La Junta invertirá 136 millones de euros en mantenimiento, gestión y depuración de aguas y mejora del abastecimiento

Del total aprobado, 102,5 millones de euros se destinarán al mantenimiento y gestión de 238 depuradoras de aguas residuales; 24,7 millones al sistema de abastecimiento Picadas-Almoguera y la Mancomunidad ‘El Girasol’; 4,8 millones a las labores de control de abastecimiento y depuración en 417 municipios y cuatro millones de euros más a la ampliación de la EDAR urbana de Tarancón.

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 102,5 millones de euros para mantener y gestionar adecuadamente 238 depuradoras de aguas residuales en la región que dan servicio a 265 localidades.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, con el gasto aprobado se van a licitar, y posteriormente a contratar, las labores de mantenimiento, gestión y explotación de dichas depuradoras durante cuatro años, más una posible prórroga de otro año más.

El conjunto de tales depuradoras se ha dividido la Zona 1 para Toledo y zona de Anchuras (Ciudad Real); Zona 2 para Ciudad Real, Zona 3 para Albacete y zona sur y este de Cuenca más Ruidera (Ciudad Real), y Zona 4 para Guadalajara más zona norte y oeste de Cuenca.

Con dicho contrato, se contará con la labor de control de 247 operarios especialistas en depuración, 34 de ellos nuevos, junto con todo el material necesario para llevar a cabo estos trabajos. Hernando ha señalado que “es una cifra importante en términos de empleo y en un sector absolutamente fundamental para que tantos municipios grandes como pequeños puedan cumplir con la normativa medioambiental y no se vean expuestos a posibles sanciones por parte de la Unión Europea”.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de más de 4,8 millones de euros para mejorar el control del abastecimiento y la depuración de agua potable en 417 poblaciones de la región que aglutinan a una población superior a los 750.000 habitantes y que en verano puede sobrepasar el millón de personas.

La aprobación de este gasto permitirá contar con 35 técnicos especializadas en materia de agua, con sus correspondientes vehículos y todo el material necesario para prestar el servicio requerido, teniendo en cuenta la dificultad que conlleva la gran dispersión de las infraestructuras existentes en nuestra región y gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una inversión de más de 24,7 millones de euros para dar continuidad a la gestión y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de Picadas-Almoguera y la Mancomunidad ‘El Girasol’ por un periodo de dos años ampliables a otros dos.

La medida permitirá seguir abasteciendo con agua de excedente calidad a más de medio millón de habitantes de las provincias de Toledo y Cuenca, incluida la capital regional, garantizando así el correcto funcionamiento del suministro hasta el 2023 en 125 municipios, incluyendo los 45 municipios de la Mancomunidad del Río Algodor a los que también se suministra agua desde Almoguera.

Por último, también en materia de agua, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un gasto de casi cuatro millones de euros para la contratación del proyecto y obra para la mejora y ampliación de una de las dos depuradoras de aguas residuales de Tarancón.

La localidad cuenta con dos estaciones depuradoras y una de ellas, la gestionada por el Ayuntamiento, posee una antigüedad de 20 años, por lo que se hace necesaria su ampliación con una nueva línea de tratamiento.

La inversión necesaria será asumida al cien por cien por la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, y una vez finalizada, permitirá tratar 5.280 metros cúbicos de aguas residuales al día.

“En total, sumando todas estas inversiones, en este Consejo de Gobierno hemos aprobado 136 millones de euros en actuaciones de mantenimiento, gestión y depuración de aguas residuales y mejora del abastecimiento”, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Adendas al Plan de Empleo con las diputaciones de Albacete y Ciudad Real

El Gobierno regional también ha autorizado la firma de dos adendas a los convenios entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y las diputaciones provinciales de Albacete y Ciudad Real para complementar la aportación financiera de dichas Diputaciones al Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha 2018-2020 y compensar los efectos del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019.

Así, y teniendo en cuenta que el SMI para este 2019 se ha incrementado un 22,3 por ciento, respecto al pasado año, el Gobierno regional ha trasladado dicho incremento a las contrataciones efectuadas en el marco del Plan de Empleo vigentes desde el 1 de enero de 2019.

Hernando ha afirmado que la Diputación de Toledo lo hará en breve y que el Ejecutivo autonómico está a la espera de ver si también deciden suscribir estas adendas las diputaciones de Cuenca y Guadalajara.

Decreto del Informe de Evaluación de los Edificios

Por último, se ha aprobado el Decreto del Informe de Evaluación de los Edificios que establece la obligación de realizar este informe a toda edificación, cualquiera que sea su uso o destino, no solo el residencial como hasta ahora, y que tenga una antigüedad superior a 50 años.

La modificación de este Decreto recoge una cuestión muy demandada por los colectivos profesionales y empresariales del sector de la construcción ya que era necesario revisar el anterior Decreto de 2015 para incorporar también una serie de mejoras en la tramitación y registro de estos instrumentos técnicos cuya finalidad es garantizar el correcto estado de conservación de los inmuebles en pos de su adecuado mantenimiento y habitabilidad así como de la seguridad de sus usuarios.

El nuevo Decreto ahora aprobado regula la elaboración de los Informes de Evaluación de los Edificios, lo que, en palabras de Hernando, “viene siendo la ITV de los edificios”, y su inscripción en el Registro a través de una nueva plataforma informática de acceso general a la ciudadanía que moderniza la tramitación de este instrumento y simplifica notablemente la carga administrativa aparejada.