En concreto, uno de los procedimientos judiciales se ha abierto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete, por unas diligencias previas incoadas el 24 de marzo por el fallecimiento de una mujer de 70 años, según los datos ofrecidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado.
En el segundo procedimiento judicial se han incoado diligencias previas el 20 de abril en el Juzgado de Instrucción de La Roda, en virtud de una denuncia de un particular por desatención de las autoridades sanitarias.
Además, la Fiscalía mantiene abiertas 109 investigaciones penales por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de COVID-19 distribuidas por todo el país, de las que diez se encuentran en Castilla-La Mancha y casi la mitad en la Comunidad de Madrid.
Son datos actualizados a 27 de abril y ofrecidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado por comunidades autónomas y provincias que demuestran que Madrid registra, de lejos, el mayor número de caso abiertos, 42, casi el doble que la siguiente comunidad en la lista, Cataluña, con 24.
Tras Madrid y Cataluña siguen en este orden, Castilla-La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y Baleares, La Rioja y Cantabria (1).
En el caso de Castilla-La Mancha, una de estas investigaciones se desarrolla en la provincia de Cuenca, otra en la de Guadalajara, dos en la provincia de Toledo, otras dos en la provincia de Albacete y cuatro en la provincia de Ciudad Real.
En algunas comunidades como Murcia y Navarra no se han abierto investigaciones penales mientras que en otras como Andalucía, Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana las que existían se han archivado o sobreseído.
Al total de 109, hay que añadir otras 12 que ya se tramitan en los juzgados, según han precisado fuentes fiscales, dos de ellas en Castilla-La Mancha.
A estas investigaciones penales, se suman más de 160 diligencias por la vía civil que ha cursado el ministerio público, con el objetivo de vigilar la evolución de estos centros y de sus mayores en el marco de la protección de sus derechos como colectivo en situación de vulnerabilidad.
No obstante, ese número no corresponde con el total de residencias investigadas, que es más elevado dado que en algunos casos una misma investigación aglutina varias residencias o simplemente se realiza un seguimiento de muchas.
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