por las obras de conexión de abastecimiento con la Estación de Transferencia de Agua Potable (ETAP) de Albacete, según la resolución judicial tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ratificada por el Tribunal Supremo, que ya ha inadmitido los últimos recursos de casación que había interpuesto la propia Confederación.
En concreto, a los municipios de Peñas de San Pedro y Alcadozo, la Confederación les exigía el pago de 2,7 y 3,4 millones de euros, respectivamente, cantidades que deberían de haber empezado a abonar anualmente desde el año 2009 y durante 25 años, por unas obras que nunca antes habían solicitado estos pueblos, y que finalmente no tendrán que hacer efectivo al haber llevado el caso a los tribunales de Justicia y haber obtenido el respaldo de los mismos.
Los alcaldes de Peñas, Antonio Serrano; y de Alcadozo, Ángel Alfaro, argumentaron entonces que las cantidades exigidas por la Confederación están fuera del alcance económico de sus pequeños municipios, con poblaciones entre los 600 y los 1.400 vecinos, mucho más cuando se trata de unas obras que ninguno de estos alcaldes solicitaron, por lo que no participaron en convenio administrativo alguno. El abstecimiento de agua potable a la población lo tienen asegurado a través de sus propios medios, mediante pozos subterráneos, argumentaron.
Serrano y Alfaro recordaron que estas obras de conexión comenzaron en el año 2005 de forma unilateral por parte del Ministerio de Medio Ambiente y ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendiendo que se habían invadido competencias exclusivas de los Ayuntamientos, y poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria de los mismos con estos “tarifazos inasumibles”.
Lamentaron, además, que por aquel entonces la Confederación sólo se comunicara con los alcaldes a través del Boletín Oficial del Estado, sin participación alguna en los proyectos a los que por otra parte no habían sido llamados, quedando al margen de los procesos de planificación y de decisión para todas las cuestiones que les afectan directamente”.
REAL DECRETO NULO
Estas obras llamadas de emergencia entonces por el Ministerio de Medio Ambiente, fueron amparadas entonces por un Real Decreto del Gobierno de España del que era ministra Cristina Carbona, y que posteriormente quedó declarado nulo por sentencia judicial firme del TSJ-CLM, al no haber contado con un organisimo contemplado por la Ley de Aguas en el que participaban las Comunidades Autónomas y otros entes locales.
Los alcaldes expresaron su satisfacción por la resolución judicial de un largo litigio que arrancó en el año 2009 y para el que ha habido que pelear duro para no hacer frente a unas cantidades que resultaban desproporcinadas para los pequeños municipios de la provincia de Albacete.
“En este sentido, tengo que agradecer el esfuerzo realizado por el jefe de los Servicios Jurídicos de la Diputación, Antonio Toledo, y de la propia institución provincial, que apoyó con unanimidad de todos los grupos políticos la moción presentada al respecto”, explicó Antonio Serrano.
“Una vez más, David ha vencido al gigante Goliat, y los alcaldes de municipios pequeños que entonces promovimos esta rebelión podemos decir con plena satisfacción por la Justicia nos ha dado la razón y que nuestros pueblos no tienen ya nada que temer”, concluyeron.
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