La Junta de Castilla-La Mancha seguirá en 2018 luchando por evitar la despoblación de algunas zonas de la región

para lo cual se realizarán medidas de discriminaciones positiva en las bases y convocatorias que ponga en marcha el Ejecutivo autonómico así como del resto de iniciativas que redunden en la efectividad de esta estrategia.

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha comparecido hoy en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha recordado que a través de los fondos estructurales FSE, FEDER Y FEADER se pretende implementar actuaciones e inversiones que promuevan iniciativas para mejorar las condiciones en aquellas zonas que tienen ese problema de despoblamiento, con el objetivo de “evitar que los ciudadanos se vayan de estos territorios y, en la medida de lo posible, conseguir que aumente la población”.

Esta actuación está dirigida a un total de 623 municipios de Castilla-La Mancha de los cuales 37 pertenecen a la provincia de Albacete; 26 a la de Ciudad Real, 238 a la provincia de Cuenca; 262 a la provincia de Guadalajara y 60 a la comarca de Talavera de la Reina (Toledo). Estas zonas ITI engloban el 50 por cierto del territorio regional, aunque su peso demográfico es del 17 por cierto.

Martínez Guijarro ha explicado que el presupuesto de la Presidencia asciende en 2018 a 58 millones de euros, un 0,6 por ciento del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma, y supone un incremento del 2,28 por ciento con respecto al año anterior, por debajo del 3,11 del presupuesto general de la región.

Los gastos de personal suponen un incremento del 4,68 por ciento debido a tres razones; dos de carácter general, como son la subida salarial del 1 por ciento y el aumento derivado de la aplicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016, esto es, la recuperación del 1,5 por ciento de la tasa Cospedal; y la tercera, por la modificación de la estructura orgánica de la Presidencia.

Por su parte, el gasto corriente o de funcionamiento mantiene la línea de ahorro iniciada en los dos años anteriores y se congela. Esto se debe principalmente a la austeridad en la gestión de las asistencias técnicas, tal y como ha expresado Martínez Guijarro.

Con este presupuesto, el Gobierno regional pretende consolidar objetivos entre los que se encuentra acercar la Administración a los ciudadanos, implementar la cultura de la transparencia, conseguir una mayor participación ciudadana, así como canalizar la actuación del Ejecutivo en defensa de los intereses regionales con otras administraciones.

Transparencia y Buen Gobierno

Por otra parte, el vicepresidente primero del Gobierno regional ha señalado que tras la entrada en vigor de la Ley 4/2016 el pasado 30 de enero, de Transparencia y Buen Gobierno, en 2018 se verán materializados dos hitos como consecuencia de su desarrollo reglamentario.

Por un lado, la aplicación de un Código Ético para los altos cargos y asimilados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el que se definan los valores, principios éticos y aquellos comportamientos o estándares de conducta que deben guiar la actuación de aquellos, más allá de las normas jurídicas previamente establecidas, contribuyendo a mejorar la calidad de las instituciones, así como la integridad y eficiencia de quienes desempeñan cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. Y, por otro lado, la creación y puesta en funcionamiento del Registro de Grupos de Interés de Castilla-La Mancha, según exige el artículo 44.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre que permitirá asegurar que los grupos que traten de influir en los procesos de toma de decisión tengan que figurar en este registro.

Finalmente, la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno impulsará y coordinará la actividad estadística regional que se centrará  fundamentalmente en extender la colaboración con instituciones estatales con el fin de poder obtener, organizar y analizar una mayor cantidad de información estadística relativa a la región; ofrecer una mayor cantidad de información estadística objetiva y de calidad de carácter económico; atender las demandas de información de ciudadanos e instituciones interesadas en explotaciones estadísticas; así como elaborar informes de coyuntura económica de carácter  trimestral que permitan conocer en qué situación del ciclo económico nos encontramos.

Participación Ciudadana

Por su parte, la Dirección General de Participación Ciudadana elaborará en 2018 la memoria anual de las actividades desarrolladas en esta materia por las Consejerías del Gobierno regional y se tramitará el programa anual de participación ciudadana, además de impulsar acciones de sensibilización y programas de formación para los ciudadanos y entidades en los que se fomente la cultura de la participación ciudadana en la Administración.

En este punto, el vicepresidente primero ha destacado que la futura Ley de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha regulará “un nuevo modelo de participación en el que el ciudadano pueda intervenir sin necesidad de integrarse en ningún órgano administrativo”. Con este Ley se busca no solo incentivar la participación en los temas propuestos por los poderes públicos, sino también permitir la apertura de procesos participativos a instancias de los ciudadanos.

Por este motivo, Martínez Guijarro ha añadido que se habilitará un Portal de Participación Ciudadana en el que se promoverá la participación en las políticas públicas a través de diferentes canales de comunicación, facilitando información sobre los instrumentos de participación ciudadana e impulsando espacios para la presentación de opiniones, aportaciones y propuestas, así como foros de debate.