Un ministro indigno

Miércoles, 22 Noviembre 2017 04:00   Miguel Ángel Vicente Opinion
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Según el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, el adjetivo indigno significa “no digno, y aplicado a personas y a lo que hacen o dicen “merecedor de desprecio”. Es, por tanto, lo contrario a digno, adjetivo que “aplicado a las personas y, correspondientemente, a sus actos, palabras, etc., se aplica al que obra, habla, se comporta, etc., de manera que merece el respeto y la estimación de los demás y de sí mismo, que no comete actos que degradan o avergüenzan, que no se humilla y que no tolera que lo humillen”.

Parece, con arreglo a lo dicho, que la “vergüenza” es la clave para considerar a una persona digna o indigna, pues el desvergonzado es definido como “falto de decoro o dignidad o pudor”, pudiendo desembocar en el término “sinvergüenza”, que, según el mismo diccionario arriba señalado, identifica y “se aplica a las personas que estafan, engañan o cometen acto ilegales o reprochables en provecho propio, o cualquier clase de inmoralidades”.

Y aunque mencionemos en singular, bien es cierto, que existen más de uno, y haberlos, háylos, como las meigas en Galicia, y en abundancia, pues aquí la falta de lluvia o el chapapote no ha laminado ni minado la cosecha, como le sucede a los mariscadores de las Rías Gallegas, sino, antes al contrario, la ha hecho más abundante y profusa.

Pero, por ahora, nos referimos a un Ministro que ya debió dejar el cargo hace tiempo, “in illo tempore”, y aún me parecería tarde, de haberlo hecho, pero que se agarra como una lapa a la poltrona ministerial, caigan rayos y truenos sobre su cabeza, e, incluso, aunque caigan chuzos de punta. ¿Qué tendrá dicha poltrona que, una vez alcanzada no la deja uno escapar y bien pareciera que se pega con pegamento y medio, y entero, al culo o antifonario del que la ocupa? Pues por mucho que sobre sus cabezas recaigan los actos más despreciables e indignos, conllevando el repudio, el rechazo y el desprecio de la generalidad de los ciudadanos, no la sueltan y hacen de ella como una compañera, como antaño en el matrimonio, de unidos hasta que la muerte nos separe. Pero, claro, si el que la ocupa es un desvergonzado, o sea, alguien que no tiene vergüenza y tiene la cara más dura que el feldespato, pues, “allá me las den todas en el mismo sitio, que yo no me desembarazo de la silla, aunque me ahorquen”.

Pues bien, en la anterior legislatura y en la media actual, tenemos en el Gobierno de España, ese cuyo Presidente es un tal Mariano Rajoy Brey, y a la sazón, aún Registrador de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), a un personaje que ocupa una de esas poltronas, quien, quizás, de haber tenido un mínimo de dignidad, de vergüenza torera, que se dice en romance paladino, un tal Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, cuya única misión, al parecer, es hacer sufrir al ciudadano, utilizando la Agencia Tributaria con fines políticos, lo que no ha tenido lugar en los 40 últimos años.

Existe, sobre este individuo, una mácula (sin olvidar a Equipo Económico, utilizando información privilegiada y otras trapisonderías), que solamente por ella, hace tiempo que debió retirarse de la vida pública y hacer mutis por el foro, cual es la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de Junio de 2.017, conforme a la cual declaró el Alto Tribunal “inconstitucional”, o sea, contraria a la Constitución Española, contraria a la Carta Magna, contraria a la Ley de Leyes, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2.012, de 30 de Marzo, por haber utilizado un Real Decreto-Ley como vehículo formal en un caso en el que se afectaba de forma relevante al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, por todos los ciudadanos españoles, sin excepción, contraviniendo de forma expresa, clara, flagrante y temerariamente, los artículos 31.1 y 86.1 de la Constitución. Y aunque el énfasis del Tribunal Constitucional, lo ponga en el medio a través del cual se aprobó la citada amnistía fiscal, cierto es que, afectante a los antedichos artículos del texto constitucional, el fondo de la misma queda también expuesto a los pies de los caballos, sin obviar la responsabilidad del Gobierno en Pleno, bajo la dirección de su Presidente Don Mariano Rajoy Brey, que, además, con este acto ha puesto también en un brete al propio Rey de España, Don Felipe VI, por el hecho de que éste, aunque sea irresponsable, de conformidad con la propia Constitución Española, a saber, artículos 56.3 (“La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrenados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, ...”) y artículo 64 (1.- Los actos del Rey serán refrenados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes... 2.- De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.), no es un plato de buen gusto que, igualmente, haya quedado a los pies de los caballos, siendo, en definitiva, cómplice de un acto totalmente “ilegal, por anticonstitucional”, pues no puede guarecerse tras la barrera de esa “irresponsabilidad”, también consagrada constitucionalmente, mas ello, creo no debiera ser óbice para que estudiara a fondo los papeles que se le ponen delante para su firma y rúbrica, debiendo asesorarse bien y fielmente de toda esa pléyade de asesores, tanto de la Casa Real, como del Gobierno, y no parece de recibo que se tire a la piscina, “y si sale con barbas, San Antón; y si no, la Purísima Concepción”, y se escude en su “irresponsabilidad” para firmar lo que le pongan por delante sin pararse en mientes.

Y, con toda la razón del mundo, el Diario “El País”, en su editorial del día 9 de Junio de este mismo año, viene a ser un segundo varapalo (el primero lo fue la sentencia del Tribunal Constitucional) al Gobierno de España, al expresar, literalmente: “La decisión unánime del Tribunal Constitucional de anular el real decreto de amnistía fiscal aprobado por el Gobierno en 2.012 viene a subrayar la pobreza de las técnicas jurídicas aplicadas por el Ministerio de Hacienda y la irresponsabilidad general del Ejecutivo que propuso una reforma tan importante para el conjunto de los ciudadanos mediante un simple decreto... Esta sentencia debería ser un antes y un después para el Ministro de Hacienda. Pone en evidencia prácticas legislativas impropias de un departamento con tanto peso, teñidas de autoritarismo, y cuestiona el desempeño de Cristóbal Montoro. No es aceptable que el encargado de recaudar los impuestos y proponer las normas fiscales que deben gobernar la equidad de los españoles sea el responsable del atropello jurídico de la amnistía fiscal de 2.012 que ahora subraya el Constitucional...el Ministro debería presentar la dimisión o el presidente del Gobierno tendría que proponer su destitución...”.

Pues bien, antes al contrario, “el concernido”, que así se autotituló el propio Ministro, pero no “desautorizado”, según él mismo, se tomó a cachondeo la mencionada sentencia y se la pasó por el forro de la entrepierna, haciendo un corte de mangas a la Constitución Española (que tanto preocupa a Rajoy y al PP), al Tribunal Constitucional y a los ciudadanos españoles en general, riéndose con esa sonrisa más propia del Góllum del Señor de los Anillos, ese personaje que parece inspirado por J.R.R  Tolkien en el  propio Ministro.

Y, ahora, situándose como hombre de Estado, y tratando de dar una vuelta de tuerca más a la fiscalidad en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España (recordemos que estadísticamente está demostrado que los españoles trabajamos más de seis meses al año sólo para pagar impuestos), ha salido a la palestra, con la chulería que le caracteriza, avisando que el comercio electrónico, on-line de segunda mano, está sujeto a gravamen o tributación. Es decir, se trata de ahogar al ciudadano, en poco menos que una condena a muerte fiscal, pues ya me dirán Vds. qué tributación, moral y éticamente, podría serle exigida a quien, quizás por necesidad extrema, se desprende de algún objeto heredado de sus padres o abuelos, con un valor sentimental grande, pero insignificante de diez, quince o aunque fueren doscientos euros, o el ciudadano que trata de quitarse de encima algún cachivache o trasto que le molesta, tal como podría ser una cuna o el cochecito del bebé, porque éste ya tiene más barba que su progenitor, o una bicicleta más vieja que la tana, sin ruedas y oxidada, dice, con esa caradura que le caracteriza y la sorna que le estigmatiza y le hace desdeñable y odioso, que esas transacciones deben estar sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y si existe una plusvalía, es decir, una diferencia mayor de valor entre el precio de adquisición y el de la venta, también sujetas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como ganancia patrimonial.

No es de extrañar que la economía sumergida siga viento en popa, pues a la presión fiscal hasta la extenuación, en algunos casos de subsistencia bien pudiera alegarse legítima defensa y sobremanera como planteó el Presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales, tales como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos, siendo este último una causa de desincentivación para cumplir con la normativa fiscal, al ver que el esfuerzo desmesurado del contribuyente (sudor, sangre y lágrimas) sólo sirve, o en gran parte sólo sirve, para llenar la Caja Pública de Caudales con la que dichos políticos hacen de su capa un sayo, detrayendo cantidades súper millonarias, para engrosar su cuenta corriente particular o financiar ilegalmente a sus partidos, cuando no malversando dichos caudales públicos en beneficio de adláteres, acólitos, corifeos, paniaguados y mamandurrieros.

Y todo ello, teniendo en cuenta que el Sr. Montoro ostenta el título de “reprobado”, o sea, censurado, desaprobado, reprochado, condenado, vituperado y descalificado, por el Congreso de los Diputados, es decir, por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles, lo que le coloca en una situación de “fuera de la ley”, por mucho que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, le respalde y le mantenga en la poltrona, lo que debería hacerse mirar el propio Presidente. Pero, ya sabemos la política del PP, en estos casos, no ver, no oír, no hablar, y si se trata de la corrupción del partido y sus miembros, ya sabemos que son dos manzanas podridas en el cesto, que diría Esperanza Aguirre, o esos señores, sin mencionar su nombre que ya están fuera del Partido, en definitiva, unos perillanes que pasaban por ahí, pero al ovillo ya le han encontrado el hilo del que tirar, tal cual el procesamiento del PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

  22 de noviembre de 2017