Un 25 por ciento más de políticas de igualdad han sido ejecutadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en comparación con lo que se había previsto en el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2019-2024. Esto se evidencia en el informe de evaluación trienal que abarca los ejercicios 2022-2024.
Los principales detalles de este informe han sido presentados por la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha indicado que “habrá que añadir después a una valoración mucho más amplia del Plan en su conjunto”.
Simón ha resaltado la implementación de 613 medidas en total, de las cuales 168 son acciones que, aunque no estaban contempladas en el documento estratégico inicial, “han sido ejecutadas desde el conjunto de las consejerías, junto al SESCAM y al Instituto de la Mujer, y que suponen una ejecución del 125 por ciento”. Esto evidencia, según ha añadido, “cómo el Gobierno de Emiliano García-Page trabaja, a diario, firmemente comprometido con la igualdad y que se ha hecho un esfuerzo colectivo muy importante para superar los objetivos previstos”.
La consejera ha señalado que actualmente existen 20 medidas “en estado de ejecución o pendientes de ejecución”. Esto se debe a que el Plan Estratégico podrá continuar su desarrollo en 2025 y 2026, gracias a la prórroga recientemente aprobada. Esta extensión fue motivada por las dificultades de implementación durante los años más críticos de la pandemia, entre otros factores, así como durante las etapas de análisis, conclusiones y elaboración del III Plan de Igualdad 2027-2032.
Fortalecimiento de las políticas de igualdad en diversas áreas.
Durante una comparecencia en el Palacio de Fuensalida, la consejera ha enfatizado que el principal objetivo del II Plan de Igualdad del Gobierno regional es “introducir medidas necesarias para poder combatir la desigualdad estructural que discrimina a las mujeres” y, al mismo tiempo, “evidenciar que las intervenciones que se realizan desde la Administración pública contribuyen a reducir dichas desigualdades”.
La responsable de Igualdad ha enfatizado que entre 2025 y 2026, el Gobierno regional se dedicará a la recopilación final de datos y a la formulación de conclusiones y recomendaciones. Estas acciones serán esenciales para la elaboración del III Plan de Igualdad, que se desarrollará de manera simultánea. Además, ha señalado que “medir el impacto de las medidas ejecutadas supone estimar los cambios que la acción haya producido en la sociedad, al menos un año después de su aplicación”.
Simón ha señalado que un 30,2 por ciento de las medidas implementadas se relacionan con educación, sanidad, empoderamiento femenino y calidad de vida. Por otro lado, el 15,5 por ciento está destinado a la prevención y combate de la violencia de género, mientras que un 54,3 por ciento se enfoca en integrar la perspectiva de género en la gestión pública. “Esto certifica la clara apuesta del Gobierno regional por la transversalidad de género y el esfuerzo realizado por todas las consejerías y organismos autónomos para desarrollar e implementar políticas de igualdad, a pesar de que las Unidades de Igualdad de Género fueron creadas hace poco, en 2019.”
En la elaboración del nuevo plan, la consejera ha señalado que, según las conclusiones preliminares obtenidas, “deberán ser objetivos importantes las políticas para incentivar la corresponsabilidad, la sensibilización en materia de igualdad y la investigación vinculada a las universidades para acabar con la desigualdad. Además, se incluirá la formación de personal público y la recogida desagregada de datos por sexos en todas las áreas, así como el esfuerzo constante por erradicar cualquier tipo de violencia”, ha expuesto Sara Simón.
El II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se estructura en torno a siete ejes estratégicos que abordan diversas medidas. Estos ejes incluyen la incorporación de la perspectiva de género en la gestión pública, la promoción de la autonomía económica de las mujeres y la corresponsabilidad, así como la lucha contra la violencia de género. También se destacan el empoderamiento y la participación social, la coeducación, así como la mejora de la calidad de vida y salud, y la igualdad de oportunidades en el ámbito rural.