La Ley de Metrología (Ley 32/2014) establece sanciones para aquellos ciudadanos que incumplan con la nueva norma de hasta 5.000 euros por el incumplimiento de estas obligaciones.
Esta misma semana, el pasado 24 de febrero, el Gobierno publicó la Orden Ministerial ICT/155/2020, que obliga a cambiar, entre otros instrumentos de medición, los contadores de agua fría y caliente con más de 12 años de antigüedad. Una exigencia que afectará, según ista, empresa de servicios de medición de consumos de energía y agua, a más de 3 millones de contadores en toda España.
Esta medida, que ya se aplica en otros países de la Unión Europea como Alemania, facilitará el control del gasto y reducirá los posibles errores de medición en unos aparatos que normalmente tienen una vida útil de cinco o seis años. Como novedad, esta norma establece que los contadores de agua que se estropeen, deberán ser sustituidos por otros nuevos, no siendo posible su reparación.
Esta sustitución permitirá, además, un mayor ahorro económico en los hogares. “Considerando que una familia media gasta unos 225 euros al año en agua, sustituir los contadores antiguos por otros con una medición equilibrada supondrá un ahorro medio del 15%”, sostiene Ignacio Abati, director General de ista España.
Según los datos de la compañía, en nuestro país hay un total de tres millones de contadores de propiedad particular que tienen una antigüedad superior a los 12 años. “Si el propietario de una vivienda es además propietario de su contador divisionario, será el responsable de cumplir con esta obligación, para la que hay un periodo de adaptación de cinco años, aunque también puede delegar esta responsabilidad en un gestor”, explica Abati.
El incumplimiento de estas obligaciones podría acarrear multas de hasta 5.000 euros, tal como establece la Ley de Metrología de 2014, recuerdan desde ista.
La aprobación y puesta en marcha de esta Orden Ministerial facilita la modernización de los equipos de medición, mejorando las lecturas y la adopción de medidas que permitan el ahorro energético.
Para su aplicación en todo el territorio nacional, el Gobierno central dará un plazo de cinco años, al término de los cuales se habrán tenido que sustituir todos los equipos.
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