El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la garantía de la accesibilidad en los edificios residenciales, reconociéndolo como un derecho fundamental para las personas con discapacidad. “Para el Gobierno, mejorar la accesibilidad universal es una cuestión prioritaria”, ha señalado el diputado socialista por la provincia de Albacete y portavoz en Políticas Integrales para la Discapacidad, Emilio Sáez. Él fue quien defendió la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que busca modificar la Ley de Propiedad Horizontal.
Finalmente, Emilio Sáez ha afirmado que “son muchos los hogares y comunidades vecinales que no pueden hacerse cargo del coste de la adaptación de sus espacios. Por esta razón, consideramos que es necesario establecer ayudas públicas cuando sea necesario, para que puedan llevar a cabo este esfuerzo”.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal introduce la obligación de proporcionar ayudas públicas para llevar a cabo obras que mejoren la accesibilidad en los edificios residenciales. Esta medida busca “impulsar y favorecer la realización de obras de mejora de la accesibilidad en los edificios de viviendas constituidos en régimen de propiedad horizontal, en función de las conclusiones del Grupo de Trabajo de Accesibilidad puesto en marcha por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana”, explicó el diputado socialista.
“Sin accesibilidad, el derecho a una vivienda digna se convierte en un desafío casi insuperable para las personas con discapacidad”, ha declarado Emilio Sáez. Este último ha resaltado que, hasta ahora, la Ley de Propiedad Horizontal ha tenido cambios parciales relacionados con la accesibilidad, “pero no han resuelto el acceso a una vivienda para las personas con movilidad reducida”.
Asimismo, Sáez Cruz ha declarado que “para el Gobierno, mejorar la accesibilidad universal es una cuestión prioritaria”. Por esta razón, se ha elaborado un anteproyecto destinado a reformar las leyes de dependencia y discapacidad. En este documento, “se señala la accesibilidad universal como un derecho” y, además, “crea un fondo estatal para promoverla en entornos públicos”.
El anteproyecto también contempla una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, “para obligar a las administraciones competentes a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para obligar también a la comunidad de vecinos de cada edificio a solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita”.