Miércoles, 22 Noviembre 2017 04:00

Un ministro indigno

Según el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, el adjetivo indigno significa “no digno, y aplicado a personas y a lo que hacen o dicen “merecedor de desprecio”. Es, por tanto, lo contrario a digno, adjetivo que “aplicado a las personas y, correspondientemente, a sus actos, palabras, etc., se aplica al que obra, habla, se comporta, etc., de manera que merece el respeto y la estimación de los demás y de sí mismo, que no comete actos que degradan o avergüenzan, que no se humilla y que no tolera que lo humillen”.

Parece, con arreglo a lo dicho, que la “vergüenza” es la clave para considerar a una persona digna o indigna, pues el desvergonzado es definido como “falto de decoro o dignidad o pudor”, pudiendo desembocar en el término “sinvergüenza”, que, según el mismo diccionario arriba señalado, identifica y “se aplica a las personas que estafan, engañan o cometen acto ilegales o reprochables en provecho propio, o cualquier clase de inmoralidades”.

Y aunque mencionemos en singular, bien es cierto, que existen más de uno, y haberlos, háylos, como las meigas en Galicia, y en abundancia, pues aquí la falta de lluvia o el chapapote no ha laminado ni minado la cosecha, como le sucede a los mariscadores de las Rías Gallegas, sino, antes al contrario, la ha hecho más abundante y profusa.

Pero, por ahora, nos referimos a un Ministro que ya debió dejar el cargo hace tiempo, “in illo tempore”, y aún me parecería tarde, de haberlo hecho, pero que se agarra como una lapa a la poltrona ministerial, caigan rayos y truenos sobre su cabeza, e, incluso, aunque caigan chuzos de punta. ¿Qué tendrá dicha poltrona que, una vez alcanzada no la deja uno escapar y bien pareciera que se pega con pegamento y medio, y entero, al culo o antifonario del que la ocupa? Pues por mucho que sobre sus cabezas recaigan los actos más despreciables e indignos, conllevando el repudio, el rechazo y el desprecio de la generalidad de los ciudadanos, no la sueltan y hacen de ella como una compañera, como antaño en el matrimonio, de unidos hasta que la muerte nos separe. Pero, claro, si el que la ocupa es un desvergonzado, o sea, alguien que no tiene vergüenza y tiene la cara más dura que el feldespato, pues, “allá me las den todas en el mismo sitio, que yo no me desembarazo de la silla, aunque me ahorquen”.

Pues bien, en la anterior legislatura y en la media actual, tenemos en el Gobierno de España, ese cuyo Presidente es un tal Mariano Rajoy Brey, y a la sazón, aún Registrador de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), a un personaje que ocupa una de esas poltronas, quien, quizás, de haber tenido un mínimo de dignidad, de vergüenza torera, que se dice en romance paladino, un tal Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, cuya única misión, al parecer, es hacer sufrir al ciudadano, utilizando la Agencia Tributaria con fines políticos, lo que no ha tenido lugar en los 40 últimos años.

Existe, sobre este individuo, una mácula (sin olvidar a Equipo Económico, utilizando información privilegiada y otras trapisonderías), que solamente por ella, hace tiempo que debió retirarse de la vida pública y hacer mutis por el foro, cual es la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de Junio de 2.017, conforme a la cual declaró el Alto Tribunal “inconstitucional”, o sea, contraria a la Constitución Española, contraria a la Carta Magna, contraria a la Ley de Leyes, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-Ley 12/2.012, de 30 de Marzo, por haber utilizado un Real Decreto-Ley como vehículo formal en un caso en el que se afectaba de forma relevante al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, por todos los ciudadanos españoles, sin excepción, contraviniendo de forma expresa, clara, flagrante y temerariamente, los artículos 31.1 y 86.1 de la Constitución. Y aunque el énfasis del Tribunal Constitucional, lo ponga en el medio a través del cual se aprobó la citada amnistía fiscal, cierto es que, afectante a los antedichos artículos del texto constitucional, el fondo de la misma queda también expuesto a los pies de los caballos, sin obviar la responsabilidad del Gobierno en Pleno, bajo la dirección de su Presidente Don Mariano Rajoy Brey, que, además, con este acto ha puesto también en un brete al propio Rey de España, Don Felipe VI, por el hecho de que éste, aunque sea irresponsable, de conformidad con la propia Constitución Española, a saber, artículos 56.3 (“La persona del Rey es inviolable, y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrenados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, ...”) y artículo 64 (1.- Los actos del Rey serán refrenados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes... 2.- De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.), no es un plato de buen gusto que, igualmente, haya quedado a los pies de los caballos, siendo, en definitiva, cómplice de un acto totalmente “ilegal, por anticonstitucional”, pues no puede guarecerse tras la barrera de esa “irresponsabilidad”, también consagrada constitucionalmente, mas ello, creo no debiera ser óbice para que estudiara a fondo los papeles que se le ponen delante para su firma y rúbrica, debiendo asesorarse bien y fielmente de toda esa pléyade de asesores, tanto de la Casa Real, como del Gobierno, y no parece de recibo que se tire a la piscina, “y si sale con barbas, San Antón; y si no, la Purísima Concepción”, y se escude en su “irresponsabilidad” para firmar lo que le pongan por delante sin pararse en mientes.

Y, con toda la razón del mundo, el Diario “El País”, en su editorial del día 9 de Junio de este mismo año, viene a ser un segundo varapalo (el primero lo fue la sentencia del Tribunal Constitucional) al Gobierno de España, al expresar, literalmente: “La decisión unánime del Tribunal Constitucional de anular el real decreto de amnistía fiscal aprobado por el Gobierno en 2.012 viene a subrayar la pobreza de las técnicas jurídicas aplicadas por el Ministerio de Hacienda y la irresponsabilidad general del Ejecutivo que propuso una reforma tan importante para el conjunto de los ciudadanos mediante un simple decreto... Esta sentencia debería ser un antes y un después para el Ministro de Hacienda. Pone en evidencia prácticas legislativas impropias de un departamento con tanto peso, teñidas de autoritarismo, y cuestiona el desempeño de Cristóbal Montoro. No es aceptable que el encargado de recaudar los impuestos y proponer las normas fiscales que deben gobernar la equidad de los españoles sea el responsable del atropello jurídico de la amnistía fiscal de 2.012 que ahora subraya el Constitucional...el Ministro debería presentar la dimisión o el presidente del Gobierno tendría que proponer su destitución...”.

Pues bien, antes al contrario, “el concernido”, que así se autotituló el propio Ministro, pero no “desautorizado”, según él mismo, se tomó a cachondeo la mencionada sentencia y se la pasó por el forro de la entrepierna, haciendo un corte de mangas a la Constitución Española (que tanto preocupa a Rajoy y al PP), al Tribunal Constitucional y a los ciudadanos españoles en general, riéndose con esa sonrisa más propia del Góllum del Señor de los Anillos, ese personaje que parece inspirado por J.R.R  Tolkien en el  propio Ministro.

Y, ahora, situándose como hombre de Estado, y tratando de dar una vuelta de tuerca más a la fiscalidad en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España (recordemos que estadísticamente está demostrado que los españoles trabajamos más de seis meses al año sólo para pagar impuestos), ha salido a la palestra, con la chulería que le caracteriza, avisando que el comercio electrónico, on-line de segunda mano, está sujeto a gravamen o tributación. Es decir, se trata de ahogar al ciudadano, en poco menos que una condena a muerte fiscal, pues ya me dirán Vds. qué tributación, moral y éticamente, podría serle exigida a quien, quizás por necesidad extrema, se desprende de algún objeto heredado de sus padres o abuelos, con un valor sentimental grande, pero insignificante de diez, quince o aunque fueren doscientos euros, o el ciudadano que trata de quitarse de encima algún cachivache o trasto que le molesta, tal como podría ser una cuna o el cochecito del bebé, porque éste ya tiene más barba que su progenitor, o una bicicleta más vieja que la tana, sin ruedas y oxidada, dice, con esa caradura que le caracteriza y la sorna que le estigmatiza y le hace desdeñable y odioso, que esas transacciones deben estar sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y si existe una plusvalía, es decir, una diferencia mayor de valor entre el precio de adquisición y el de la venta, también sujetas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como ganancia patrimonial.

No es de extrañar que la economía sumergida siga viento en popa, pues a la presión fiscal hasta la extenuación, en algunos casos de subsistencia bien pudiera alegarse legítima defensa y sobremanera como planteó el Presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales, tales como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos, siendo este último una causa de desincentivación para cumplir con la normativa fiscal, al ver que el esfuerzo desmesurado del contribuyente (sudor, sangre y lágrimas) sólo sirve, o en gran parte sólo sirve, para llenar la Caja Pública de Caudales con la que dichos políticos hacen de su capa un sayo, detrayendo cantidades súper millonarias, para engrosar su cuenta corriente particular o financiar ilegalmente a sus partidos, cuando no malversando dichos caudales públicos en beneficio de adláteres, acólitos, corifeos, paniaguados y mamandurrieros.

Y todo ello, teniendo en cuenta que el Sr. Montoro ostenta el título de “reprobado”, o sea, censurado, desaprobado, reprochado, condenado, vituperado y descalificado, por el Congreso de los Diputados, es decir, por la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles, lo que le coloca en una situación de “fuera de la ley”, por mucho que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, le respalde y le mantenga en la poltrona, lo que debería hacerse mirar el propio Presidente. Pero, ya sabemos la política del PP, en estos casos, no ver, no oír, no hablar, y si se trata de la corrupción del partido y sus miembros, ya sabemos que son dos manzanas podridas en el cesto, que diría Esperanza Aguirre, o esos señores, sin mencionar su nombre que ya están fuera del Partido, en definitiva, unos perillanes que pasaban por ahí, pero al ovillo ya le han encontrado el hilo del que tirar, tal cual el procesamiento del PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

  22 de noviembre de 2017

Jueves, 16 Noviembre 2017 13:30

Frustraciones y partidos políticos

"A los que van a cargar sus frustraciones personales en los partidos políticos”

Señores y señoras,  señoritos y señoritas al fundador del PSOE y todo su grupo de personas, le movió la convicción de las injusticias y de un mundo mejor, haciendo del PSOE la herramienta perfecta para llegar a las personas más desfavorecidas y ayudarlas.

España ha evolucionado y con ella debe hacerlo este PSOE si queremos que siga siendo la herramienta.

En los últimos tiempos estamos viviendo gran revuelo dentro del partido (el cual repito e insisto en la importancia de esa herramienta para concluir con los objetivos), llega tiempo de renovación de cargos orgánicos, y parece que la palabra renovación da miedo a muchos. A mí también me da miedo salir de mi zona de confort para conseguir mis objetivos, pero no por miedo voy a dejar de hacerlo.

Y para centrarme más concretamente me voy a centrar en la Provincia de Albacete. ¿Qué le pasa a la Provincia de Albacete? ¿Porque ese cruce de navajas entre personas del mismo partido,  queriendo el mismo objetivo del que hablaba al principio? ¿Porque utilizar a los jóvenes para crear la misma crispación dentro de la familia de Juventudes? Mientras todo esto pasa, la gente de mi pueblo (hablo de mi pueblo como de cualquier otro de la Provincia) quiere ver las soluciones a sus problemas, algunos de estos problemas ocasionados por las políticas del Partido Popular, quiere tener a un partido cercano y que tenga la confianza de que va a ser escuchado y ayudado.

Un partido es la herramienta, para hacer la vida mejor a nuestros ciudadanos e ir en concordancia a la evolución social que nos presentan,  no para acuchillarnos los unos a los otros. Espero que estas palabras ayuden, al menos, a pensar que más de uno no está haciendo la tarea encomendada por nuestro fundador."

Espe Martínez Oñate

Juventudes Socialistas de Albacete / Militante del PSOE en Tobarra

Miércoles, 15 Noviembre 2017 00:28

La crucifixion

Si nos adentramos en el refranero español, tan certero, como, a veces, o casi siempre, tan puñetero, nos encontraremos con tamaña cantidad de frases hechas, y derechas, que, tal vez, podríamos escribir y completar totalmente un artículo haciendo uso de ellas.

Miércoles, 08 Noviembre 2017 08:38

La venganza de Don Mendo (la represión)

Llegó el momento, la hora H, la oportunidad, para la venganza, para atrapar en la red, para apresar en la tela de araña, para poner entre la espada y la pared, al movimiento independentista y con él a sus cabecillas, o sea, el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y su Govern, así como a los miembros de la Mesa del Parlament Catalá, con el objeto de hacerles morder el polvo, de hacerles caer de sus pedestales y, sobre todo, de hacerles pagar su desaire y menosprecio por la celebración del Referéndum y todo lo acontecido el día Uno de Octubre (1-O, para las hemerotecas), poniendo en ridículo a todo un Gobierno de España, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad bajo su control, incapaz de frenar el ardor referendístico de casi dos millones y medio de catalanes, que querían manifestar de la manera más democrática posible, cual es expresar su voluntad en las urnas, y cuya realización cayó como un jarro de agua fría sobre la cabeza del Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey y su Gobierno de España, que no se cansaron de repetir y archirepetir hasta la extenuación y la saciedad que aquélla consulta no tendría lugar. Y esa, es una de las heridas que no cicatrizan fácilmente y que dan lugar a un rencor sin paliativos, generador de la ira que restringe el entendimiento y conduce a su corolaria consecuencia y deriva de la búsqueda de la venganza, a ser posible de la mayor lacerante e hiriente manera posible.

Y así, tras dar vía libre al artículo 155 de la Constitución Española, tras una invitación imposible de aceptar para que el President de los catalanes compareciera a pecho descubierto en el Senado, con una mano delante y otra detrás, como un síntoma de condescendencia por parte de Mariano de aceptar un debate, un diálogo, con Carles, y la negativa de éste, como no podía ser de otra manera, a fin de tratar de evitar la humillación y vejación que hubiera tenido que soportar en su persona y en la persona del mismo todo el catalanismo independentista, a la manera como le ocurriera, en su día, a Juan José Ibarretxe, en relación con el País Vasco, se precipitaron los acontecimientos a la velocidad de la luz, con la defenestración del President Catalá y todo su Govern, sustituidos por la Vicepresidenta del Gobierno de España, Doña Soraya Sáenz de Santamaría y el resto de Ministros del Gobierno de España, salvo el Ministerio de Defensa, por la sencilla razón de que en Cataluña no existe un ejército sobre el que tomar la dirección y mando, en una esperpéntica representación de cómo un Gobierno, legítimamente elegido por la voluntad popular expresada legal y libremente en las urnas, es defenestrado por otro Gobierno, igualmente elegido libre y democráticamente en las urnas, pero no con más valor que aquél, y aunque ello parezca permitir el controvertido artículo 155 de la Constitución Española, que, en verdad, en la voluntad de nuestros constituyentes padres de la patria, no se albergaba la aplicación práctica del mismo, pues de lo contrario, hubiera llevado consigo la connotación de una regulación más ajustada a derecho, cual hubiera sido la intervención de mediadores y del Poder Judicial, al que, ahora, por cierto, tanto se le llama, para justificar las acciones inmediatas habidas contra los llamados “golpistas” catalanes. Porque tan legítimo es y era un Gobierno como el otro. Pero, en fin, ya sabemos cómo funcionan las cosas en este país de nuestros desamores y desilusiones, en el que disfrutamos de una quimera de democracia.

Mas la guinda, que se esperaba, tras la toma de control de la Generalitat por el Gobierno de España, y que se esperaba ansiosamente y con una vehemencia casi enfermiza, era la reacción de la Justicia, basada en la espita abierta por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, que ya sabemos que es un títere o marioneta al que da cuerda el Gobierno de España, ya que dicho cargo depende del nombramiento de  éste por aquél, y la prueba de su politización, más clara que la del algodón, fue la defenestración de la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, al negarse ésta a aceptar la presión del Gobierno, a través de su Ministro de Justicia Rafael Catalá, para la renovación en la Fiscalía de ciertas plazas, incluidas las Jefaturas de Anticorrupción y Audiencia Nacional, apartando de ésta a Javier Zaragoza, lo que no deja lugar a duda alguna al respecto. Y este hombre ha echado toda la carne en el asador, retorciendo la interpretación de los artículos del Código Penal, para buscar la más adecuada a la finalidad de ejemplaridad que se pretende obtener con la imputación de los “rebeldes”, querellándose contra los mismos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, lo que se dice, en términos vulgares, hacer caer sobre los querellados todo el peso de la ley, y como no podía salir de otra boca, que la del visecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, para que sirva de “aviso a navegantes”.

Por cierto, que la Juez Carmen Lamela, sumisamente ha aceptado en toda su literalidad y términos el escrito del Fiscal General, y en cuanto a los querellados recayentes bajo su jurisdicción, los miembros del Govern Catalá, con su President Carles Puigdemont al frente, les citó  de manera express como un rayo, para declarar ante la misma, con tan sólo 48 horas desde la notificación de sus autos de imputación, lo que no deja de ser extraño y abre una brecha en la causa, por contravenir el derecho fundamental de los encausados a preparar, con cierto tiempo, con sus abogados, las declaraciones ante la misma, precipitación en la que no caído el Magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llerena, Juez Instructor en el que ha recaído el caso, que, tras recibir a los querellados que le corresponden, por ser aforados, Carme Forcadell, Presidenta del Parlament Catalá y seis miembros de la Mesa de dicho Parlament, les ha dejado en libertad, aunque vigilada, dándoles un plazo de una semana, para estudiar los autos de imputación y preparar sus declaraciones asistidos de sus letrados, dando muestras este Magistrado de estar por encima de las presiones que se intentan hacer recaer sobre la acción de la justicia. Así, no es de extrañar que la Asociación Progresista de Jueces, “Jueces para la Democracia”, arremetieran contra la Juez Carmen Lamela, criticando la prisión decretada para los ex-consellers y que no diera más plazo a sus defensas antes de admitir el interrogatorio, manifestando su preocupación por “una interpretación extensiva del Derecho Penal”, insistiendo en que la prisión debe ser la “excepción”, resaltando la diferencia de trato dada por el Juez del Tribunal Supremo a los otros querellados.

Por cierto, que la mayoría de los medios de comunicación, ha querido echar tierra sobre el President, Carles Puigdemont, llamándole cobarde, traidor y acusándole de dejar tirados a sus compañeros de Gobierno y a los independentistas, a fin de poner en la picota a aquél, desautorizándolo,  cuando, en realidad, la trama del President ha sido la de tratar de llamar la atención internacional sobre la falta de independencia del Poder Judicial en España, sobre lo que no le falta razón y la precaria democracia que campa en nuestro país.

Y contrasta esta rapidez y la contundencia del Fiscal General del Estado, viendo delitos que no lo son, al menos, en el grado y calificación que el mismo hace, en el presente caso, con su nula acción, haciéndose la estatua de sal en la que quedó convertida la esposa de Lot, cuando huía con su familia de Sodoma, por volver la vista atrás, respecto de la sentencia del propio Tribunal Constitucional, al que tanto acude en socorro el Gobierno y el Partido Popular, Sentencia 73/2017, de 8 de Junio, en la que el Alto Tribunal pone de hoja perejil al Gobierno de España, al Gobierno de Don Mariano Rajoy Brey, al que da un varapalo de muy padre y señor mío, a cuenta de la amnistía fiscal que el Ministro Cristóbal Montoro, pergeñó en el año 2.012, a través del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de Marzo, no sólo por el vehículo formal en que se consagró (el Real Decreto-Ley), cuando debió haber sido, en su caso, vía de Ley, o sea, que solo “con arreglo a la ley”, es decir, por norma de rango legal, se pueden establecer prestaciones personales o patrimoniales de carácter público, conforme ordena el artículo 31.3 de la Constitución Española, y por la contravención grave y flagrante del artículo 86.1 de la propia Constitución, conforme al cual los decretos-leyes no pueden afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución, y dentro de este Título se halla el artículo 31.1 que recoge el deber de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, produciéndose “una condonación parcial de la obligación tributaria principal y una condonación total de las consecuencias accesorias”, o sea, que se permitió regularizar rentas a tipo reducido (el 10%, que por arte de birlibirloque, fue rebajado al 3%), sin sanciones ni recargos, convirtiendo, además, las cantidades regularizadas en renta declarada a todos los efectos. Y, por si fuera poco, el resultado fue un fracaso absoluto, ya que de las expectativas de recaudar unos 2.500 millones de euros (que, aún para eso, no hubiera merecido la pena este viaje), la Agencia Tributaria solo recaudó 1.200 millones, y blindando a los contribuyentes de investigaciones penales. Por cierto, ¿qué cantidad habría que exigir solidariamente a este Gobierno de España por el daño económico que su ilegal acción supuso a las arcas públicas de caudales y, por ende, al conjunto de los españoles?.

Finalmente, poner en cuestión la legitimidad, al menos moral y ética, de quien debiendo defender el cumplimiento de la ley y el interés público y general, esté reprobado por el Congreso de los Diputados, o sea, por la voluntad del pueblo español, y siga en el cargo sin darse por aludido, haciéndose el loco y mirando para otro lado, cuando tras la misma debió tomar las de Villadiego, y retirarse haciendo mutis por el foro. Pero ya sabemos, que en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, la dimisión es una palabra tabú, que no existe en el diccionario político, y esto le pasa a nuestro actual Fiscal General del Estado, quien por dignidad, debió dejar el cargo tras la reprobación, así como los Ministros de Hacienda, de Justicia,de Interior y de Asuntos Exteriores, Cristóbal Montoro, Rafael Catalá, Juan-Ignacio Zoido y Alfonso Dastis, respectivamente. Como se ve un Gobierno super reprobado, y ahí siguen en sus puestos mirando para otro lado y como si la cosa no fuera con ellos.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

                             8 de noviembre de 2017

 

Miércoles, 01 Noviembre 2017 07:22

Y el verbo se hizo carne

Ya se ha conseguido, ya lo ha conseguido nuestro inefable Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey, cual entrar a saco en las instituciones de la Autonomía Catalana, deseo que albergaba, al parecer, desde hace tiempo, y sobre todo descabalgar de la Presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont, así como a todo su Govern, es decir, a todos los Consellers que conformaban aquél, pero, una vez más, se le ha visto el plumero, al haber puesto por delante, como casi siempre, si no siempre, a una de sus mujeres en el Gobierno, y ha decidido poner como Molt Honorable President de la Generalitat a su mano derecha, la Vicepresidenta del Gobierno de España Soraya Sáenz de Santamaría, en un intento de dinamitar el proceso independentista y tratar de que las aguas vuelvan a su cauce, o sea, al cauce que interesa al Partido Popular.

Y hay que advertir, en este rifirrafe que se trajeron entre si Puigdemont y el Senado de España, en orden a si voy o no voy a éste o si dejo de ir, aunque anunciara anteriormente que iría, que la declinación de su asistencia no tiene otro sentido que evitar meterse en la boca del lobo, en territorio totalmente enemigo y contrario al mismo, donde ya se afilaban los cuchillos (hablando en términos eufemísticos) para hacerle morder el polvo y, en definitiva, hacerle objeto de una humillación, no sólo a su persona, sino en su persona a todo el movimiento independentista, por lo que su negativa definitiva a inmolarse en el altar de la Cámara Alta del Estado Español, no era sino, más bien, una obligación, pues allí, encerrado y ante la supermayoría absoluta de que dispone el Partido Popular en dicha cámara, más el apoyo del PSOE y Ciudadanos, hubiera tenido que aguantar sobre su cabeza rayos y truenos y haber salido escarnecido por quienes le aguardaban para despellejarle y, como no podía ser de otra manera, haber salido escaldado porque, en modo alguno, iba a ser productiva para el mismo y su movimiento obtener siquiera una cita para el diálogo que tanto ha esperado le hubiera sido ofrecido por el Presidente Mariano Rajoy.

En cualquier caso, hay que reconocer que este proceso no ha sido la idea o el complot de cuatro gatos que han perdido la chaveta, antes al contrario, hay que reconocer, fría y objetivamente, que el mismo goza de las simpatías de, al menos, dos millones y medio de ciudadanos, si no superan los tres, por lo que se trata de un asunto muy serio y no puede ser tratado con el desprecio con que ha sido tratado por el Gobierno de España, especialmente por el Presidente de éste, Don Mariano Rajoy Brey, y la prueba del algodón de que no estamos ante ese sueño de cuatro locos, es que el famoso referéndum, que bajo ningún concepto se iba a celebrar, según reiteraban pomposamente tanto el Presidente del Gobierno de España y su Vicepresidenta, así como todos los Ministros del mismo, el día Uno de Octubre (1-O) y pese al empeño en que se puso por su parte, se celebró, de aquella manera, precisamente por las trabas puestas en marcha por dicho Gobierno, incluido todo el empleo de Seguridad del Estado, que no procede, aquí y ahora, volver a poner de manifiesto y que pusieron en alerta no sólo a nuestros socios de la Unión Europea, sino de otros muchos países que asistieron horrorizados ante los medios y las maneras puestos en función para reprimir y evitar el citado Referéndum, el cual pese a quien pese, se llevó a cabo, y ha desencadenado los hechos acaecidos en los últimos días y horas.

Y es que, en el fondo del asunto y como premisa casi necesaria para que se desencadenaran dichos hechos, ha sido la negativa con una cerrazón en banda a dialogar del Sr. Don Mariano Rajoy Brey, que desde el principio de los tiempos se decantó, como en toda su acción política, por el inmovilismo, habiéndole faltado cintura y mano izquierda (aunque ésta es más difícil exigírsela por motivos que no son del caso analizar ahora) y, en no pocas etapas poniéndose de perfil y haciendo oídos sordos al asunto Catalán, que, como un clamor en los últimos tiempos ya irrefrenable era hacer descarrilar a un tren que ya había puesto la directa hacia la independencia. Falló, estrepitosamente nuestro Presidente en negarse en redondo a permitir un referéndum pactado, dentro de la legalidad, no sólo ahora, sino la consulta que en el año 2.014 se llevó a cabo por el entonces President de la Generalitat, Artur Mas, ahora perseguido por el Tribunal de Cuentas que le exige el pago de una fianza o multa de cinco millones doscientos mil euros por organizar aquella consulta, que era consultiva y en modo alguno vinculante, en un movimiento impropio de este Tribunal, que, normalmente, duerme el sueño de los justos.

Y ante esta situación, recordar, una vez más, los oídos sordos de ese macroestado llamado Unión Europea, al problema planteado en España por el Govern de la Generalitat, lo que pone de manifiesto que dicha Unión es un mastodonte que en no pocas ocasiones se dedica a sestear y a llamarse andana en asuntos que tienen un alcance más allá de una región o de un Estado, pero ya sabemos que la mayoría de los dirigentes europeos se dedican al postureo y a las infinitas reuniones en las que parecen más bien dedicarse al buen beber y al mejor yantar, que a resolver asuntos que interesan al conjunto de los ciudadanos.

En fin, ahí tenemos a la Molt Honorable President de la nueva Generalitat, Soraya Sáenz de Santamaría, arengando a sus hordas: “tenemos que rescatar a Cataluña”. ¡ Cuánto le hubiera gustado presentarse encaramada a un tanque en la Plaza de Sant Jaume! Tienen razón el diputado de “Catalunya si que es pot”, Coscullela, de que el Estado Español ha fallado de una manera clamorosa al negarse a bendecir un Referéndum pactado, así como el líder del PSC, Miquel Iceta, de que la negativa del Presidente Mariano Rajoy a dialogar y a buscar una solución pactada que contentase a todas las partes en liza, ha desencadenado el estado de cosas en que nos encontramos. Por otra parte, también conviene recordar que el Estado Español declinó la última alternativa de Puigdemont de convocar elecciones anticipadas en Cataluña, previa liberación de los conocidos como “los Jordis” (Sánchez y Cuixart, presidentes de los movimientos  ANC y Omniun Cultural) y garantías de no encausar a nadie más, por considerarlo un chantaje y porque el Ejecutivo respeta escrupulosamente la separación de poderes y reconoce la independencia del Poder Judicial, sin reparar en que no hace mucho, el Convenio del Gobierno de  Juan Manuel Santos, de Colombia, con las FARC (cientos de asesinatos por medio) fue jaleado como un logro sin precedentes y parangón (y que le llevó al Presidente Colombiano a ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz) y que aquí en España fue aplaudido hasta con las orejas por nuestros mandamases, hasta el punto de que a la fiesta celebrada en loor de tal logro, asistieron, entre otros, nuestro ex–presidente del Gobierno, Felipe González, y nuestro Rey Emérito, Don Juan Carlos I, teniendo en cuenta que el pacto incluía la amnistía para la guerrilla e, incluso, el poner a sus cabezas de serie en las poltronas de la Asamblea Legislativa, sin pasar por las urnas. O sea, más intromisión de un Ejecutivo en el Poder Judicial imposible, que se consideró poco menos que la consecución del la cuadratura del círculo. No era tanto lo que pedía a cambio Puigdemont y nos hubiéramos ahorrado este espectáculo de ocupar, aunque sea en base a un artículo constitucional, la Autonomía Catalana, echando al traste su autogobierno. Pero, en fin, el problema seguirá candente  y es posible que no se resuelva con los nuevos comicios anunciados, tanto si ganan los partidos llamados constitucionalistas, como si las ganan los independentistas.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

                     1 de noviembre de 2.017

Miércoles, 25 Octubre 2017 07:41

Patriotismo

Ya ha adoptado el Gobierno de España, con Don Mariano Rajoy Brey a la cabeza, como su Presidente, e, inmediatamente, después, con su Vicepresidenta, Doña Soraya Sáenz de Santamaría y demás ocupantes de poltronas Ministeriales, la decisión de aplicar el contenido del artículo 155 de la Constitución Española, con todo su peso y su dureza, a la Autonomía Catalana, con la destitución del Govern de ésta en pleno y la toma del mismo por el Gobierno de España, también en pleno con el propio Mariano Rajoy Brey como Molt Honorable President. Es decir, la línea más dura del Gobierno de España, ha hecho vencer la balanza a la maquinaria desatada con la dicha aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, para, prácticamente, no dejar huella alguna del actual Govern de la Generalitat, que, con la decisión tomada, tras su cierta aprobación por el Senado Español, debido a la mayoría absoluta de que en el mismo goza el Partido Popular, ha quedado dinamitado y reducido a la indigencia política y el Parlament aún convidado de piedra, y que no pare la cosa ahí, porque ganas, lo que se dicen ganas, el Gobierno de España, bajo las directrices del PP, se las tienen jurada, y no de ahora  sino desde “in illo tempore”, a la Autonomía Catalana, en la que, por cierto, el Partido Popular, bien puede decirse, que no se come una rosca, lo que supone un baldón inaceptable para el partido que dirige Mariano Rajoy, acostumbrado a sus mayorías absolutas y aun, sin pese a éstas, a su ordeno y mando, contando cuando no las tiene con la anuencia imprescindible de un Albert Rivera y su Ciudadanos, en este caso, que se ha creído que es el salvador de la patria y al que se le ven las ganas de morder poder cada vez que abre la boca, aunque, de momento, no es ni más ni menos, que el tonto útil al que utiliza como un títere y pelele el Partido Popular, o más bien, Don Mariano Rajoy, aunque para los efectos, tanto monta, monta tanto, el PP como Mariano. Y la prueba del algodón radica en el punto fundamental en su pacto y base de investidura, para darle el Gobierno, de examinar la financiación ilegal del PP y la corrupción galopante de este partido y de sus miembros, que, tras un arranque, ha quedado en aguas de borrajas y relegada para “ad calendas graecas”, en un síntoma más, de cómo las gasta el Presidente del Gobierno, que suele llevarse al huerto a desavisados e ilusos, que creen ser el botón clave para salvar a España. Sí, esa España, de nuestros desvelos, esa España usada como pretexto para Dios sabe qué finalidades, y cuyo nombre, últimamente, no deja de ser usado en vano por quienes creen ser los salvadores de la Patria.

         Llegados a este punto, conviene recapitular y pasar a revisar algunos conceptos, usando a tal efecto, el Diccionario de Uso, valga la redundancia, del Español, de María Moliner. Veamos:

         PATRIA: Con relación a los naturales de una nación, esta nación con todas las relaciones afectivas que implica.

         HACER PATRIA: Contribuir alguien con sus acciones a que su país sea más digno de admiración y estima.

         PATRIADA: Campaña de un grupo social o político que se organiza bajo el pretexto de salvar la patria.

         PATRIOTA: Se aplica al que ama a su patria. Particularmente, al que ha realizado algún sacrificio por ella.

         PATRIOTICO: Se aplica a las cosas con que se ensalza o beneficia a la patria.

         PATRIOTISMO: Cualidad de patriota o patriótico.

         PATRIOTERO: Se aplica al que exagera las muestras exteriores de patriotismo o tiene un patriotismo ostentoso pero superficial.

         PATRIOTERISMO (o PATRIOTERIA): Actitud de patriotero.

PAIS: Comunidad de personas que viven en un territorio regido todo él por el mismo gobierno y unidas por lazos étnicos o de historia. Esa Comunidad con el territorio y todo lo que pertenece a él. Comunidad de personas de la misma raza, con los mismos usos, particularmente el mismo idioma, que, por alguna razón histórica ocupa un territorio dividido entre varios países.

Finalmente, ESTADO: Nación organizada políticamente. Y ESTADO DE DERECHO: Estado en que la actuación de los gobernantes está sometida a las leyes.

Pues bien, tras este conceptualismo definitorio, preciso para aclarar un poco las ideas de donde estamos y hacia donde vamos, y ante la respuesta en España, al movimiento independentista desatado en Cataluña, parece que, ahora, hoy, en estos momentos, nos hemos dado cuenta de que somos españoles, pero incidiendo en el “patriotismo”, y así, recuerdo lo dicho en el artículo de la pasada semana:

 “Asimismo, no acaba de entenderse la eclosión de “españolismo” desatado entre la ciudadanía de la piel de toro, cuando hasta ahora, fuera de la Selección de fútbol, cuando gana, nunca se había hecho bandera del mismo, antes al contrario, siempre se han venido tachando de fachas a quienes, simplemente, hicieran ostentación, aun sin aspavientos, de cualquier objeto o enseña, que se relacionara con el símbolo nacional, hasta el punto, incluso, que a la Selección Española de Fútbol, no se la conoce como la Española, sino como la “Roja” y a las “sub”, como “la rojita”, que ya son ganas de mentar la soga en casa del ahorcado y hacer un espantoso ridículo. Porque el patriotismo, el amor a la patria, no se mide en metros cuadrados de bandera (como la expuesta por un empresario en uno de sus edificios en construcción en Valdebebas, de 731 metros cuadrados, la mayor de España) ni en la cantidad de banderas ondeadas al viento, cuestionando el PSOE a los oportunistas que se dan golpes de bandera en el pecho; a la manera como el amor no depende de la medida del corazón, ni la hombría, hablando sexualmente, depende del tamaño del pene. El patriotismo, el amor a la patria, es un sentimiento, una seña de identidad, un compromiso con unos valores y principios irreductibles, una manera de ser y de comportarse y un orgullo que recorre hasta la médula y las entrañas y que desemboca en el fiel cumplimiento de la ley. Por eso extraña que el Partido Popular y su Gobierno de España impelan hasta la extenuación a acatar la ley y los parámetros marcados por el Tribunal Constitucional, ese Tribunal, precisamente, que en una reciente sentencia ha puesto de hoja perejil a todo el Gobierno de España por aprobar en 2.012 la ley de Amnistía Fiscal, contraviniendo flagrantemente la propia Constitución y el Ordenamiento Jurídico Español, con el fin de favorecer a unos pocos, amiguetes, en detrimento del conjunto de los españoles y del bien y el interés generales, causando una impresentable e inadmisible discriminación respecto del resto de ciudadanos. Si el Tribunal de Cuentas exige a Artur Mas el pago de una multa de cinco millones doscientos mil euros que empleó en la consulta de 2.014, ¿cuántos cientos de millones debiera exigir el Tribunal Constitucional al Gobierno de España por lo dejado de ingresar en base a la ley de amnistía fiscal?”.

Y, ahora, añado, de nuevas, que el patriotismo exige el cumplimiento, a rajatabla, de las normas del Ordenamiento Jurídico, sin que se puedan envolver en tal bandera quienes utilizan sus cargos públicos para enriquecerse personalmente o/y para financiar ilegalmente al partido al que pertenecen, que no es, ni más ni menos, lo que ha venido ocurriendo desde Dios sabe cuándo, por este Partido Popular, que se jacta de estricto cumplidor de la ley, pero que tiene a cientos de cargos involucrados en procesos penales (y algunos ya condenados) por meter la mano en la Caja Pública de Caudales, haciendo del Erario Público de su capa un sayo y siguiendo al pie de la letra la proclama que, en su día, hiciera la Ministra del PSOE, Carmen Calvo, de que “el dinero público no es de nadie”, a la que le faltó añadir, que sería de aquél que primero le echase el guante. Pues bien, mal se compadece ese patriotismo, en realidad, patrioterismo, con esa actitud de defraudar al conjunto de los españoles adueñándose, por medio de sus cargos, de los fondos que son allegados a esa Caja Pública de Caudales con el trabajo y el sudor de la frente del conjunto de los españoles que, escandalosamente, trabajan más de seis meses al año para pagar impuestos, para que, luego, se desvíen esos caudales por las cañerías de los gobiernos, sean nacionales, autonómicos, provinciales o municipales, haciendo un daño irreparable al interés general de la nación. Por tanto, ¿de qué patriotismo estamos hablando? Patriterismo, puro y duro, usando y abusando los cargos públicos para beneficio propio y del Partido al que pertenecen y en perjuicio de conjunto de todos los españoles.

Y en esas estamos, envueltos en la bandera de España, haciendo uso de su patrioterismo, el Gobierno de España, tratando de laminar cualquier atisbo de independentismo y lanzando un aviso a navegantes (léanse País Vasco y Navarra, entre otros), ha tomado el camino de en medio, el del sector más duro de su Partido, especialmente el de su antecesor José-María Aznar, con un Ciudadanos entregado al PP y un PSOE que no quiere quedarse atrás pensando en el reparto de la tarta, pero que ya ha empezado a agrietarse en Cataluña, en la que algunos Alcaldes, han hecho un llamamiento por escrito para que el PSC de Miquel Iceta no acate, sin más, la aplicación del artículo 155.

Por otra parte, la Unión Europea, ni está ni se la espera, habiendo prestado un respaldo incondicional a Mariano Rajoy, y para teatralizarlo, quizás, se ha concedido a la UE este año el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, trayendo a Asturias a los tres pesos pesados de la misma, Jean-Claude Juncker (Presidente de la Comisión Europea), Antonio Tajani (Presidente del Parlamento Europeo) y Donald Tusk (Presidente del Consejo Europeo), que recogieron personalmente el premio, ¡menuda terna! Siendo inentendible e improcedente las declaraciones de los mismos respecto al asunto de Cataluña, proclamando Antonio Tajani tajantemente que “no es responsabilidad de Europa mediar en una región de España”, lo que, además, es de una incongruencia abisal, en primer lugar, porque hacen dejación obscena de la base y premisa por la que, presuntamente, le haya sido concedido el premio Princesa de Asturias este año a la UE, en materia de “Concordia”, cuyo significado, según el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner, es “relación entre las personas que se tratan con cariño y no riñen. Acuerdo, armonía, paz o unión”: flaco favor le hacen estos tres espadas escaqueándose del problema y lavándose las manos tal como se las lavó Poncio Pilatos, entregando a Jesucristo a los judíos para su muerte en crucifixión. Y en segundo lugar, porque si no estamos tontos, España forma parte de la UE, y, por ende, Cataluña, forma parte de esa misma UE: entonces, ¿por qué se omite la intermediación en un conflicto que afecta a una Nación y a una Región de esta Nación, miembros de la UE? Un ejemplo más del filibusterismo que impera en ese macroestado que quiere conformarse europeo, para afrontarlo a los United Status of America.

Item más, según la versión oficial del Gobierno Español, no se habló de Cataluña en el Consejo Europeo celebrado el día anterior al de los Premios Princesa de Asturias, porque nadie pidió al Presidente Mariano Rajoy una sola explicación, versión desmentida hasta por tres fuentes presentes en la cumbre que explicaron que la canciller alemana, Angela Merkel, invitó a Rajoy a hablar sobre Cataluña durante la cena informal del jueves, pretendiendo la canciller que España explicara al resto de líderes la crisis de Estado en Cataluña y los próximos pasos a dar por el Gobierno Español, declinando nuestro Presidente la invitación, rechazado igualmente, con un ademán corporal (cómo no podía hacerlo de otra manera, ya que este hombre es nulo en el arte de los idiomas y no se entera de la misa la mitad, aunque hace aspavientos y ademanes de coloquiar y enterarse de algo) el intento del Presidente del Consejo, Donald Tusk, de que les ilustrara sobre la cuestión catalana. O sea, que el que se niega a hablar y dialogar, no sólo en Europa, sino en España, es el propio Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, que, entre otras razones, debe tenerle hincha a Carles Puigdemont, porque éste, en lo que se ha visto, domina el catalán, el español y el inglés.

Finalmente, comentar que este año los Premios Princesa de Asturias se han utilizado como una plataforma para darle hostias a los independentistas, implicando, una vez más, al propio Rey de España, Don Felipe VI, el cual, desde luego, no hace otra cosa que defender sus habichuelas, pues huye ante el término “república”, como el diablo de la cruz. Por cierto ya empalaga que los medios de comunicación no cesen, en las excesivas alabanzas a la elegancia y el porte de la Reina consorte, Doña Leticia, la cual bien pareciera que no se dedica a otra cosa que a consultar a diario, como hiciera la bruja de Blancanieves, su espejito, espejito, preguntándole ¿quién es la más guapa del reino? Desde luego, con sus medios cualquier española le igualaría e, incluso, pudiera ser que la superara.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

25 de octubre de 2017

 

 

Miércoles, 18 Octubre 2017 03:56

¿En qué quedamos?

Tras una intensa campaña a través de tertulianos y opinadores de la más variopinta ralea, esa especie de arúspices que se estrujan el cerebro y lo exprimen a la manera como se exprimen las naranjas y los limones, en busca de la piedra filosofal, de la pócima de fierabrás, que los catapulte al estrellato y les colmen de felicitaciones de sensatez, de sentido común y otras zarandajas o epítetos análogos o complementarios. Después de esa campaña, repito, previa al referéndum catalán (que haberlo, húbolo, dejando al Gobierno de España y en especial a su Presidente Mariano Rajoy Brey y a su Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que se “jactaron” de pronosticar el fracaso de la consulta y de sentenciar, por activa y por pasiva, que el referéndum no se celebraría, al pie de los caballos o como no digan dueñas) tratando de convencer a Carles Puigdemont y a sus acólitos de no salirse de la senda de la Constitución Española, como le ocurriera a Fernando VII, y de que, en cierta manera, diera marcha atrás en sus propósitos de declarar la independencia de Cataluña y, subsiguientemente, la República Catalana, por ende, una vez hecha la declaración procedente por el President de la Generalitat Catalana, en sede del Parlament, el pasado martes, 10 de este mismo mes y año, proclamando la República Catalana en base al mandato contenido en la ley del Referéndum, base de éste, valga la redundancia, pero suspendiéndola de inmediato, con el objetivo de abrir una tregua y dialogar con el Gobierno de España, mediador o no mediante, esas mismas cabezas pensantes, se han lanzado a criticar duramente al President Puigdemont, por no seguir su hoja de ruta hasta sus últimas consecuencias, lo que, desde luego, en vez de abrir puentes y engrasar la correa para, al fin, conseguir un diálogo a dos bandas (partida de ajedrez, según el propio Puigdemont), para limar asperezas y llegar a una entente beneficiosa para ambas partes, han puesto a caer de un burro al President Puigdemont.

Y como no podía ser de otra manera, el Gobierno de España, tratando de desquitarse del fiasco sufrido, como un varapalo de muy padre y señor mío, con la efectiva celebración del tan mencionado Referéndum (que, una vez más, hay que decir, Sr. Rajoy, que lo hubo, aunque de una manera ciertamente irregular por su obstinación en que no lo hubiere, y pese a la carga de la brutal fuerza puesta de manifiesto por sus lanzaderas policiales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se llaman, cuyas imágenes hicieron temblar el más templado, especialmente a esa Europa de la concordia, la solidaridad y la confraternidad, Derechos Fundamentales por medio, y cuyo impulso exacerbado amainó porque, quizás, alguna voz europea- ¿Merkel?- ordenó frenar al Sr. Rajoy, lo que aún debió causar mayor indignación en el seno Gobierno de España) la respuesta de éste, ha sido el ultimátum a Carles Puigdemont, a fin de que arríe su bandera y claudique ante la potestas y la auctoritas del Estado Español, tratando de, con esta humillación, lavar el ridículo padecido por el Gobierno de España con la celebración del susodicho referéndum, y hacerle pagar por tal desaire y ofensa, tras las que se la tenía jurada y guardada para responder de una forma exorbitada contra la presunta contumacia del independentismo catalán, haciendo oídos sordos, esta vez a una voz nacional, vasca, por más señas, que le requiere a no pasarse de frenada ante la respuesta que, sin paliativos y con finalidad humillante, prepara el Gobierno del Sr. Rajoy contra el del President Puigdemont, lamentando el portavoz del PNV Joseba Egibar que las instituciones del Estado “no hayan ofrecido ni una sola propuesta política” a la cuestión Catalana.

Por cierto, la huida de las empresas de Cataluña, no deja de tener guasa, pues sabiendo como se sabe la vena reivindicativa e independentista de una inmensa mayoría de catalanes, no sé cómo se instalaron allí y se han mantenido allí hasta ahora, algunas de ellas en un claro contubernio con los sucesivos Gobiernos de la Generalitat, tan complacientes y agradecidas a éstos. Pero, en fin, ya sabemos que la “pela” no conoce razones de ideología, principios y políticas que no sean el beneficio de la “buchaca”, mas, en fin, en el pecado llevarán la penitencia.

Asimismo, no acaba de entenderse la eclosión de “españolismo” desatado entre la ciudadanía de la piel de toro, cuando hasta ahora, fuera de la Selección de fútbol, cuando gana, nunca se había hecho bandera del mismo, antes al contrario, siempre se han venido tachando de fachas a quienes, simplemente, hicieran ostentación, aun sin aspavientos, de cualquier objeto o enseña, que se relacionara con el símbolo nacional, hasta el punto, incluso, que a la Selección Española de Fútbol, no se la conoce como la Española, sino como la “Roja” y a las “sub”, como “la rojita”, que ya son ganas de mentar la soga en casa del ahorcado y hacer un espantoso ridículo. Porque el patriotismo, el amor a la patria, no se mide en metros cuadrados de bandera (como la expuesta por un empresario en uno de sus edificios en construcción en Valdebebas, de 731 metros cuadrados, la mayor de España) ni en la cantidad de banderas ondeadas al viento, cuestionando el PSOE a los oportunistas que se dan golpes de bandera en el pecho; a la manera como el amor no depende de la medida del corazón, ni la hombría, hablando sexualmente, depende del tamaño del pene. El patriotismo, el amor a la patria, es un sentimiento, una seña de identidad, un compromiso con unos valores y principios irreductibles, una manera de ser y de comportarse y un orgullo que recorre hasta la médula y las entrañas y que desemboca en el fiel cumplimiento de la ley. Por eso extraña que el Partido Popular y su Gobierno de España impelan hasta la extenuación a acatar la ley y los parámetros marcados por el Tribunal Constitucional, ese Tribunal, precisamente, que en una reciente sentencia ha puesto de hoja perejil a todo el Gobierno de España por aprobar en 2.012 la ley de Amnistía Fiscal, contraviniendo flagrantemente la propia Constitución y el Ordenamiento Jurídico Español, con el fin de favorecer a unos pocos, amiguetes, en detrimento del conjunto de los españoles y del bien y el interés generales, causando una impresentable e inadmisible discriminación respecto del resto de ciudadanos. Si el Tribunal de Cuentas exige a Artur Mas el pago de una multa de cinco millones doscientos mil euros que empleó en la consulta de 2.014, ¿cuántos cientos de millones debiera exigir el Tribunal Constitucional al Gobierno de España por lo dejado de ingresar en base a la ley de amnistía fiscal?.

 Y en este aquelarre, el Secretario General de los Socialistas, Pedro Sánchez, ha caído de bruces en esta tela de araña que con extraordinaria sutileza teje el Sr. Don Mariano Rajoy Brey, cayendo en brazos de éste, por la promesa de ponerse manos a la obra para reformar la Constitución Española, allá por 2.018, o más bien, diría yo, para “ad calendas graecas”, tal como le ha ocurrido al iluso Albert Rivera con el asunto de investigar hasta las últimas consecuencias la corrupción y la financiación ilegal del PP, que duerme ya el sueño de los justos, y es que sabemos y ya lo anunciamos más de una vez, que el Sr. Rajoy es experto en llevarse al huerto a cualquier desavisado que medre por sus respetos y sirva a sus intereses.

Y ante la cerrazón de Europa, que hace oídos sordos y mira para otro lado ante el problema catalán, que no es de hoy ni de ayer, sino desde “in illo tempore”, con las lacerantes declaraciones del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “no quiero una UE con 98 estados”, rechazando de plano cualquier mediación, cuando, en realidad, el problema catalán es tanto un problema de España como de la propia Unión Europea, al ser aquéllas miembro de ésta.

Ni qué decir, a este respecto, de las declaraciones que, en el Diario “Le Soir”, ha realizado el primer ministro belga, Charles Michel: “solo si constatáramos un fracaso definitivo del diálogo habría que plantearse la cuestión de una mediación internacional o europea”, porque, a su juicio, en España no hay una crisis jurídica, sino una crisis política que debe resolverse con diálogo político, en un intento de apaciguar los ánimos y buscar una solución al conflicto, siendo el primer dirigente europeo en condenar la violencia del 1-O, mucho antes que lo hicieran la Comisión Europea o el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Y el Sr. Cristóbal Montoro, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ya ha reiterado en sucesivas declaraciones que “el problema catalán” entorpece el signo de la recuperación y amenaza el déficit, poniéndose la venda antes de la herida.

Finalmente reseñar que, Manuel Cancio, Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, proclama rotundamente que “no hay atisbo ni (de la comisión de un delito) de sedición, que requiere vías de hecho o ilegales para obstaculizar el ejercicio de funciones públicas; y, menos aún, de rebelión, que requiere violencia” insistiendo en que los 72 diputados catalanes independentistas que firmaron la declaración de independencia no han cometido ningún delito.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

                         18 de octubre de 2017

 

Miércoles, 04 Octubre 2017 06:36

Estado de Derecho

 Esa Constitución Española, a la que tanto se refiere, prácticamente a diario, como un mantra, nuestro Gobierno de la Nación, nuestro enfático Gobierno de España, tan manoseada y ultrajada, en no pocas ocasiones, por ese mismo Gobierno (recordemos el varapalo dado al mismo por el Tribunal Constitucional a cuenta de la amnistía fiscal de 2.012), que se proclama garante de la convivencia pacífica y defensor de los Derechos Humanos más allá de esta vida, proclama en su propio preámbulo que “la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad jurídica y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: ...Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular...” y, en consonancia con tan programático deseo, la propia Constitución, en su artículo 1.1 establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político...” y continua en su artículo 9.3 resaltando que “La Constitución garantiza el principio de legalidad, ...la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Ante tamaña proclama de principios fundamentales, grandilocuente por lo demás, hemos de intentar llegar a la conclusión de si este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, cumple, bien y fielmente, con estos principios, sin lo que, caso contrario, no podríamos en modo alguno de calificar como Estado de Derecho al mismo. Para lo cual, y como prueba del algodón, para entrar en este tortuoso, sinuoso y escabroso sendero, deberíamos analizar si se respeta a priori un parámetro fundamental cual es la separación de poderes, y, consiguientemente si, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, gozan de independencia entre sí, fundamentalmente respecto del Judicial, al que se refiere el artículo 117.1 de la propia Constitución, según el cual “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, ...”, por la función primordial que recae sobre sus espaldas de controlar a los otros dos, cumpliéndose a rajatabla, tal como lo dejara escrito Montesquieu, de la existencia entre los mismos de una verdadera y auténtica separación y consiguiente independencia, de uno respecto de los otros dos, de manera que cada cual pueda y deba ejercer sus funciones sin presiones y órdenes de ninguno otro de los dos restantes. Pero, para ello, a poco avisados que estemos o espabilados que seamos, incluso cualquier analfabeto (que haberlos, haylos), podría llegar a la conclusión de que esa estricta independencia que entre los tres grandes poderes del Estado exige la salud de un Estado de Derecho, Democrático y de Bienestar Social, en nuestro país, y pese a la grandilocuencia y clarividencia de los preceptos antedichos de nuestra Carta Magna, deja un bastante a la misma con el culo al aire, pues, después de la reforma llevada a cabo, en 1.985, por el PSOE del Gobierno de Felipe González (lo que sentenció su Vicepresidente Alfonso Guerra con aquella sentencia de que “Montisquieu a muerto”), reforzada por otra medida adoptada por el PP de Don Mariano Rajoy Brey, a través de su Ministro de Justicia, en aquél momento, Alberto Ruiz Gallardón (dándole una vuelta de tuerca más a la injerencia del Ejecutivo y del Legislativo sobre el Poder Judicial) ha hecho saltar por los aires esa pretendida independencia, fundamentalmente y ahí está el meollo de la cuestión, casi ya diabólica, al atar al Poder Judicial, a través del Ejecutivo, vía el Poder Legislativo, al establecer que los máximos órganos de  Gobierno, representación y control de la Judicatura (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, como máximos entes judiciales del citado Poder Judicial) fueran nombrados por el Parlamento Español, con reparto de cuotas conforme a las fuerzas políticas que integran dicho Parlamento, lo cual supuso una importante pérdida, si acaso no toda, de la independencia que es exigible en el tercer Poder del Estado, el Judicial, que, entre otros cometidos, tiene a su cargo la vigilancia y control de los otros dos poderes en defensa del pueblo español en su globalidad. Y así, a día de hoy, pleno siglo XXI ya consolidado, nos encontramos con estos pelos. Si a ello unimos que al Fiscal General del Estado lo nombra a su libre arbitrio el Gobierno de España, y que el régimen del funcionamiento de la Fiscalía en general en nuestro país, es de naturaleza jerárquica, más o menos, como lo es en el estamento militar, dan ganas de decir “apaga y vámonos”, pues, en realidad y a la postre, bien podría decirse que en nuestro país rige un solo Poder, el Ejecutivo, ya que éste mediatiza al Legislativo, y a través de éste, al Poder Judicial. Pese a ello, aunque causen risa, por lo ridículo, aún hay una inmensa mayoría de prebostes y medios de comunicación, que siguen pregonando que España es una democracia consolidada. ¡Que venga Dios y lo vea!.

Pues bien, en una democracia consolidada, cierta y real, además, debiera observarse como uno de los principios igualmente fundamentales, sin el cual no podríamos llegar a tal conclusión, cual es el de la “seguridad jurídica”, o sea, que en el país exista una observancia de las normas, que establezcan derechos y obligaciones, pero que no puedan cambiarse aleatoriamente, en uso de esa arbitrariedad de los poderes públicos que igualmente prohíbe nuestra más alta norma, la Constitución Española, a fin de que las perspectivas de los ciudadanos en todos los sentidos posibles, no sufran merma o detrimiento, una vez se les ha ofrecido un estado y situación dentro de los cuales puedan operar en la confianza de que las reglas del juego no se van a cambiar, por una sola de las partes, una vez comenzado el partido.

Pues bien, repito, tan importante es el principio de la separación de poderes en un Estado de Derecho, como lo son otros muchos, entre ellos el de “seguridad jurídica”, que es en base al cual y dentro de cuyos parámetros ha de desenvolverse la actividad económica y social.

En relación con este principio, importantísimo, para el respeto de un marco económico y social saludable y sostenible, pero que se lo pasan a la torera nuestros gobernantes, se rompió ya drásticamente, con la reducción de las ayudas a las inversiones en energías renovables, y se aventuran próximas rebajas y recortes, de hasta un 30%  más en subvenciones a dichas renovables, lo que ha sido anunciado, con una cara más dura que el hormigón, por el Ministro de Energía, Alvaro Nadal, y que parece dicha medida alentada y avalada por un fallo más, además, del Tribunal Supremo, resolviendo una demanda presentada por un grupo de 25 instalaciones fotovoltaicas de Castilla-La Mancha, contra la regulación , o sea, el recorte en las subvenciones, por el Gobierno del PP, aun cuando se pronunciaron dos votos particulares, a la dicha sentencia: uno el del Magistrado Eduardo Espín Templado, favorable a la estimación del recurso por la “retroactividad contraria a derecho por incurrir en la vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima”, y el segundo, por la Magistrada María-Isabel Perelló Doménech, aún más contundente, “no resulta fácil imaginar una vulneración más palmaria del principio de seguridad jurídica que la que consiste en abocar a un sector económico tan altamente regulado como éste a adoptar resoluciones empresariales de considerable entidad, incluso la propia continuidad en el ejercicio de la actividad, sin conocer el régimen jurídico y económico que les va a ser de aplicación”. Decisión judicial perjudicial cien por cien para los inversores, muchos de ellos pequeños, que empeñaron todos sus ahorros en montar un centro fotovoltaico contando con las condiciones favorables por parte del Gobierno cuando llevaron a cabo su inversión, y que la rentabilidad de las mismas la consideraron como esencial para asegurarse una buena jubilación, y que tras esta sentencia y otras anteriores del Alto Tribunal Español, les han dejado con el culo al aire, avalando la justificación del Gobierno del PP en la necesidad de evitar el aumento del déficit tarifario por la crisis económica, y contrastando abiertamente, con la decisión del Ciadi (organismo de arbitraje del Banco Mundial), que, en mayo pasado, propinó a España un buen varapalo al obligarle a indemnizar al fondo de inversión Eiser con 128 millones de euros, por considerar que España había incumplido la Carta de Energía, tratado internacional de 1.994, que establece que los Estados deben mantener condiciones estables para las inversiones de otros países, pero, por lo visto, son de peor trato y condición los inversores nacionales que los internacionales, en idénticas y mismas condiciones. Y luego dicen que el pescado es caro, o sea, que el Gobierno de España vela por el bienestar de todos los españoles.

En análogas condiciones, de saltarse a la torera el principio de seguridad jurídica, lo hemos visto recientemente con la “expropiación, sin indemnización” del Banco Popular Español, S.A., vendido al Banco Santander, S.A., por un euro, dejando a todos los accionistas y bonistas de dicho banco a la intemperie y, a muchos de ellos, en la ruina, con la agravante de que aquí ha jugado un papel trascendental la Unión Europea, que se ha aliado con los parámetros del Gobierno de España.

Y es que, ante la incapacidad de este Gobierno de listos del PP, incapaz de rematar el toro de la crisis y de abonar el camino llano y liso para afrontar una verdadera y auténtica recuperación, los fines justifican los medios, hasta el punto de que el propio Ministro de Hacienda, nuestro ínclito, Cristóbal Montoro, con el fin de justificar esa manifiesta incapacidad, ya ha propalado que “el secesionismo pone en peligro la recuperación económica”, lo que es contradictorio, incluso, con esa soflama reiteradamente proclamada desde la vocinglería del Gobierno, de que ya ha llegado y aterrizado en suelo español, la recuperación económica.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

                       4 de octubre de 2017

Miércoles, 13 Septiembre 2017 00:15

Mentir como bellacos

Según el diccionario de Uso del Español, de María Moliner, el verbo mentir significa “decir cosas que no son verdad, para engañar” o “engañar a alguien una cosa haciéndole creer en la existencia de algo que no existe en la realidad”. Como se ve el énfasis de estas definiciones descansan fundamentalmente, en el ánimo de “engañar”, que según el mismo diccionario, significa “hacer creer a alguien con palabras o de cualquier manera una cosa que no es verdad”; y “bellaco”, según el propio Diccionario, es definido como “granuja”, significando este último término, siempre según el Diccionario mentado, “persona que, por hábito, engaña, comete fraudes, etc.”.

Pues bien, en toda democracia que se precie de serlo, verdadera y auténtica, donde los tres poderes que sirven de base y fundamento a la misma, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, mantienen una exquisita y real independencia, la mentira de los representantes políticos, elegidos en las urnas por los ciudadanos, se suele pagar, o sea, más bien y a ciencia cierta, se paga, sí o sí, con la dimisión del mentiroso y la exigencia de responsabilidades al mismo, sea por la vía civil o, incluso, por la penal, caso de proceder. Ejemplos de ello hay, no por un tubo, que ya se guardan muy bien los concernidos de no incurrir en la vía mentirosa, en los países en los que, de verdad y sin excepción o límite, existe esa verdadera y auténtica democracia, léanse, los United States of América, o el Reino Unido, verdaderos baluartes de lo que es una democracia con todas las de la ley.

Mas, en democracias virtuales, formales, existentes en la letra de sus Constituciones, pero inexistentes en la realidad pura y dura, esas democracias de papel que han venido en llamarse “democracias bolivarianas o bananeras”, por su origen en la América Latina, en las que la independencia de esos tres Poderes del Estado brilla por su ausencia y en las que, en realidad, quedan reducidos a un sólo Poder, el Ejecutivo, que se arroga bajo su sombra y dicterio, el poder, valga la redundancia, de los otros dos Poderes, al estar éstos sometidos al primero, no dejan de ser, en definitiva, un engaño a la ciudadanía, a la cual se hace creer que vive en un Estado Democrático, de Derecho y de Bienestar Social, porque a la misma se le dispensan unas cuantas migajas, de vez en vez, de las que caen al suelo desde la mesa del rico Epulón, encarnado por los mandamases, los jerifaltes, que gobiernan dictatorialmente al pueblo, aunque sibilinamente bajo maneras democráticas, al se someten a todo tipo de vejaciones y patrañas, en aras de lo que denominan los “derechos Humanos”, convirtiendo a esa ciudadanía, a la que se le priva y secuestra, generalmente, del intelecto y de la voluntad, en una masa de carne con ojos dispuesta a tragar carros y carretas, ruedas de molino y cualquier otro disparatado objeto que, por regla general, en condiciones normales, no cabrían por las fauces ciudadanas. Y a ello tienden, irremisible, irremediable e indefectiblemente, las políticas emanadas de esos altos órganos e instituciones del Estado, Autonomías, Provincias y Municipios, sobre los que se ha creado una tela de araña y que son, por tanto, instrumento para abonar el terreno y allanar los caminos a quienes desde la Jerarquía más alta llevan la gobernanza (es un decir), porque más bien deberíamos hablar de desgobernanza, que se hallan encantados de haberse conocido y que se apoderan no sólo de los bienes de los ciudadanos, via impuestos confiscatorios, expropiatorios y abusivos,  sino, incluso, a veces, de su propia vida, porque qué les importan a ellos los ciudadanos, mientras puedan seguir gozando de las canonjías, de las prebendas, privilegios y bicocas por doquier y a mayor gloria de los dirigentes, como, por ejemplo, gozar de una alta protección, vía guardaespaldas por los cuatro puntos cardinales, y desplazarse en coches blindados, mientras a los ciudadanos les instan a desplazarse en bicicleta o en el coche de San Fernando, unas veces a pie y otras andando, con la agravante de que todo ese sistema protectoral lo pagamos éstos últimos.

Pero, aquí y ahora, en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, la oligarquía gobernante, en cualquier estrato, sedimento, franja o ubicación, se frota las manos y los ojos, ante un pueblo que cada más se rebela contra el que cantara nuestro inmortal poeta Miguel Hernández, en su poema “Vientos del Pueblo me llevan”: “No soy de un pueblo de bueyes,/  que soy de un pueblo que embargan/ yacimientos de leones,/ desfiladeros de águilas/ y cordilleras de toros/ con el orgullo en el asta./ Nunca medraron los bueyes/ en los páramos de España.../yugos os quieren poner/ gentes de la hierba mala,/ yugos que habéis de dejar/ rotos sobre sus espaldas...”. Pues, pareciera que queramos dar pábulo a todo eso que Miguel decía no serlo del pueblo de España, pues, moros y cristianos, decimos “amén” a todo lo que salga por la boca del preboste mandamás, que sólo piensa en su bienestar y salud y al pueblo que le den por la retambufa. Así estamos, lamentablemente, y no sólo ya a nivel local (¿España?), sino también a nivel Europeo o “Uropeo”, como “prenuncian” este tajo de gobernantes, ineptos, incultos y zafios, que nos hemos echado a las espaldas, buenos yugos a que se refiriera nuestro compatriota oriolano, Miguel Hernández.

Dejando de lado, la delictiva amnistía fiscal, que pergeñó nuestro Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el respaldo de todo el Gobierno de España, que como ya en más de una ocasión, la equiparo (y no yo, también el Tribunal Constitucional, sobreentendidamente) a uno de los tres puntos más negros que nuestra mal llamada democracia, de pacotilla, bolivariana y bananera, a saber, el intento de golpe de Estado del 23-F, el terrorismo de Estado de los GAL, y esta ilegal, anticonstitucional, amnistía fiscal, con la agravante de que sus urdidores (a fin de beneficiar a paniaguados y conmilitones) siguen en sus puestos de gobierno, pasándose por el arco del triunfo la Sentencia del Constitucional, lo que no deja de sorprender, cuando, ahora, cargados o (¿cagados?) de razones y sinrazones, con un prurito de machitos integrales, reiteran cotidianamente al Molt Honorable President de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont y a la Presidenta de la Mesa de dicho Parlament, Carme Forcadell, que desoyen las sentencias del Constitucional sobre el proceso de desconexión. O sea, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Lo cual supone una total desligitimidad por parte de este Gobierno de España, sustentando por un partido, el Partido Popular, que está enfangado de corrupción más allá de las cejas. Con estos mimbres tan chirriantes y devastadores no se puede seguir gobernando, ni un minuto más, este País, repito, aún hoy, a duras penas, llamado España.

Y por si faltara más aceite para engrasar la felonía de un Gobierno fuera de la Ley por sus actos, ahí tenemos la última (que no lo será desgraciadamente para este país y sus ciudadanos), cual es el anuncio hecho por el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en un informe que revela que el Estado solo recuperará 14.275 millones de euros de los 54.353 millones del llamado rescate bancario, al que si sumamos unas partidas que andan por ahí sueltas, bien podríamos llegar, sumando la factura del riesgo contraido en el llamado “banco malo” “Sareb” (otros 40.000 millones de euros del ala), nos acercaríamos, si es que no sobrepasamos, los 100.000 millones de euros que vamos a tener que reintegrar, o sea pagar, sin haberlo comido ni bebido, los 47 millones de españolitos, de esos que, según otro inmortal poeta, Antonio Machado, “venimos al mundo, y nos guarde Dios”, ¡y tanto que nos haya de guardar Dios! ¡Y la Macarena, la Virgen en todas sus denominaciones y advocaciones y Todos los Santos!, porque esto es traca y palabras mayores. Y ahí están, en las hemerotecas, las multitudinarias comparecencias de nuestros miembros del Gobierno de listos del PP, que hay que reseñarlo, del PP, o sea, del Partido Popular, propalando, como en Fuenteovejuna, todos a una, que ese rescate, que como tal se negaban a nombrar, nos iba a costar a los ciudadanos “cero patatero”. El primero, el aún Ministro de Economía, Luis de Guindos, en declaraciones hechas el 12 de Junio de 2.012: “Las ayudas no suponen ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario”, o sea, que aventuraba incluso beneficios para la sociedad, ¡menudo ojo para echar lluecas! (¿y este sujeto es el que se postula para vicepresidir el BCE?. ¡Que Dios nos pille confesados y Santa Lucia nos guíe y alumbre el camino! ¿No tuvimos ya bastante con Rodrigo Rato?)”. Y en este mismo sentido, nuestro aún Presidente del Gobierno, Don Mariano Rajoy Brey, la Vicepresidenta del mismo, Doña Soraya Sáenz de Santamaría, y un largo etcétera de adláteres, acólitos, corifeos, paniaguados y mamandurrieros, mintiendo como bellacos y engañando al pueblo español y sin que estas mentiras, graves y con el fin clamoroso de engañar, vayan a tener consecuencias algunas. Pero ya hemos dicho, que en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, gozamos de una democracia de pacotilla, bolivariana y bananera, pues con todo lo que ha llovido y sigue y seguirá lloviendo sobre un Partido Popular, enfangado de corrupción más allá de las cejas, y ahí tenemos el último informe de la UCO, que señala claramente a Alfonso Grau como “cobrador” de la “caja B” de la malhadada Rita Barberá, nos sigue gobernando, y mientras, nuestro, aún, Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy Brey, sigue negando la mayor, con el aditamento de esa declaración bochornosa y lamentable y execrable, ante el Tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la parte del caso “Gürtel”, el pasado 26 de Julio, lo que demuestra que este país no tiene remedio.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

                   13 de septiembre de 2017

Lunes, 28 Agosto 2017 21:21

¡Qué cierren las Cortes!

Este es el grito, así de fuerte y sorprendente, que escuché hace unos días en una conversación que un grupo de personas mantenía a escasos metros de mí. Aunque ahora “a mar revuelto, ganancia de pescadores”, no seré yo quien tome partido en contra del Estado de las Autonomías o de la existencia de gobiernos autonómicos y Cortes regionales. Creo y defiendo la estructura territorial que la Constitución de 1978 diseñó; pero, sin duda, deben corregirse los desequilibrios y desigualdades de todo tipo que el sistema ha generado, algunos preexistentes a aquella fecha mágica. ¿Qué grado de responsabilidad tienen los políticos españoles en la generación de esa corriente de opinión contraria al mantenimiento de estas administraciones e instituciones autonómicas?

He escrito en varias ocasiones sobre la irresponsabilidad de la clase política cuando está en Instituciones que deben ser un espejo para la sociedad española: el Congreso de los Diputados, el Senado, las Cortes autonómicas… Así en septiembre de 2007, hace una década, escribí en el periódico ya desaparecido Noticias de Toledo un artículo titulado “El sueño de la libertad”, en el que entre otras palabras decía: “... Hace años en España se clamó por la regeneración política, por el cambio de talantes, por una vida pública al servicio realmente de la sociedad. Hoy, buena parte de la clase política es cómplice de un sistema de valores en el que se ha perdido el respeto al otro y en el que vale todo, lanzando mensajes muy negativos a todos los sectores sociales, especialmente a los más jóvenes. Se exhibe la confrontación, se ataca demagógica y sistemáticamente al otro, aunque luego se tomen afables cafés; y así convierten la sociedad española de nuevo en dos Españas. Grave irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de construir en lugar de sembrar destrucción y rencor. Y aunque presumen de libertad, convierten a ésta en un sueño.”

Desgraciadamente, diez años después, la situación no sólo no ha mejorado sino que es crítica. Nacieron nuevos partidos que parecía lucharían contra las viejas “castas” políticas, pero pronto han sido absorbidos por el sistema e intentan “tocar poder” como la única de las vías posibles. Todos los escándalos de corrupción son mala cosa para el propio sistema democrático, y un murmullo de reprobación se escucha de labios de buena parte de los ciudadanos. La crítica –injusta cuando se dirige hacia el conjunto de la clase política- se difunde como salpicadura de aceite de la vida española. Esperemos que los procesos judiciales se vayan terminando y pueda pasarse página, una desgraciada página que duele a España y mancha a España.

Pero junto a los problemas estructurales de la vida pública, difíciles de resolver con políticos de tan corta talla como los que abundan hoy, está la vida cotidiana que nos muestran nuestros diputados y gobernantes. Y esa sí que resulta también  absolutamente censurable. He clamado contra unos parlamentos –nacional o autonómico- convertidos en un circo mediático y con unos parlamentarios que se comportan más que como próceres de la Patria o de la Región como irresponsables títeres de un espectáculo partidista que en nada beneficia a la vida pública española o regional y que es un torpedo contra el sistema democrático. Pero parece que no aprenden, y en los últimos días han protagonizado unos espectáculos en las Cortes de Castilla-La Mancha que me parecen bochornosos. Desde luego estoy contento de no ser parlamentario pues si me hubiera envuelto en ese sainete político me habría visto obligado a presentar mi dimisión con carácter irrevocable.

Hoy escribo al margen de mi dolor como bibliotecario al comprobar cómo ni el gobierno regional ni los partidos gobernantes (PSOE y PODEMOS) han escuchado mi clamor pidiendo que las bibliotecas públicas estuvieran dentro de las prioridades políticas y se plasmara en los acuerdos o en las enmiendas. ¡Allá ellos!, que no desoyen al director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha sino a un tercio de los castellano-manchegos que son socios de la Red de Bibliotecas. Un día se iniciará una rebelión de los bibliotecarios y de los usuarios y todos los políticos que ahora dan la espalda a las bibliotecas comprobarán que no serán votados por los ciudadanos en próximas elecciones. Y se lo habrán ganado a pulso…

Me siento indignado por ver cómo hasta los más “progres” se aferran al sistema de rodillo, de mayorías absolutas. No soy partidario de las mayorías absolutas sino de la búsqueda de acuerdos y consenso; y de la declaración de algunos de los grupos políticos de nuestras Cortes podría desprenderse que también son de esa opinión. Pero, ¿ninguna de las enmiendas de la oposición merecía la pena ser aprobada? Había un acuerdo previo entre PSOE y PODEMOS para aprobar los presupuestos de 2017, y resulta que las únicas enmiendas aprobadas son las acordadas por estos dos grupos que forman el gobierno. ¡Rodillo, rodillo, rodillo, como en los mejores tiempos de mayoría absoluta!

Pero hay mucho más. Yo no quiero juzgar, pero invito a todos los diputados a mirarse en un espejo. Que ellos mismos juzguen sus comportamientos de patio de colegio (perdón) o de bronca callejera. Un día un grupo político o varios grupos, salen de la sede. Otro día son expulsados uno a uno hasta una decena de diputados. Un presidente de comisión es separado y asume esa presidencia el de las Cortes. Y no digamos cuando el insulto se convierte en el discurso parlamentario más elocuente o se comienzan a mostrar pequeñas o no tan pequeñas pancartas que no son propias de un parlamento democrático.

Se van a aprobar los presupuestos, pero se ha perdido una nueva oportunidad de regeneración de la vida democrática. Otra vez estamos en un sistema partitocrático en lugar de democrático. Y no se ven nuevos tiempos por ningún lado.

Los tres grupos políticos de las Cortes de Castilla-La Mancha tienen que comprometerse a un ejercicio parlamentario limpio, digno, constructivo y de consenso. No me resisto a no citar la declaración del grupo de PODEMOS en la web de las Cortes, hoy sin ninguna credibilidad, al menos para mí: “La responsabilidad de Podemos, en esta situación política excepcional, es continuar siendo un agente social estructurador del proceso de cambio político y social en marcha. Nuestro horizonte de expectativa está claramente definido: ¡no podemos defraudar la ilusión de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestra Región!”  Creo que no necesita comentarios: que dos profesores universitarios se presten a un juego político de tan bajo fuste me sorprende.

Ustedes, parlamentarios de Castilla-La Mancha, serán responsables por sus actitudes caciquiles e irresponsables, del comportamiento de muchos ciudadanos. ¿Qué pensarán jóvenes y adultos de unos políticos que utilizan la sede de la soberanía popular de nuestra región para el insulto y el esperpento? ¿Cómo van a pedir diálogo y consenso a los ciudadanos si ustedes desprecian esas actitudes que dicen defender? ¿Cómo van a invitar a la participación en la vida pública y política si sólo envían mensajes de partidismo e intolerancia?

Las Cortes de Castilla-La Mancha deben ser una garantía para la sociedad regional. Pero se necesitan parlamentarios que estén dispuestos a trabajar por un verdadero consenso, a aprovechar las posibles buenas ideas de la oposición, a construir nuestra región con la colaboración de todos. Las barreras ideológicas tienen que desecharse cuando de lo que se trata es de buscar una sociedad mejor para todos, sin tener en cuenta su credo político y las etiquetas.

Juan Sánchez Sánchez.

Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Director de la Biblioteca de Castilla-La Mancha

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