Lunes, 15 Mayo 2017 14:22

Patxi López, ok. PSOE ¿ko?

Terminado el debate de los tres candidatos del PSOE a la secretaría general el primer balance tendrá varias aristas. La primera es que el PP en la vida haría esto y que los grandes libertadores de Podemos ni pueden soñar algo así, les gusta más manejar los hilos sin luz, ni televisiones ni radios. Por tanto triunfo por goleado de los socialistas, capaces de dejarse ver y escuchar por el mundo incluso en momentos muy dolorosos.

Eso fue lo positivo, eso y que por lo menos un candidato habló de propuestas y quiso unir y no romper, que intentó hablar de lo que quiere y no se dedicó a criticar a los otros candidatos, más allá de saber defenderse y salir airoso de los reproches de los otros dos candidatos, que igual le querían que le ‘mataban’ con reproches en todo caso improcedentes.

Gano Patxi sí, y ganó bien, y eso no creo que nadie lo pueda poner en duda, ni los seguidores de Susana Díaz ni los de Pedro Sánchez. Estos dos se dedicaron a hablar mal del otro, Díaz y Sánchez fueron dos personajes rencorosos que se lanzaron dardos envenenados, que se tiraron los trastos a la cabeza y se enfrentaron hasta aburrir, hasta cansar. No se dieron cuenta, como no se han dado cuenta desde hace meses, que su actitud dañan y no une, que con sus palabras y sus reproches solo consiguen dividir más a un partido en horas bajas, un partido con un futuro muy incierto, con una militancia cansada.

La pregunta que se deben hacer los socialistas es ¿y ahora qué? Las elecciones internas son el próximo domingo, de ellos depende el futuro del partido y por extensión de muchos votantes que han creído en el PSOE antes y que pueden creer en el PSOE también en el futuro. Por mucho que ahora Ciudadanos o Podemos quieran quitar el espacio al PSOE, el socialismo no se parece ni a unos ni a otros y sus militantes lo saben y sus votantes también.

El problema para el PSOE es si esta división interna no acabará con el partido, si esta división tremenda entre los dos candidatos con más opciones de ganar no acabará por hacer ganadores a unos y muy perdedores a otros. Si el día 22 habrá ‘limpia’ de los perdedores dentro del partido y los ganadores pasarán factura.

El PSOE está ante su ‘refundación’ o su muerte. Los militantes eligen.

 

Miércoles, 10 Mayo 2017 06:16

España: ¿Estado de Derecho? (VIII)

En fin, como se ve, hay movimientos en las cloacas y las cañerías del Gobierno, y del Partido Popular, para entorpecer ilegalmente la acción de la Justicia sobre los imputados, perdón, investigados (aunque el traje no hace al monje), de su Partido, lo que no sólo levanta sospechas sobre esa intención de beneficiar a sus miembros corruptos, sino que agranda la sospecha de que también trata de entorpecer la investigación sobre la propia corrupción y financiación ilegal del Partido, que es lo que a la postre, con esa actitud, parecen venir a reconocer, en cuanto a su existencia casi “per omnia saecula, saeculorum”, amén.

Y no vale la manida manifestación de que los corruptos son los que son, como si se trataran de un “numerus clausus” (que no lo sabremos nunca) y de que hay muchos cargos y militantes del Partido Popular que son honrados y trabajan honradamente por el bienestar público y social en beneficio del interés general de los ciudadanos, lo que, por otra parte, sería su obligación, o sea, que por ello no se hacen acreedores de ningún reconocimiento especial ni aspirantes a ninguna medalla o diploma ni al Premio Nobel de la Paz ni a ningún otro; es más, si yo fuera, hoy por hoy, militante del PP, que no lo soy, que nunca lo fui y que firmemente creo que nunca lo seré, rompería mi carnet y me desmarcaría totalmente de un Partido que hoy está inmerso en unos casos de corrupción que jamás podríamos haber podido creer ni imaginar, porque, a la vista de lo que está aflorando y la actitud del Gobierno y los Jerifaltes peperos ante lo que vamos sabiendo y conociendo, que siempre será el chocolate del loro o la punta del iceberg, nadie que se precie de verdaderamente honrado, pulcro y cumplidor de la ley, puede permanecer indiferente y asociado a un Partido que se encuentra presuntamente fuera de la ley y que de darse estas circunstancias que le rodean y embargan, en cualquier entidad o sociedad sería sobradamente causa de disolución de la misma.

Y sin que valgan echar balones fuera, mirar para otro lado, hacerse el loco o comentar con la boca pequeña y de soslayo que “el que la hace, la paga”, como en numerosas ocasiones han manifestado los mandamases peperos, tales como el propio Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey, la Vicepresidenta de dicho Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (la cual, por cierto, parece que ha sido defenestrada al rincón del olvido y ha perdido el amor primigenio que, en su día, le dispensara su Jefe de Partido), o la Ministra de Defensa, nuestra paisana María-Dolores de Cospedal, frase a la que suelen añadir que el movimiento judicial que se desarrolla acerca de sus correligionarios inmersos en casos de corrupción y el propio Partido (no lo olvidemos, que también se halla imputado, perdón, investigado, como beneficiario a título lucrativo de las trapisonderías, tejemanejes, que no son baladíes, de apropiación indebida y otros muchos delitos cuya enumeración ya llenaría de por sí solo un artículo) es que “ el Estado de Derecho, funciona”, a lo que habría que argüir, que lo que verdaderamente funciona, a la vista de lo visto, valga la redundancia, es ese tejido de corrupción, yo diría que ya tan incorrupto como el brazo de Santa Teresa de Jesús, sistémico, endémico e inatacable, a la manera como ocurre con la persecución del tráfico de droga, porque por muchos alijos que se atajen, simultáneamente y coetáneamente surgen, como setas, tras la lluvia otoñal, otros muchos, lo que hace imposible ese exterminio de una y otra. Y ese Estado de Derecho se convierte más bien en un “Estado de Deshecho”, con su añadido (porque si no, de dónde van a sacar fondos para tanto como se birla y se saquea) y adherido “Estado Confiscatorio”, a fin de poder rellenar las arcas públicas de caudales para satisfacción y alegría orgiástica de tanto chorizo como parece ser que existen.

Y es que, como hemos dicho muchas veces, más de las deseadas, la cabra tira al monte, y el amigo de lo ajeno (aunque aquella insigne Ministra de Cultura del Gobierno de Zapatero, Carmen Calvo, declarase que el dinero público no es de nadie) no reconduciría su conducta por más que lo pillen con las mano sen la masa a él o a sus colaboradores o adjuntos, porque parece ser una enfermedad que crea adicción, como la droga, y que, al parecer, es incurable, y en cuanto ven un céntimo de euro ajeno les empiezan a temblar las piernas y allá que se lanzan como las moscas sobre un panal de rica miel. Y así, adoleciendo de esta epidemia, cualquier medio que se ofrezca a la vista válido para amasar fondos ajenos es visto con buenos ojos por los amigos de lo ajeno, que tratan, en base a su posición de privilegio desde los cargos públicos que ostentan, facilitar el saqueo de las arcas públicas, revistiéndolas, en no pocas ocasiones, bajo la legalidad aparente (y fraudulenta) para saltarse los controles y adueñarse del parné que tanto añoran y desean.

De esta manera, no se entiende cómo se permite la creación de Fundaciones, ligadas a los Partidos Políticos, receptoras de no pocas importantes subvenciones del Estado, Autonomías, Diputaciones y Ayuntamientos, con la única finalidad, como hemos dicho, de revestir de legalidad lo que huele a podrido desde su origen. Recordemos que no hace mucho, el señorito Aznar, Presidente de la Fundación FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), vinculada al Partido Popular y que, ahora, desde la renuncia del mismo a la Presidencia de Honor de dicho Partido, parece desvinculada de éste, y que, repantingado en un sofá o un sillón de piel, dándole pábulo a su sesera, nos impelió a los españolitos a trabajar, al menos, hasta los 70 años, con el objeto de favorecer la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, cuya Hucha, recordemos, está hecha unos zorros y que quedará a cero tan pronto haya de satisfacerse la paga extra de Julio, y que la ha vaciado este Gobierno del PP, que tantas flores se echa sobre sí mismo de buen gestor y administrador de la cosa pública. Desde luego, y esto lo digo yo, que también  pienso, aunque sin remuneración a cambio de tan descansado y bien remunerado trabajo, la mejor manera de salvar ese Sistema sería trabajar hasta la muerte, y así, muerto el perro, muerta la rabia, y las cuentas de la Seguridad Social cubrirían el déficit acumulado desde 2.012, ascendente a 80.000 millones de euros y la desviación que se estima de 16.200 millones de euros para este año 2.017.

Habría que preguntarse el montante a que ascienden las subvenciones del Estado y otras Administraciones Públicas a este tipo de Fundaciones Políticas, innecesarias por lo demás, pues bien podrían reunirse a pensar los militantes de los respectivos Partidos Políticos, en sus respectivas sedes, también generosamente subvencionadas, debiendo, por tanto, replantearse la necesariedad y conveniencia de las mismas.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

10 de mayo de 2017

Miércoles, 03 Mayo 2017 05:29

España: ¿Estado de Derecho? (VII)

Y cuando hablamos de que el Gobierno de un Estado de Derecho, debe abstenerse de mentir a la ciudadanía, me estoy refiriendo a las cuentas que nuestro no menos ínclito, Ministro de Hacienda, Don Cristóbal Montoro, nos ha presentado bajo el pomposo nombre de Presupuestos Generales del Estado, en los que, según los expertos, existen una desviación de 8.000 millones de euros, a cuya cifra puede llegarse con el descenso de ingresos (inflados) tributarios y de cotizaciones, a no ser que nuestro prohombre aplique varias vueltas de tuerca más a fin de dejar a los españolitos de a pie como las raspas de las sardinas, todo ello adornado con la prácticamente quiebra de la Seguridad Social, que en el año 2.016 ha dejado un agujero de 19.000 millones de euros, siendo el déficit acumulado desde 2.012 de 80.000 millones de euros y el desfase estimado para 2.017 de 16.200 millones de euros, y con la Hucha de las Pensiones hecha unos zorros y con capital sólo para pagar la próxima extra de Julio. Y por si fuera poco, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), órgano creado a instancia de la Unión Europea para fiscalizar al Gobierno en materia Fiscal, a través de su Presidente José-María Escrivá,  en el Congreso de los Diputados ha manifestado que los Presupuestos están inflados en la nada desdeñable cifra de 28.000 millones de euros y advierte de que España (como la pescadilla que se muerde la cola) no cumplirá con el objetivo de deuda marcado por la Unión Europea y que es del 60 por ciento del PIB, hasta dentro de 20 años, o sea, hasta 2.037, debiendo recordarse que la vigente Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  Financiera se había propuesto alcanzar ese límite en el año 2.020. Así que, ¡largo me lo fiáis! que exclamaría Don Juan Tenorio. Para frenar ese dislate de la deuda pública ascendente al 99’4% del PIB en 2.016, cada español, hoy, debería trabajar de media 362 días, aun cuando los extremeños y los castellano-manchegos deberían hacerlo 482 días, a fin de poder amortizar su devolución. Aparte de lo dicho respecto de la AIREF, hay que matizar que la misma viene siendo desoída por nuestro Gobierno, especialmente por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con la agravante de que viene siendo limitada su función fiscalizadora al no estar, junto con el Tribunal de Cuentas, dotada suficientemente de medio técnicos y humanos para realizar correctamente sus funciones, que es lo que no interesa al Gobierno, el cual se jacta de ser el Ejecutivo que más disposiciones ha aprobado para atajar la corrupción y padre de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, mas ya vemos, que tanto respecto de las unas como de la otra, una cosa es predicar y otra dar trigo, o lo que es lo mismo, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Y respecto de los Presupuesto Generales del Estado añadir que han levantado ampollas tanto en los Ayuntamientos como en las Comunidades Autónomas que ven restringidos sus derechos inversores de forma letal.

Y es que, en materia de corrupción, el Partido del Charrán (¡qué oportuna matización se realizó sobre el logo en el pasado XVIII Congreso Nacional del PP!) está empapado de chapapote, o sea, negro como la antracita o la pez, hasta el punto de que no puede levantar el vuelo, y ya empieza se ha quedado el Sr. Rajoy en primera línea, lo que ha ocurrido cuando Esperanza Aguirre, la sorprendida, ha dejado de ser uno de sus últimos parapetos, y le han cortado la barba, por lo que aquél ya podría ir poniendo la suya a remojar, pues hasta el tonto del pueblo, tiene claro que el chapapote va a alcanzar a una y otro, más bien temprano que tarde. Por ello, sorprende que este hombre siga montado en la burra y siga negando hasta las más clarividentes y probadas evidencias, como si viviera en otro mundo, pues si no, no se entiende la proclama que en Sevilla, mandó a los jóvenes de Nuevas Generaciones de su Partido, tal como que “en el PP no se porta nadie mal”, ¡con la que está cayendo, que bien podría calificarse como la madre de todas las tormentas!, o apelar al “orgullo” de ser del PP, ¡menuda patata caliente!, porque es que ya no es una rana ni dos, ni siquiera una docena, tal como manifestara Esperanza Aguirre, sino todo un pantano de ranas, porque ya no es una ni dos, ni siquiera una docena, de manzanas podridas, sino que son un huerto, o más bien, todos los huertos de manzanas, en ese estado de pudrición. Pero parece que nuestro Presidente no se entera, aunque más bien, lo que le ocurre es que no quiere enterarse, y sigue escondiéndose en la ignorancia y en silbar para otro lado, refugiándose en el exterior entre la maraña europea o iberoamericana. Pero la lava de la corrupción ya se desplaza ladera abajo de la montaña y no parece que la erupción del volcán (o de los volcanes), vaya a minimizarse o a terminarse.

En este ir y venir de casos y caos de corrupción, no deja libre a quien adopte muchas o muchísimas medidas para luchar contra la misma, pues no se trata de necesidad de leyes que la fustiguen, sino de voluntad de no caer en la tentación de alargar la mano y meterla donde no digan dueñas, o sea, en la Caja Pública de Caudales, apropiándose indebidamente, fraudulentamente, ilegalmente, delictivamente, de los fondos públicos que han sido allegados a aquélla, vuelvo a repetir una vez más, con el esfuerzo y el trabajo y el sudor, cuando no la sangre, de los ciudadanos sometidos a un Estado de confiscación y extorsión fiscal como no se ha dado jamás en la historia de este país; mas a lo que se ve, mucho polvo o polvareda, pero los dineros robados siguen sin aparecer y lo son en cantidades, como vulgarmente se dice, industriales, en una trama constituida desde el primer peón a la última torre del entramado, en una manera a una colmena de abejas, en las que las obreras trabajan hasta la extenuación para arribar el sustento a la misma, mientras la reina engorda y engorda sin dar un palo al agua, protegida por las abejas soldado, que ya me dirán ustedes si la reina no se interrogará jamás de dónde viene lo que viene para tanto como destaca y engorda.

Y si estamos analizando el estado de salud de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho, en base al principio fundamental tantas veces repetido de que no hay Estado de Derecho, cuando no existe una verdadera y auténtica independencia entre los tres Poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que es lo que viene pasando en España desde la infame reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que llevó a cabo el Gobierno de Felipe González, allá por el año 1.985, que dinamitó esa independencia atribuyendo al Ejecutivo y al Legislativo una facultad de inmisión en el tercer Poder, el Judicial, que hizo añicos y que saltara por los aires la Constitución Española y, consiguientemente, nuestro Estado de Derecho. Y la prueba del algodón de esa inmisión y tratar de que la Justicia no llegue al fondo de los asuntos y papetar a los corruptos ante la acción de la misma, la tenemos a la orden del día, desde anteayer mismamente, cuando se produjo el relevo de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, por José Manuel Maza, y a renglón seguido, el relevo o baile de los Fiscales Anticorrupción tocapelotas, por otros más a mano y manejables, a través del nuevo Fiscal Anticorrupción General, Manuel Moix, léase en el relevo de los Fiscales del 3% en Cataluña, o el Fiscal Anticorrupción de la Comunidad Autónoma de Murcia, para no hacer sangre con el ya ex-Presidente de la misma, Pedro Antonio Sanchez, y todo ello, en muchos más casos, como que el propio Fiscal Anticorrupción tratara de imponer su criterio de no acusar de organización criminal la trama en la que se ve envuelto el ex-Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el llamado Caso Lezo. Si a ello unimos, las grabaciones de conversaciones en términos muy clarividentes de las autoridades políticas con los presuntos delincuentes, o el sobreaviso al propio González de que estaba siendo investigado, con visitas extemporáneas de investigados en esta trama en los despachos de ciertos miembros de la Administración Pública, nos lleva a considerar a España como el País de Tócame Roque o de un Patio de Porteras, o como una República bolivariana y bananera de la peor ralea. Por ello produce asombro, que tanto nuestros mandamases como la mayoría  de los medios de comunicación se ceben a diario sobre los acontecimientos de Venezuela o de los Estados Unidos de América, poniendo a parir a sus mandatarios, que no digo que, acaso, no lo merezcan, sobre todo respecto del primero, pero con la aviesa intención cual es la de tapar nuestras propias vergüenzas y seguir dando pábulo al lodazal en que están inmersas nuestras más altas instituciones. Por cierto, habrá que estar atento al anuncio de Rajoy de una inversión de 1.300 millones de euros para trenes AVE, y habrá que vigilar exhaustivamente la adjudicación, si llega a producirse y no se trata de un canto de sirena, pues ya se estarán removiendo los cimientos de algunos jerifaltes y algunas empresas concesionarias, frotándose la manos, para hacerse con este pastel y ver qué es lo que pueden rascar del mismo fuera de la ley.

En definitiva, tal como empieza el Editorial del Diario “El Mundo”, del pasado 22 de Abril, “las actuaciones del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, en procesos judiciales que afectan al PP empiezan a ser muy sospechosas”, añadiendo, “son demasiadas intromisiones desde que está en el cargo, que hacen dudar de que Maza esté cumpliendo con su obligación de defender el Estado de Derecho de forma imparcial y ello resulta intolerable”, y sigue, “El PP está ahora en el ojo del huracán judicial y es muy perjudicial para la salud democrática que se transmita desde el Gobierno la más mínima sospecha de intromisión irregular en los procesos para favorecer a los encausados afines, como desgraciadamente está ocurriendo”, rematando, “pero lo que decisiones como las que comentamos hacen inviable es la intención de Rafael Catalá –apoyada por Maza- de cambiar la ley para que sea el Ministerio Fiscal el encargado de instruir las causas judiciales. Mientras que no se modifique la Constitución para establecer la independencia efectiva entre el Gobierno y la Fiscalía sería un error muy grave que agudizaría las sospechas sobre la parcialidad de la Justicia. Por ello creemos que Catalá debería abandonar cuanto antes esta intención”. Y yo añadiría que también su cargo de Ministro de Justicia por las sospechas que empiezan a recaer sobre su persona.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

3 de mayo de 2017

Con la aprobación de la Constitución Española en 1978, se terminó el largo proceso de confrontación nacional que comenzó cuarenta y dos años antes con el golpe militar de 1936. Cuatro décadas negras de nuestra historia que no podemos seguir escondiendo en los capítulos finales de los libros de historia o en las -en ocasiones reiterativas- películas de nuestro cine.

Es necesario que la sociedad sea consciente de los horrores del enfrentamiento como mejor forma de apostar por la paz y por el entendimiento.

En estos días, los socialistas en Albacete participamos, junto a Ganemos, en una moción en la que solicitamos al Ayuntamiento que autorice, a la Plataforma por la Memoria Histórica, para la colocación de un hito conmemorativo de la represión franquista en el espacio público albaceteño.

La condena de la represión por motivos ideológicos es algo que se comparte por gran parte de la sociedad española, incluyendo los agentes políticos, cuando hablamos de hechos acaecidos en otros países. Nadie se atrevería a negar un homenaje a las víctimas de la represión nazi, del régimen estalinista o del genocida Pol Pot, por ejemplo. Pero las posiciones, inexplicablemente, cambian cuando hablamos de nuestra propia dictadura. De nuestra propia y vergonzosa historia.

Represión franquista fueron los 1.104 fusilamientos en Albacete una vez concluida la guerra civil y hasta 1949, o los más de 16.000 procedimientos judiciales-militares celebrados solo en la provincia de Albacete (desde 1939 a 1949) contra grupos con los que el régimen no se sentía cómodo; republicanos y sus familias, artistas, intelectuales, masones, homosexuales, funcionarios y funcionarias del estado republicano e incluso militares y religiosos que no secundaron el alzamiento de 1936.

Represión franquista también fueron las decenas de miles de bebes robados a familias de alguno de los grupos expuestos o simplemente de familias humildes.

Represión franquista fueron también los millones de pesetas incautados por el Estado a quienes le placía, instaurando una herramienta estatal para este fin, como fue la Comisión Administrativa de Bienes Incautados por el Estado.

Represión franquista también fueron las suspensiones de empleo y sueldo y los despidos de miles de funcionarios y funcionarias, sobretodo en el ámbito de la educación, cuyo único delito había sido desarrollar su trabajo público al servicio del Estado republicano.

Un ataque más allá de los límites de una contienda, una vez concluida y ganada una terrible guerra civil y con el único objetivo de eliminar de la sociedad española cualquier tipo de esperanza democrática o de cambio.

Ahora que ya ha pasado el tiempo suficiente debemos recordarlo.

Tener presente el horror de la confrontación ayudará, sin ninguna duda, a la construcción de la paz. Creo firmemente que estamos obligados a mostrarnos a nosotros mismos cuáles son los efectos de abandonar las sendas de la democracia y del entendimiento. Cuáles son los efectos de una dictadura, de la imposición ideológica y de la represión.

Es el momento en el que las fuerzas políticas democráticas debemos unirnos para escribir conjuntamente esta negra parte de nuestra historia y a ellas les hago un llamamiento. Jamás vamos a terminar este capítulo de nuestra historia sin haber escrito, juntos, todas sus páginas.

De seguir así, de no afrontar nuestro pasado, no vamos a poder escapar al juicio que nos harán las generaciones futuras, ya que no habremos hecho nada para reconstruir nuestra historia. Para que nos hagamos una idea, sería el mismo juicio que hoy haríamos a Alemania si una vez concluida la Segunda Guerra Mundial hubiera escondido el holocausto nazi.

No estamos hablando de venganza, ni de guerras, ni de bandos. Los anti demócratas perdieron su batalla con la llegada de la democracia, ya no se trata de eso. Hoy todos estamos del lado de la paz.

Si me apuran, no se trata de justicia con las víctimas, sino con la sociedad en su conjunto. Parafraseando el proverbio indio, la historia no es una herencia de nuestros padres, sino un encargo que nos hacen nuestros hijos. No podemos permitirnos una historia a medio escribir, no podemos entregar a las futuras generaciones un pasado cerrado en falso.

Y es que no, nuestro pasado no está cerrado. Es una herida abierta que nos impide cerrar el capítulo del franquismo en paz.

Este tipo de peticiones no tienen otro objetivo que pasar página y quienes se oponen se empeñan en que se quede permanentemente inconclusa, pendiente de una revisión posterior. Desde la convicción de que ese momento ya ha llegado, recordemos qué pasó, qué consecuencias tuvieron la intolerancia y la imposición y qué valor tiene la libertad.

Recuperemos nuestra memoria histórica para construir una paz duradera.

 Manu Martínez (@Manu_mtnez)

PSOE Albacete.

Miércoles, 26 Abril 2017 03:29

España: ¿Estado de Derecho? (VI)

En definitiva, si para que un país pueda ser calificado de Estado de Derecho, es condición sine qua non que se respete escrupulosamente la separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), España ya, a conciencia, incumple esa condición al inmiscuirse el Ejecutivo y el Legislativo en la designación de cargos dentro del Consejo General del Poder Judicial, del que dependen los nombramientos de los principales órganos judiciales del país; si, a mayor abundamiento, vemos que los propios gobernantes, obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, pasan de largo de hacerlo por considerarse, por el solo hecho de haber obtenido el cargo, por encima del bien y del mal, y si, para mayor inri, carecemos de un sistema impositivo justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá carácter confiscatorio, estando a remolque de sentencias judiciales patrias o europeas que le enmiendan la plana una y otra vez al legislador, en base a que una Ley no basta con que se apruebe por las mayorías parlamentarias establecidas, sino que una ley ante todo y por todo ha de ser “justa”, de cuya característica adolecen muchas normas de nuestro Ordenamiento Jurídico, y sobremanera en materia tan sensible y delicada como es la Fiscal o Impositiva, bien podemos concluir que España de Estado de Derecho, nada de nada o res de res si lo preferimos en catalán, y en materia impositiva se constituye como un Estado Confiscatorio, con la agravante de que ese exceso de recaudación o confiscación que se le aplica al ciudadano, no va ligada a una aplicación correcta, justa y social de los recursos públicos, sino que una buena parte de ellos se desvanece en las sombras y las cloacas de nuestros mandamases, por lo que en concomitancia con este abrecadabra no es de extrañar que la preocupación de los españoles por la corrupción haya subido en el pasado mes de marzo al 44’8%, siendo el segundo de los problemas (el primero sigue siendo el paro, pese a la vocinglería de que la recuperación ha llegado) que más preocupan en la actualidad a los españolitos de a pie, pues por mucho que el Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey, y la Vicepresidenta del Gobierno de España, Doña Soraya Sáenz de Santamaría, no dejen de propalar que este Gobierno y su partido el PP, son los que más medidas hayan adoptado para luchar contra la corrupción, pruebas son amores y no buenas razones, no se nos escapa que la corrupción sigue su marchamo rampante y, particularmente, en el seno del propio Partido Popular, que se llama andana y mira para otro lado como si los apestados por la corrupción fueran otros y a ellos les sorprendiera la misma.

Pues bien, es sabido que, en un Estado de Derecho, el Gobierno, que es el buque insignia del mismo, ha de respetar la ley a rajatabla y, además, no debe engañar a los ciudadanos bajo ningún concepto, porque lo contrario sería tomar por tontos, cuando no de incapaces, a aquellos a los que deben respeto, pues no en vano, los políticos y la Administración Pública en general deben su razón de existir a la necesidad de una buena gobernanza y administración de los caudales públicos (obtenidos con el trabajo y el sudor de la frente de aquellos ciudadanos), que deben administrar y disponer con sumo tino y legalidad en beneficio del interés general de esos ciudadanos a los que se les reclama la imposición fiscal para subvenir los servicios públicos y sociales, sin que deban escatimar esfuerzo alguno en ello, porque, a la postre y por su propia naturaleza, los cargos públicos, sean políticos o funcionarios, están al servicio del ciudadano y no a la inversa, como espuria y torticeramente se considera en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, en el que cualquier gerifaltillo o funcionarillo, en el ámbito de su competencia, se cree un Dios al que la ciudadanía debe hacer ofrendas y rogativas a fin de que la ira de los mismos no caiga como rayo mortífero sobre quienes tienen el derecho a exigir de aquéllos un comportamiento ejemplar. Mas esto, en nuestro país, parece funcionar y ser entendido al revés, aunque formalmente bien se preocupan nuestros mandamases de proclamar lo contrario. Y ahí, sobre el terreno, tenemos a la primera autoridad de la Nación, tras el Jefe del Estado (su Majestad el Rey Felipe VI), o sea, a un tal Rajoy, Mariano y Brey de segundo apellido, a la sazón Presidente del Gobierno de España que, con un morro que se lo pisa, viene propalando, sin venir a cuento y como un mantra, quizás para tapar sus carencias y agujeros negros y los de su Partido, de que toda Europa defiende el respecto a la ley, avisando que Europa nunca apoyará a quien se salte la ley, lo cual es un  oxímoron inaudito en un Jefe de Gobierno, y es tanto como mentar la soga en casa del ahorcado pues el cumplimiento de la Ley debiera presumirse en todo ser pensante, inteligente y responsable, a la manera como se presume el valor en los otrora quintos llamados a filas en el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Mas si tan seguro está de su aserto, bien se lo podría aplicar a sí mismo y a su Partido, el Partido Popular, que un día sí y otro también, se ve envuelto en casos galopantes de corrupción, lo que supone, prima facie, un incumplimiento continuo y persistente de esa ley que tan pomposamente nuestro ínclito Presidente no se cansa de hacernos comprender que hay que cumplirla sí o sí. Como digo, bien podría aplicarse el cuento a sí mismo y a su Partido, a no ser que esté convencido, como creo que lo está, de que por ser quienes son no se sienten concernidos a tal cumplimiento, pudiendo hacer de su capa un sayo y enriquecerse, muy millonariamente, a costa de los caudales del erario público, que no son otros que los allegados, como también hemos dicho, con el trabajo y el sudor de los ciudadanos, y, a veces, con sangre, lo que no deja de ser grave, para que una casta corrupta por naturaleza se haga con el botín para su beneficio propio, mediante el saqueo de la Caja Pública de Caudales, y que por más que se llene con el sistema confiscatorio impositivo que rige en España, siempre se halla más seca que la mojama. Por lo que el aserto de nuestro propio Presidente del Gobierno pidiendo responsabilidad en la gestión del dinero público, suena a cuento chino, a cachondeo, a mofa y a tomadura de pelo a la ciudadanía en general, máxime con la que esta cayendo sobre el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que se ha convertido en una olla a presión que ha empezado a explosionar y sobre la que no se puede aventurar su finalización.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

26 de abril de 2017

     

 

 

Viernes, 21 Abril 2017 13:36

“Brave. Mujeres al borde del poder”

Tengo el orgullo de pertenecer a un partido que  ha sido el artífice de los mayores avances democráticos y de derechos sociales de la historia de este país.

Es  el Psoe el que nos pone siempre  a la vanguardia en igualdad de género. Como por ejemplo, con la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, convirtiendo a España en un referente internacional. Con su entrada en vigor, España se sumó a los 44 países del mundo con una medida legal o constitucional que garantiza la representación de las mujeres en las instituciones.

A pesar de estos avances, a nadie se le escapa la dificultad de las mujeres para avanzar en política. La propia cultura organizativa de los partidos, de raíces profundamente patriarcales plagada de estereotipos sexistas donde las virtudes de eficacia, competitividad o liderazgo son atribuidas, en mayor medida, a los hombres. Además, con frecuencia, las mujeres estamos sujetas a un examen de competencia constante por el mero hecho de serlo o se nos exigen requisitos más elevados. Estas dinámicas se refuerzan con una cultura organizativa de raíces patriarcales, la old boy network, que se traduce en la creación de redes informales de confianza y poder masculinas consolidadas a través de los años o de actividades lúdicas (como tomarse una copa al terminar la reunión y seguir discutiendo decisiones) que perjudican como daño colateral a las mujeres por una incorporación más tardía o por su menor asistencia a estas actividades. Por último, los largos horarios de la vida política o el tiempo de reuniones de los partidos no tienen en cuenta el solapamiento con horas en que, en general, las mujeres están más ocupadas en el cuidado de los menores y/o personas dependientes. Es más sencillo que se cambie la hora de una reunión por un Real Madrid- F.C. Barcelona, la Champion, la Copa del Rey o la liga interbarrios,  que por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral.

Nuestro partido, el PSOE, siendo una de sus señas de identidad el feminismo, tiene ahora la oportunidad de elegir a una mujer, a una compañera como secretaria general de todos los socialistas. En 2012, nuestra Carme Chacón fue una valiente, enfrentándose a Alfredo Pérez Rubalcaba. Perdió, pero abrió una puerta que jamás se volverá a cerrar.

En 138 años de historia, hemos tenidos varios secretarios generales, todos con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus errores. Hombres que bajo su mando se ha ido construyendo la historia de un partido fuerte y necesario. ¿Por qué no íbamos a darle la oportunidad de ser la primera secretaria general a Susana Díaz? Estamos preparados para romper ese techo de cristal que tanto se nos resiste y una vez más hacer historia y dar ejemplo. No seré yo, como militante y mujer de partido, la que impida que una compañera de sobra preparada y con el valor necesario, acceda a la Secretaría General del PSOE, dotándolo de la unidad que necesitamos, desde un liderazgo femenino, que incluya a todos y que sea especialmente sensible a temas que nos preocupan.

Los estudios nos hablan de que hay una evidencia creciente y establecida de que el liderazgo de las mujeres en los procesos políticos y de toma de decisiones mejora dichos procesos. Las mujeres demuestran un liderazgo político trabajando dentro de las filas de los partidos, en los grupos parlamentarios, incluso en los ambientes políticos más reacios, y defendiendo asuntos de igualdad de género, como la baja paternal y el cuidado infantil, las pensiones, las leyes de igualdad y reformas electorales y la eliminación de la violencia de género.

Pongamos en marcha un mecanismo de sororidad (solidaridad entre mujeres) entre nosotras. No seamos las mujeres las que pongamos más palos en la rueda a una compañera que, por primera vez en la historia, puede asumir el papel de líder. Y sobre todo, tengamos en cuenta de que será la primera de muchas. Como decía Michelle Bachelet: “Cuando una mujer entra en política, la mujer cambia. Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política”.

Marian Gabardino.

Militante de la Agrupación local del PSOE de Albacete

Miércoles, 19 Abril 2017 00:36

España ¿Estado de Derecho? (V)

Pues bien, como si le hubieran tocado la fibra más sensible y en una especie de acto de desagravio, el pasado día 10 del corriente mes y año, tuvo lugar en el Palacio Real de El Pardo, la tercera cumbre de países del Sur de Europa, en una reunión informal de siete países, Portugal, Malta, Francia, España, Chipre, Grecia e Italia, con sus respectivos Presidentes del Gobierno, Antonio Costa, Joseph Muscat, François Hollande, Mariano Rajoy, Nicos Anastasiades, Alexis Tsipras y Paolo Gentiloni, respectivamente, con la finalidad de mostrarse unidos en un momento de confusión y desánimo tras la salida de la Unión Europea de Reino Unido, o sea, tras el Brexit, que, aunque no quieran reconocerlo, tanto éstos como los ausentes de la citada reunión, ha supuesto un terremoto en los cimientos de la Unión Europea que, en símil constructivo, bien podríamos decir que adolece de “Aluminosis” y empieza a resquebrajarse el entramado sobre el que se asienta el sueño europeo de conseguir, aun a contracorriente y también a regañadientes, los ansiados Estados Unidos de Europa, con la sola finalidad de mojarle la oreja a los Estados Unidos de América, los United States of America, los cuales, una vez más y van ya unas cuatropecientas mil, han tenido que salir a la palestra lanzando 59 misiles contra las fuerzas del Al Assad, en el lugar del que previsiblemente salieron las armas químicas contra la población Siria, y a no tardar, la llamada madre de todas las bombas sobre un enclave talibán en Afganistán, mientas los señores Europeos, tan amantes de la paz y tan defensores de los derechos humanos, esconden la cabeza bajo el ala como las avestruces y dando por buenas, con la boca pequeña, estas acciones disuasorias ordenadas por el denostado Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y todo este movimiento sur-europeo, conocido ya como el “G-7” del Sur de Europa, con la consigna fundamental de defender juntos el camino hacia “más y mejor integración europea”, o sea, la cantinela de “más y mejor Europa”, tan repetida por quienes no tienen en su mochila otra cosa con que demostrar que lo de la UE va viento en popa y a toda vela. Pero, en fin, ya sabemos que para engañar al pueblo, antes han de engañarse a sí mismos quienes la dirigen, para demostrar que todos vamos en el mismo barco de vapor por lo que parece. En fin, daba gusto verles desfilando, prácticamente uniformados, con trajes de color gris, con la corbata a juego (salvo Alexis Tsipras, descorbatado, dando la nota), color gris marengo unos y otras, que ponen de relieve la tristeza y el desaliento que, hoy por hoy, embarga al engendro Europeo, que parece varado y con pocas esperanzas de ser reflotado. A ello, induce, que el Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Junker, no se canse de repetir que la negociación con Reino Unido ha de ser dura, para que no cunda el ejemplo, haciendo desistir a otros países de seguir el ejemplo británico, lo que pone a las claras el tipo de club en el que nos hemos integrado, poco menos que una secta, de la que, una vez, dentro, no puede salirse sino con los pies por delante, lo que dice muy poco de la libertad de sus miembros y de los derechos individuales de cada uno de ellos, pareciendo la integración poco menos que una condena de por vida, a quedar integrados y dirigidos por los dicterios dimanantes de la Canciller alemana Angela Merkel, de la que sobradamente, nuestro Presidente del Gobierno Don Mariano Rajoy Brey, se ha significado como el mejor y más aventajado alumno, que inclina la cerviz a cualquier ocurrencia que mana de la testa de Frau Angela Merkel.

Pues bien, retomando la base de nuestra misión en estos artículos, recordemos que el Tribunal Constitucional, en sentencia publicada el pasado mes de Febrero, declaró “inconstitucionales y nulos” los artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo que vulgarmente se viene reconociendo como la “plus-valía municipal”, siempre y cuando no se produzca ese incremento, sino más bien, se haya obtenido una pérdida patrimonial. Y uno de los recurrentes a fin de recuperar lo indebidamente pagado es la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) hasta 16 millones de euros de plus-valía municipal indebidamente satisfechos. Y es que, en este trasiego de “recaudar más” y, en muchos casos, “como sea”, no ha dejado fuera a esta super-entidad, que en 2.012 absorbió activos inmobiliarios de Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, BMN y otras cajas de ahorros rescatadas.

Y aún sin haber salido de la crisis, porque la recuperación que nos vende el Gobierno de España, es una falacia, un cuento chino o del almendruco, el propio Gobierno aprobó el pasado Diciembre los coeficientes de actualización de los valores catastrales, un “catastrazao”  que se traducirá en un aumento de los valores catastrales en 1.895 ayuntamientos, lo que provocará una subida inequívoca, no sólo en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), sino también en el cálculo de las Plus-Valías, cuya fórmula ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. O sea, lo que, en argot vulgar, viene a denominarse “si no quieres caldo, toma dos tazas”.

En cualquier caso hay que partir de un hecho evidente y estridente en nuestro Ordenamiento Jurídico, pues si bien es cierto que la Constitución Española, la Ley de las Leyes, la Carta Magna, en su artículo 14 proclama que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” y en su artículo 31.1 establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, lo cierto es que la realidad, ambos preceptos, sin excepción, se incumplen desde el primer minuto en nuestro llamado Estado Constitucional, porque no es cierto que los españoles, todos, sin excepción, sean iguales ante la ley, y mucho menos existe un sistema tributario justo que grave con igualdad y progresividad al conjunto de los españoles. Y por poner un solo ejemplo, muy de actualidad y debatido por las diferentes Comunidades Autónomas, existen diferentes sistemas de tributación en Transmisiones Patrimoniales Inter Vivos y en materia de Sucesiones, ya que cada Comunidad Autónoma tiene sus propias normas fiscales al respecto, haciendo que la tributación del sujeto pasivo, o sea, del ciudadano, sea desigual dependiendo de la vecindad autonómica que cada cual tenga, con diferencias, en muchas ocasiones, sangrantes, por lo que existen tantos sistemas tributarios en esta patria como Comunidades Autonómicas existen, constituyendo ello una importante discriminación entre ciudadanos incompatible con los preceptos constitucionales anteriormente transcritos.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

    19 de abril de 2017

Lunes, 17 Abril 2017 16:58

Para ganar en el PSOE, no todo vale

Carta abierta a Jesús Fernández Vaquero, Secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha

Estimado Sr. Fernández Vaquero. Utilizo este medio para comunicarme con usted porque tras haberle escrito en varias ocasiones para interesarme por la situación de las afiliaciones bloqueadas por indicación suya a la Comisión Gestora, el silencio ha sido su respuesta hasta ahora.

Sin embargo, tras leer sus declaraciones realizadas la semana pasada a la agencia Europa Press y publicadas en varios medios de comunicación de la región, no he tenido más remedio que utilizar esta vía de comunicación. Algunos militantes del PSOE me comentan que no está bien visto que se realicen declaraciones públicas sobre aspectos de nuestro partido. Pero, tras sus declaraciones: ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Agachar la cabeza, someterme y callar mientras otros sí tienen derecho a realizar declaraciones públicas? Lo siento, pero atendiendo a mis principios socialistas y a mi condición de hombre de izquierdas la sumisión no entra en mis valores. Por eso utilizo este medio para comunicarme con usted. Como militante socialista que soy.

Como bien sabe usted y muchos militantes del PSOE también, las afiliaciones bloqueadas en la provincia de Albacete han sido presentadas en las distintas agrupaciones locales con todos los trámites establecidas en nuestros estatutos y en el Reglamento de Afiliados del que nos hemos dotado. Han sido presentadas por personas identificadas, con su fotocopia del DNI, su firma, sus datos personales, su cuenta corriente para el cobro de la cuota de afiliación y dentro del plazo establecido por la propio Gestora.

La causa esgrimida en todo momento por el Departamento Federal de Afiliación y Censo y la Gestora siempre ha sido que la causa del bloqueo de las afiliaciones era por el elevado número de solicitudes, NUNCA por considerar que había “afiliaciones ilegales”, como después ha dicho usted en los medios de comunicación.

Con fecha de 2 de marzo de 2017, un grupo de militantes de la Agrupación Local de Albacete, presentamos un escrito dirigido a los Secretarios Generales Local, Provincial, Regional y Presidente Federal pidiendo amparo, ante lo que calificamos como “una vulneración de un Derecho Fundamental, como es el derecho a la participación política”. Además, dichas solicitudes de afiliación fueron aceptadas y avaladas por la propia Comisión Ejecutiva Local celebrada el día 27 de diciembre de 2016 (tengamos en cuenta que el censo se cierra el día 1 de abril de 2017).

La propia Gestora reconoce que las solicitudes bloqueadas fueron presentadas durante los meses de enero y febrero de este año y, además, han llegado por el conducto de presentación en sus agrupaciones locales, ¿por qué siguen sin darse de alta a día de hoy?, ¿qué deficiencias se les imputa a estos solicitantes?, ¿por qué son castigados a no poder militar en el partido que consideran el suyo y por el que han puesto su cara como concejales, alcaldes, interventores, apoderados, etc…..?, ¿dónde está escrito que el solicitante número 700 se pueda afiliar y el 701 no?, ¿Dónde está escrito que unas agrupaciones no puedan exceder del 20% del crecimiento de su censo y a otras se les permita rebasar el 200%?

Usted, como máximo representante de las Cortes de Castilla-La Mancha, la asamblea legislativa de nuestra comunidad autónoma habla en sus declaraciones de situaciones “ilegales”, “fraude electoral” y otros calificativos que no son propias de un representante institucional para referirse al censo electoral que ha de decidir sobre el futuro de nuestro partido. Solo le pedimos imparcialidad en el ejercicio de su responsabilidad y cumplimiento de nuestras normas internas.

No hay ninguna causa legal para tener paralizada ninguna afiliación, la impresión que da es que hay una voluntad de no aceptar algunas afiliaciones porque no les cuadran las cuentas. Para elegir directamente por parte de la militancia a la persona que ha de ocupar la Secretaría General del PSOE NO TODO VALE.

Respetemos las reglas del juego establecidas y no desvirtuemos la realidad.

Francisco Tierraseca Galdón

(Militante de la Agrupación Local del PSOE de Albacete)

Miércoles, 29 Marzo 2017 03:08

España ¿Estado de Derecho? (II)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Constitución Española, “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Y en la jura o toma de posesión de los cargos públicos, Presidente del Gobierno y Ministros incluidos, asumen, por juramento o promesa, “cumplir y hacer cumplir la Ley”. Pero, por lo que se ve, piensan estos señores que esto de cumplir las leyes es solo para el resto de los mortales, para los ciudadanos de a pie, pero no para ellos que, por el solo hecho de acceder a un cargo público, se consideran por encima del bien y del mal y, por ende, por encima de las leyes.

Ahora bien, cuando a esos señores les interesa, sí hacen uso de los preceptos constitucionales como arma arrojadiza contra el contrario, tal como viene ocurriendo con las reiteradas admoniciones de nuestro Presidente del Gobierno Don Mariano Rajoy Brey, y nuestra Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que utilizan como una muletilla el mantra de que todos los políticos deben respetar las leyes cuando se refieren al proceso independentista de Cataluña y que hay que acatar las sentencias de los Jueces y Tribunales, para denostar aún más, a los cabezas de turco que se han elegido para darle en la cresta a dicho proceso con el ex-Presidente de la Generalitat, Artur Mas, al frente, o al Senador por PDCat, Francesc Homs, en una actitud hipócrita y farisea, recalcando la paja en el ojo ajeno, e ignorando los vigones que se amontonan en ojo u ojos propios. Y en este mismo sentido, las más que repetidas amonestaciones, de nuestro Presidente del Gobierno, Sr. Rajoy, del Ministro de Justicia, Rafael Catalá y otros miembros del Gobierno y demás gerifaltes del Partido Popular, que, tratándose de otros, enfatizan con el soniquete y estribillo del respeto a las leyes, de que todos somos iguales ante la Ley y de que la Justicia es igual para todos, recordando en este último inciso el mensaje de su Majestad del Rey, Don Juan-Carlos I, en su última Navidad al frente de la Jefatura del Estado y al que habría que espetarle qué coño pasaba en su despacho, conforme a las escuchas y grabaciones que se van haciendo públicas, cuando en el mismo debería haber estado tratando asuntos de Estado y más serios que los líos de faldas.

Pero ya sabemos que, en este país de nuestras desgracias (para el ciudadano de a pie), nada es lo que parece cuando están por medio nuestros políticos de turno y cualquier cosa puede acaecer, por más disparatada que nos parezca, pero que nos la dorarán bajo el manto de la más estricta normalidad. Y mientras unos mueren de hambre, otros se forran el riñón y han de ser atendidos en urgencias de empacho y de indigestiones.

Pues bien, llegados a este punto, hay que poner de manifiesto que las Leyes y demás normas de nuestro Ordenamiento Jurídico han de cumplir con la Norma de Normas que es nuestra Constitución Española y, por tanto, la aprobación y promulgación de las mismas, así como su aplicación e interpretación, han de verificarse de manera acorde con los mandatos constitucionales  de la dicha Carta Magna. Y, si bien es cierto que las Leyes se aprueban en el Parlamento Español, conforme a las mayorías requeridas legalmente, tras su debate, deliberación y, en su caso, discusión, buscando el consenso, siendo dicho Órgano (el Parlamento) quien encarna el Poder Legislativo, conforme a la voluntad popular manifestada en las elecciones, no tiene carta blanca dicho Parlamento para hacer  de su capa un sayo, y conculcar los mandatos constitucionales aprobando leyes y normas a la buena de Dios y salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera, pues a todos nos repugnarían las leyes injustas, contrarias a los principios constitucionales que encarna nuestra Ley de Leyes, tal como sería el caso de que, hipotéticamente, incluso por unanimidad de las dos Cámaras Legislativas (Congreso de los Diputados y Senado), se aprobara una Ley que obligara a practicar la eutanasia forzosa anticipada a todos los mayores de 65 años, para evitar de esta manera, que nuestro sistema de la Seguridad Social quiebre, como parece a lo que está abocado. Este es un ejemplo límite e impensable, pero no muy lejos del mismo tenemos ejemplos casi a diario, tal como ocurrió con la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el rodillo parlamentario pepero, aun en contra de numerosas voces, dentro y fuera de España, que la tachaban de dictatorial y que, por ello, ahora que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, anda debatiéndose en el Congreso su modificación para adaptarla y ajustarla a los principios democráticos que inspiran nuestro Ordenamiento Jurídico. Y es que no hay juguete más peligroso, o arma más peligrosa, que un Partido alcance la mayoría absoluta en las Cámaras Legislativas, pues sabido es que la cabra tira al monte, y esos tics dictatoriales, durante la anterior completa legislatura, hicieron del Partido Popular un rehén de los mismos, y ahora se nota esa falta de cintura, esa falta de diálogo y disposición, para afrontar el día a día de nuestro país, en minoría, y teniendo que sentarse al lado de partidos a los que anteriormente denostaron y, pese a todo, aún siguen denostando.

Pues bien, cabe preguntarse qué clase de legisladores (y por extensión, qué clase de políticos) tenemos en España, que han de ser enmendados o por los Tribunales españoles o por los Tribunales de Justicia Europea, sacándonos los colores, todos, los del arco iris, pero aquí parecen nuestros dichos políticos encantados de haberse conocido, creyendo que el mundo gira sobre sus ombligos, o que sus ombligos son el centro del mundo. Y esto sirve para todo el arco parlamentario, estuviera al frente el PP, ya lo estuviese el PSOE.

Y así nos luce el pelo y nos exponemos de continuo a quedar con el culo al aire cuando un verdadero Estado de Derecho se afrenta al que aquí, en España, con ligereza e irreflexión, decimos gozar.

Y como aquí, en esta tierra española tan salerosa y garbosa se cierran los ojos y se arrojan nuestro políticos sin salvavidas al océano a nadar contracorriente y que parece que, como hemos dicho, lo que ellos predican de transparencia y de cumplimiento de la ley lo reservan única y exclusivamente para el ciudadano de a pie, pero nunca jamás para ellos y como tienen esa cara más dura que el pedernal, este fin de semana nuestro Presidente del Gobierno, sin sonrojarse y más ancho que largo, se ha dedicado desde Roma a propalar que Europa nunca apoyará a quien se salta la ley, ya que toda Europa defiende el respeto a la ley, apuntándose y arrogándose la mención al Estado de Derecho en el texto final de esa híbrida y artificiosa declaración de unidad que teatralizaron los 27 líderes europeos (excluido ya el Reino Unido), dándose un baño de masas y autoengañándose para seguir adelante, lo que es tanto como mentar la soga en casa del ahorcado, olvidando la negra sombra que sobre las cloacas de su partido alientan todo tipo de financiación ilegal, sobres en B incluidos, amén de la vuelta de tuerca que bajo su mandato el ex Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, dio a la separación de poderes en nuestro país, base fundamental y sine qua non, puede catalogarse a un país como Estado de Derecho, convirtiendo al Poder Judicial en títere y rehén de los otros dos Poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, pero esto para nuestro Presidente del Gobierno parece ser pecata minuta. Por cierto, cómo estarán los ánimos de los socios de la UE tras la espantada del Reino Unido, que han tenido que echar mano de Su Santidad Francisco I, involucrándolo en su engendro, aunque, por cierto, el Papa, con visión divina, les alertó del riesgo de muerte de la UE.

Basta recordar, a título meramente enunciativo, el varapalo que a nuestra legislación hipotecaria le han venido y le vienen dando los Tribunales Europeos (concretamente, el de Estrasburgo) al considerar la misma contraria a casi todos los principios que deben inspirar una legislación en un Estado que se precie de Derecho. Cláusulas suelo, desahucios poco menos que criminales; o por nuestros Tribunales interiores, incluido el Constitucional: gastos de formalización de las hipotecas, Preferentes, Tarjetas Black o Blancas, que tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Y cierra la puerta, que entra frío y me resfrío: ahí tenemos la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Madrid que obliga al Estado a compensar a Abertis por la caída del tráfico en la AP-7, con la friolera, nada más y nada menos, de 1.494 millones de euros, gracias a la negligencia de la que fuera Ministra de Fomento (una de las más ineptas, indocumentada y analfabeta que haya puesto su antifonario en la poltrona de un Ministerio del Gobierno de España), al firmar el contrato procedente con la citada Entidad, aun pese a la advertencia del Consejo de Estado de que el mismo era lesivo para el interés público, o sea, para el Erario Público, o sea, para los bolsillos de los ciudadanos, que somos, a la postre, quienes acarreamos con las consecuencias de las irresponsabilidades, despilfarros y malversaciones de nuestros mandatarios.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

  29 de marzo de 2017

 

Miércoles, 22 Marzo 2017 05:37

España: ¿Estado de derecho? (I)

Hartos estamos de oír y escuchar a nuestros representantes políticos, amén de a toda una tropa de plumillas, analistas, tertulianos y opinadores, con reiteración, como un mantra, que en España nos hallamos ante un Estado de Derecho, o un Estado constitucional, o un Estado Democrático, incluso, a veces, casi todas, añadiendo el término “consolidado” o “maduro”.

Este es, repito el mantra, de toda esa patulea que vive del erario público o de estómagos agradecidos hasta la extenuación, capaces de catalogar lo blanco como negro y viceversa, si el gerifalte de turno así les conmina, o aún, ya por conocido, sin que nadie inste a ello, porque es uno de los mandamientos, para ellos el primero, a fin de seguir manteniendo en la inopia al pueblo ciudadano, mediante un engaño que, a poco que se rasque sobre la superficie, deja a esos bocazas con el culo al aire.

A la consecución de ese Estado de Derecho tiende la Constitución española cuando en su Preámbulo, proclama su voluntad de: “ Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”.

Y es que, si nos atenemos a lo que desde Montesquieu se ha considerado como un baluarte para poder definir a un Estado, como Estado de Derecho, pronto nos damos de bruces con la realidad, y ese primer paso, ese primer principio sobre el que descansa todo el entramado del Ordenamiento Jurídico que debe regir un País, libre y democrático, vemos que hace aguas por los cuatro puntos cardinales, y, por tanto, arrastra a la hecatombe a todo ese entramado legislativo que debe regular la vida y los bienes de los ciudadanos.

Me estoy refiriendo, por si alguien o algunos lo hubieren olvidado, o taimadamente se lo pasan por el arco del triunfo, al Principio de Separación de Poderes, o sea, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, separación, constitutiva de ese principio esencial, sine qua non, no se puede catalogar a un Estado de Estado de Derecho, por más que toda la oficialidad política, amén de toda esa cohorte de adláteres, acólitos, corifeos, paniaguados y mamandurrieros, como un coro celestial, aclamen la bondad del Estado a que nos venimos refiriendo, en ese afán de creer que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad, lo cual no es así, por muy mucho que toda ese conglomerado de estómagos agradecidos, cual legión de apóstoles, vayan difundiendo esa doctrina por todo el territorio nacional e, incluso, allende nuestras fronteras, dejando a las claras rastro de un Estado más catalogable dentro de los que se denominan repúblicas bananeras.

Y en verdad, que ese principio que debiera relucir más que el sol, en todos los páramos delimitados por las fronteras de España, declina en su acatamiento desde el primer momento dejando convertida nuestra endeble democracia en aguas de borrajas. Y es que, esa pretendida y, en su caso, deseada separación desde el primer minuto queda incumplida y, por tanto, falta ese basamento primigenio fundamental para considerar a un Estado como Estado de Derecho, con arreglo a los principios esgrimidos por Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu. En principio, la inmisión del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo es ya casi por definición, al conformarse el Gobierno por las mayorías parlamentarias, sobre todo cuando se obtiene una mayoría absoluta por un solo Partido Político que hace rehén al Poder Legislativo del Poder Ejecutivo, sobremanera mientras siga vigente el principio que impera en los partidos Políticos de la “disciplina de voto”, según la cual el parlamentario ha de votar lo que le manden desde arriba, esté o no de acuerdo con lo que se somete a su criterio y voto, habiéndose puesto de manifiesto esta contradicción, totalmente antidemocrática, principalmente en los supuestos que han abordado alguna cuestión moral, llamada de conciencia, tal como el aborto, o la más reciente, de la imposición de la Gestora del PSOE (tras defenestrar a su legítimo Secretario General, Pedro Sánchez, en un golpe de mano ilegitimo y torticero) a sus diputados a acatar  sin rechistar la abstención en la votación para encumbrar de nuevo al Sr. Don Mariano Rajoy Brey a la Poltrona de la Presidencia del Gobierno de España, con consecuencias nefastas para los díscolos, que por uno u otro motivo, se han desmarcado de esa displicente “disciplina de partido”, algunos de los cuales, salvo excepción, han sido sancionados, defenestrados y relegados a la indigencia política. Y eso, que los Partidos Políticos se llaman a sí mismos democráticos, y cuyo funcionamiento democrático lo impone el último inciso del artículo 6 de la Constitución Española, (“Los partidos políticos...Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”), y a mayor abundamiento el artículo 67.2 de la Propia Carta Magna, sanciona que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.”, con arreglo al cual los preceptos de los Estatutos internos de los Partidos Políticos que impongan ese mandato imperativo son desde todo punto de vista inconstitucionales, y, por tanto, nulos de pleno derecho. Pero esto, para los mandamases de esos Partidos Políticos es como quien oye llover, cuando, en realidad, debería caérseles la cara de vergüenza por contravenir tan clara y torticeramente, los mandatos, esos sí, imperativos, que manan de nuestra Ley de Leyes.

Y si nos fijamos y analizamos el Poder Judicial, tenemos otro tanto de lo mismo, o sea, que la inmisión del Poder Ejecutivo en su funcionamiento y estructura es de tal calado que, una vez más, se incumple otro mandato constitucional, a saber el artículo 117 de la Constitución que en su punto 1. establece que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. Y aquí sí que se da un incumplimiento de un calibre especialmente peligroso, tanto más en cuanto que, al ciudadano de a pie, cuando se pisan, desconocen y machacan sus derechos y libertades, no les queda otra salida que acudir a la Justicia, como vulgarmente se expresa, para restablecer el orden constitucional conculcado, pero largo se lo fiamos, que diría Don Juan Tenorio, si esos Jueces y Tribunales se hallan mediatizados por la “longa manu” del Poder Ejecutivo, el cual se inmiscuye, desde la promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985, bajo el mandato del entonces Presidente del Gobierno, Don Felipe González, que dió pie a que el Ejecutivo, en connivencia con el Legislativo, interfiriese descaradamente en los nombramientos de los miembros de los Altos Órganos de dirección, administración,  control, vigilancia y decisión de la Administración de Justicia a través del Consejo General del Poder Judicial y, mediante éste, en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, amén del nombramiento directo del Fiscal General del Estado, que por la organización jerárquica de la Fiscalía, ordena y manda a todos los Fiscales de España sin excepción, con lo cual ocurren casos de verdadera vergüenza despótica como los ocurridos en el enjuiciamiento de la Infanta Cristina, en el caso Noos, siendo el Fiscal Horrach, el verdadero Abogado Defensor de la misma, o el cambio de Fiscal General del Estado, Sr. Don José-Manuel Maza, en lugar de Doña Consuelo Madrigal, por haberse negado ésta a sustituir a la inmensa mayoría de los Fiscales Anticorrupción, especialmente en Murcia, para ahorrar contratiempos al Gobierno y al Partido que lo sustenta en el Poder, el Partido Popular. Recordemos a este respecto, que el propio Partido Popular, en la oposición y en su programa electoral para el año 2.011, propugnaba devolver el nombramiento de los miembros de esos Altos Cargos Judiciales a la propia Judicatura. Pero ya sabemos, que una vez instalado en el Poder, el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no hizo sino apuntillar y atornillar más, si cabe, la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, haciendo, como en casi todo, lo contrario a lo prometido, en base a lo cual los Populares obtuvieron una mayoría absoluta histórica, a fuerza de defraudar la confianza depositada en ellos por la ciudadanía.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

  22 de marzo de 2017

 

 

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