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UCLM: la segunda transición

Martes, 19 Diciembre 2017 19:30   Onofre R. Contreras Opinion
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Una elemental visita a Wikipedia nos puede dar una idea bastante aproximada de la especial naturaleza que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene en relación a la Comunidad Autónoma del mismo nombre. Así dice la mencionada enciclopedia  “Aunque su creación formal data de 1982, es en octubre de 1985 cuando tiene lugar el efectivo nacimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su implantación representó la vocación de la Comunidad Autónoma por dotarse de un sistema universitario propio …… “. En efecto, la UCLM supone la seña de identidad del logro de la institucionalización de una región de muy escasa tradición autonómica. De manera totalmente diferente a la gran entidad histórica de las provincias que la integran, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha aparece en el panorama político de la “transición” como algo artificial y desposeído de legitimidad histórica.

Los políticos del momento preautonómico, UCD y Partido Socialista Obrero Español, conscientes del carácter de la nueva Comunidad Autónoma intentan su justificación por la eficacia de sus obras y encuentran un objetivo casi único que no tardan en compartir, cual es la creación de la Universidad regional, de ahí que la creación formal de la misma la realice un Gobierno de la UCD por Ley 27/1982, de 30 de junio, sobre creación de la Universidad Castellano-Manchega, mientras que su materialización no tendrá lugar hasta 1985 a través del Real Decreto por el que se creaban nuevos Centros y se integraban en la nueva universidad los ya existentes. Ambos rivalizan por la autoría de su génesis y ambos son coautores más allá de la lucha política.

Me atrevería a decir que no ha habido logro más importante que la consecución de la UCLM en el período en que nuestra tierra se convierte en Comunidad Autónoma, y así lo han entendido los diferentes gobiernos que se han sucedido a lo largo de la corta historia, mimándola y, a veces, utilizándola como moneda de cambio de centros y facultades por votos en campañas electorales. Sin embargo, nuestra Universidad ha crecido en cantidad y calidad, afirmación constatable con la mera observación de los diferentes ranking que miden la calidad de nuestras universidades.

La crisis de crecimiento que afecta a los seres vivos no podía dejar de influir también en la UCLM que por primera vez se enfrenta a un grave momento que debe ser resuelto con inteligencia, precisamente, en la institución en que tal atributo no debe faltar. Asistimos, por primera vez, en nuestra corta historia al enfrentamiento expreso y público, entre el Gobierno regional y el Rector de la UCLM, ambos en legítima defensa de sus intereses. El Rector en la salvaguardia de los medios necesarios para mantener una educación superior de mayor calidad, el Gobierno regional como representante de los intereses generales de la comunidad en la asignación de recursos en el ámbito de sus competencias.

Sin embargo, si el debate racional cede en beneficio del partidista la situación se enquistará y acabará siendo un elemento más de confrontación que de solución. Es por ello, que debemos apelar de nuevo al espíritu de la “transición”, al espíritu del consenso. Pero, acuerdo, ¿para qué?, ¿con qué objetivo?, pues fundamentalmente con la meta de consolidar la UCLM y su desarrollo sostenible, a cuyo fin me permito sugerir algunos principios de procedimiento.

Apartar a la UCLM del debate partidario supone realizar un esfuerzo de los partidos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha por acordar y definir un modelo de Universidad regional que tenga continuidad en el tiempo, a la vez que se le asignan los recursos necesarios para que alcance un estándar de calidad determinado. Los recursos del gobierno son limitados, al igual que las posibilidades de crecimiento de la Universidad, por lo que son los partidos políticos los que deben indicar cuál es el grado de compromiso con la Universidad regional y hasta donde quieren que alcance. El número de alumnos, becarios, profesores en sus diferentes categorías, resultados de investigación, captación de recursos investigadores externos, etc. son, junto a otros elementos, los que determinan la definición del estándar propuesto.

Por su parte, la UCLM debe comprometerse a cumplir el estándar otorgado y para ello debe dar cuenta periódicamente del proceso de cumplimiento. En este sentido, la autonomía de la universidad constitucionalmente reconocida no debe ser óbice para que el Rector  de cuenta en las Cortes de Castilla-La Mancha del destino de los fondos públicos asignados, de manera solemne, sin embargo, la necesaria rendición de cuentas públicas está reñida con la fiscalización de los recursos asignados a la UCLM que desvirtuaría la autonomía para el cumplimiento de sus fines y, sobre todo, alentaría a la desconfianza en la institución. Evaluar el cumplimiento de los fines a los que sirve es tarea de las instituciones de la Comunidad Autónoma, auditar la oportunidad del gasto supone una intromisión en la autonomía universitaria.

En definitiva, nos encontramos ante una segunda transición que debe ser afrontada con el mismo espíritu de acuerdo que hubo en la primera, así  podremos enfrentar el futuro de la institución regional que más ha colaborado a entender una Comunidad Autónoma carente de todo arraigo popular en su nacimiento. Si fracasamos ante este reto añadiremos un nuevo elemento de desconfianza del pueblo hacia sus instituciones.

Onofre R. Contreras Jordán

Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha

 

 

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