dignidad, debió dejar el cargo tras la reprobación, así como los Ministros de Hacienda, de Justicia,de Interior y de Asuntos Exteriores, Cristóbal Montoro, Rafael Catalá, Juan-Ignacio Zoido y Alfonso Dastis, respectivamente. Como se ve un Gobierno super reprobado, y ahí siguen en sus puestos mirando para otro lado y como si la cosa no fuera con ellos.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

                             8 de noviembre de 2017

 

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