El presidente regional ha lamentado el abandono al que se han visto sometidas durante los últimos 4 años un total 500 viviendas
públicas “prácticamente acabadas” que podrían haber servido a las personas con mayores necesidades.
La nueva Ley Regional de Vivienda podría “estar sobre la mesa” durante “el primer tramo” del próximo año para iniciar su tramitación parlamentaria y aprobación definitiva a lo largo de 2017. Una norma que garantizará como derecho el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha “tal y como dice la Constitución Española”.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo autonómico durante el acto de entrega de llaves de 49 viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a compra que se ha celebrado en el salón de actos de la Consejería de Fomento en Toledo; un acto en el que García-Page ha estado acompañado por la titular regional del área, Elena de la Cruz; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; y el delegado de la Junta en la provincia, Javier Nicolás.
El presidente regional ha detallado asimismo que esta nueva normativa regional servirá para “regular el flujo de promoción de vivienda” en la región y de recoger los nuevos modelos de gestión de la vivienda pública, adaptando así el texto “a los nuevos tiempos”.
“Cuando la economía o el mercado no lo garantizan, tenemos que proponernos toda la sociedad que no puede haber nadie sin acceso a una vivienda de una manera u otra”, ha enfatizado el presidente quien ha aclarado que “no es lo mismo un techo que una vivienda”, algo que “queremos garantizar para la gente que más lo necesita”.
Un total de 500 viviendas paralizadas en los últimos 4 años
Al hilo de estas declaraciones, el presidente regional ha lamentado el abandono al que se han visto sometidas durante los últimos 4 años un total 500 viviendas públicas “prácticamente acabadas” que podrían haber servido a las personas con mayores necesidades.
“Lo verdaderamente incomprensible de estos últimos años en Castilla-La Mancha no es que no se haya levantado ni un solo ladrillo de vivienda pública”, sino que las que ya estaban terminadas hayan estado “muertas de risa” y que incluso unas 200 hayan tenido que ser objeto de mejora debido a su estado de abandono. “Esto es realmente doloroso”, ha remarcado García-Page.
La paralización del Hospital General Universitario de Toledo ha costado 22 millones
En esta misma línea, el presidente del Ejecutivo autonómico se ha referido al Hospital General Universitario de Toledo cuyas obras siguen adelante en el barrio de Santa María de Benquerencia, zona residencial de la capital regional en donde también se ubican las 49 viviendas, propiedad de la empresa pública de gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha (GICAMAN) cuyas llaves han sido entregadas este viernes.
El presidente de Castilla-La Mancha ha cifrado en unos 22 millones de euros los costes derivados de la “incomprensible” paralización de las obras del centro hospitalario toledano, lo que conllevará que la inversión final alcance los 400 millones de euros.
Con todo, se ha mostrado esperanzado con el impulso que el polígono residencial de Santa María de Benquerencia recibirá tras la puesta en marcha de ese hospital, que será “la principal empresa de Castilla-La Mancha”, con una previsión de más de 3.500 trabajadores y un flujo diario de entre 3.000 y 4.000 usuarios.
Una previsión que unida a la finalización de la A-40 entre Toledo y Ocaña –cuya urgencia ya ha sido trasladada al Ministerio de Fomento- y las posibilidades de conexión directa con Madrid “duplicarán” las posibilidades y “expectativas comerciales y de negocio” de este barrio toledano que, tal y como ha subrayado García-Page, ya es a día de hoy “uno de los barrios más potentes y con más servicios de España”.
Entrega de llaves
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha entregado hoy las llaves de 49 viviendas públicas en régimen de alquiler con opción a compra a otras tantas familias de la provincia de Toledo que han resultado adjudicatarias en los procesos de valoración que se llevan a cabo del Registro Oficial de Demandantes de Vivienda. Construidos por la empresa pública Gicaman en una promoción de 101 Viviendas de Protección Oficial situada en el Polígono de Santa María de Benquerencia de la capital toledana, los pisos entregados hoy permanecían sin habitar a pesar de que la obra concluyó a finales de octubre de 2011. Aproximadamente un 15 % de las viviendas del edificio han sido asignadas a colectivos considerados prioritarios, como familias que han sufrido un desahucio hipotecario con anterioridad.
Los nuevos adjudicatarios de esta promoción, que ha permanecido cuatro años prácticamente deshabitada, tienen una edad media de 41 años con un 22% de familias numerosas con cinco o más miembros en la unidad familiar. La promoción cuenta con pisos de 1, 2 y 3 dormitorios de entre 60 y 83 metros cuadrados útiles por las que sus inquilinos pagarán una media de 226 euros mensuales de alquiler más gastos de comunidad, el Impuesto de Bienes Inmuebles y los gastos de consumo privativos. Una de las viviendas está adaptada a personas con movilidad reducida.
Por lo que respecta a las 16 viviendas entregadas por la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, en Guadalajara, 15 pertenecen también a una promoción de la empresa púbica Gicaman con 48 unidades de tres y cuatro dormitorios y superficies que oscilan entre los 76 y los 88 metros cuadrados útiles situada en el barrio de Escritores. El edificio fue finalizado en noviembre de 2011 habiéndose adjudicado inicialmente 28 de las viviendas en régimen de compraventa.
Los nuevos inquilinos tendrán que hacer frente a una renta media de arrendamiento de 250 euros mensuales, corriendo los gastos privativos, la comunidad y el IBI por cuenta de los adjudicatarios. Dos de los futuros moradores habían sufrido desahucios con anterioridad. Entre las viviendas entregadas figuran también dos adaptadas a personas con movilidad reducida. Con estas entregas ha quedado habitado el total máximo de esta promoción de la capital guadalajareña. Hoy además, se ha hecho entrega de llaves de otra vivienda en la localidad de Heras de Ayuso.
Según ha indicado la consejera de Fomento en los actos de entrega de las llaves, durante el presente mandato, la Junta de Comunidades ha superado ya las 400 viviendas públicas en régimen de alquiler adjudicadas, gran parte de las cuales en promociones de Gicaman que estaban terminadas o a falta de remates finales de obra antes de que se iniciara la legislatura precedente.
La Consejería de Fomento ha procedido además durante los últimos 17 meses a la reparación de más de 250 unidades de vivienda pública de titularidad autonómica o de la propia empresa pública que se encontraban en una situación de práctica inhabitabilidad a consecuencia de destrozos sufridos en el pasado y que ha podido poner a disposición de los demandantes de VPO en régimen de alquiler.
Estas y otras acciones en materia de vivienda, como la creación del Programa de Intermediación Hipotecaria o las más de 4.000 ayudas al alquiler gestionadas durante este año por los Servicios de Vivienda de la Junta de Comunidades han llevado a Elena de la Cruz a concluir que “hemos dado un giro de 180 grados” en esta cuestión. “El Gobierno que preside Emiliano García-Page es sensible y tiene conciencia social”, ha afirmado De la Cruz, quien ha subrayado el objetivo de “seguir pensando en las personas que peor lo pasan” a la hora de definir políticas en el área de Vivienda porque “disponer de un hogar es algo básico y fundamental, el pilar desde el que las personas y las familias pueden empezar a construir su vida”.