El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy el impulso en 2017 de una ley de vivienda y rescate habitacional que
"garantice al máximo nivel avanzado de toda España el derecho a la vivienda" en la comunidad autónoma.
García-Page ha hecho este anuncio durante la entrega en Madridejos (Toledo) junto a la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, de cuatro viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, de una promoción de la empresa pública Gicaman.
El presidente ha explicado que se trata de convertir en ley el plan de rescate habitacional, uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Podemos que dio el Gobierno de Castilla-La Mancha a Emiliano García-Page.
"Lo hemos negociado con Podemos y coincidimos con los diputados que hay en las Cortes regionales de Podemos en que lo mejor no es hacer documentos sino intentar que lo que queremos, las estrategias que queremos, tengan el máximo rango legal, que sean leyes", ha aseverado.
Por otra parte, De la Cruz ha informado de que las oficinas antidesahucio puestas en marcha hace un año por el Gobierno de Castilla-La Mancha han atendido hasta el momento a 1.121 familias en riesgo de pérdida de su hogar, al tiempo que se han evitado 38 lanzamientos.
Más cosas con el mismo dinero
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido hoy que "con el mismo dinero que tenía la región" durante la pasada legislatura, le están "dando la vuelta a muchas cosas" y ha advertido de que el "problema" es "de prioridades".
García-Page se ha pronunciado así durante su intervención en el acto de entrega en Madridejos (Toledo) de cuatro viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, de una promoción de la empresa pública Gicaman.
El presidente regional ha defendido su gestión y ha criticado a quien, en lugar de invertir en dependencia, "ha preferido gastarse un millón de euros en una cumbre del vino" que ha dicho que ha tenido que pagar el actual Ejecutivo "para que se lleven el dinero algunos amigos".
Con ello, ha avisado de que no están "en condiciones de asumir lecciones sobre lo que es moderación o sobre lo que es radicalidad" y ha considerado que "hay gente que tendría que guardar una cierta cuarentena para hablar de estas cosas en esta región".
Así, ante quienes le acusan de pactar con "radicales", ha afirmado que "radical ha sido el despido de 23.000 funcionarios públicos, la forma en que se pararon las obras de los cinco hospitales que necesita la región, el destrozo de la educación pública" o "hacer esperar a 26.000 familias que necesitaban la dependencia y que su expediente estaba en un cajón".
También "la manipulación de los medios de comunicación, la supresión de la ayuda a domicilio que han tenido que ir soportando los ayuntamientos" y "el abandono del mantenimiento de las carreteras".
"En este país tan político yo distinguiría las frases radicales, que no me gustan, porque somos moderados, de las políticas radicales que han hecho aquellos que presumen de ser moderados y han hecho las políticas de más retroceso que se pueden contemplar en un país", ha aseverado.