La necesidad de establecer un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas ha sido subrayada por el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Este sistema debería incluir indicadores que permitan evaluar el coste de los servicios públicos en las áreas despobladas, así como la manera en que se debe compensar dicho coste a las comunidades autónomas.
Durante la entrevista que mantuvo con el periodista Manuel Campo Vidal, en el contexto del evento 'Empuéblate. Soluciones contra la despoblación', organizado por EuroCaja Rural y Next Education, se precisó que estos indicadores pueden ser incorporados mediante mecanismos como "la población ajustada" o, alternativamente, estableciendo "un fondo específico" destinado a financiar los servicios públicos, lo que generaría apoyo en las áreas afectadas por la despoblación. Además, reconoció que existe una tercera opción, por la cual apuesta el Ejecutivo autonómico, que consiste en una combinación de ambas propuestas.
Martínez Guijarro ha abordado específicamente el gasto relacionado con la mantención de los servicios públicos en los municipios que enfrentan despoblación en la región. Como ilustración, mencionó la provincia de Guadalajara, donde el precio de una tarjeta sanitaria en estas áreas es cinco veces superior al costo que representa en la capital.
Se han cumplido cuatro años desde la implementación de la Ley de Despoblación.
El próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, programado para el 26 de febrero, será el escenario donde el Gobierno de Castilla-La Mancha continuará su reivindicación. En este encuentro, se espera la participación de representantes de todas las comunidades autónomas.
En el transcurso de la charla, el vicepresidente primero ha señalado que en mayo del próximo año se conmemorarán cuatro años desde que se aprobó la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.
En este año 2025, se realizará la primera evaluación intermedia de la Estrategia frente a la Despoblación, que es la herramienta fundamental para implementar la Ley. Esta evaluación permitirá obtener información sobre los primeros resultados.
Según los últimos datos disponibles, se pueden comenzar a observar los primeros indicadores que reflejan resultados positivos, como ha mencionado. En particular, desde que la Ley entró en vigor, se ha contabilizado un saldo migratorio positivo de 15.000 personas en áreas despobladas de la región.
En términos más específicos, ha comentado que lo que se deduce de estas cifras es que el saldo migratorio resulta ser positivo en casi todas las áreas definidas por la ley. "Esto representa un paso imprescindible para invertir la tendencia de la despoblación."
Los resultados iniciales están relacionados con la garantía de acceso a los servicios públicos en áreas rurales, así como con la fiscalidad diferenciada para los habitantes de estos municipios. Al profundizar en las cifras, se observa que más de 89.000 declaraciones han utilizado las desgravaciones fiscales en la última campaña de la renta, un número que ha ido aumentando con el tiempo.
Un componente fundamental de la Ley de medidas contra la despoblación son las iniciativas de apoyo y incentivación positiva, diseñadas para contrarrestar el fenómeno de la pérdida demográfica. En este sentido, se ha mencionado que "si hablamos del apoyo al emprendimiento, el 25 por ciento de las ayudas de inicio de actividad que se han dado a lo largo de estos años en la región se han quedado en las zonas despobladas".
Finalmente, se ha expresado la urgencia de que el Gobierno Central desarrolle el Estatuto del pequeño municipio, el cual debe ajustar la legislación a las características de las entidades locales. Además, es fundamental que se contemple la situación actual de los pueblos en el nuevo Plan de Vivienda.