La ley, que desarrolla la normativa básica estatal de acuerdo con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, tiene por objeto regular e impulsar la transparencia de la actividad pública, en su vertiente de publicidad activa, así como el derecho de acceso de las personas a la información y documentación públicas.
Se ocupa asimismo de los principios básicos para la implantación de un código de buen gobierno y de gobierno abierto en la actividad pública, promoviendo el ejercicio responsable de la misma y establece un régimen de garantías y de responsabilidades por el incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en esta ley.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, entre otros aspectos, regula la actividad de los lobbies, amplía la condición de alto cargo a los asesores y fija sanciones que incluyen la posibilidad de cesar a altos cargos.
El régimen sancionador regula la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes y las obligaciones que impone la ley tanto en materia de transparencia como de buen gobierno.
Así, se establecen sanciones en función de la gravedad de la infracción que van desde los 600 a los 12.000 euros.
En el bloque de transparencia, la ley incorpora aspectos no incluidos a nivel estatal, entre ellos, la obligatoriedad de publicar las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de los altos cargos, los gastos en publicidad o la relación de vehículos oficiales.
Recoge la obligatoriedad de publicar las agendas institucionales, las relaciones de puestos de trabajo y la información sobre todo tipo de contratos.
En la parte del acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede solicitar cualquier documento que se encuentre en poder de la Administración regional, con las limitaciones que establece la legislación básica de Estado.
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