Soluciones urgentes han sido exigidas por el Gobierno regional debido a la infrafinanciación que ha afectado a Castilla-La Mancha durante más de diez años. El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, lo expresó en declaraciones a los medios durante las XII Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación Autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE) sobre Finanzas Autonómicas, que se llevan a cabo en Santiago de Compostela; un encuentro que reúne a expertos, académicos y representantes institucionales de todo el país.
Ruiz Molina ha estado presente en un debate sobre finanzas autonómicas, donde se reunió con sus colegas de Hacienda de la Xunta de Galicia y la Comunidad Valenciana. En este encuentro, subrayó la relevancia de estos foros para analizar en profundidad el modelo de financiación autonómica, que lleva más de diez años esperando una revisión. Isidro Hernández, director general de Presupuestos, lo acompañó en esta ocasión.
En este contexto, la posición firme y coherente del Gobierno de Castilla-La Mancha en favor de una reforma del sistema actual ha sido expuesta por el consejero. Según ha indicado, “debía haberse revisado hace más de diez años y que, sin embargo, ningún gobierno central ha querido afrontar”. Además, ha precisado que “ni el Partido Popular cuando tuvo mayoría absoluta, ni el actual Gobierno de España, han asumido esta responsabilidad, aunque ahora sí se escuchan críticas desde todas las comunidades autónomas”.
Ruiz Molina ha expresado que, desde Castilla-La Mancha, se ha defendido de manera constante una postura coherente a lo largo del tiempo. Durante el mandato del presidente Rajoy se solicitó la reforma y esta petición continúa bajo el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, puesto que “claramente perjudica a nuestra comunidad autónoma”.
Es imprescindible llevar a cabo una reforma urgente que asegure la calidad en los servicios públicos.
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha enfatizado la necesidad de una reforma del modelo actual, describiéndola como “urgente” para la región. “Somos una de las comunidades autónomas peor tratadas”, ha indicado, un hecho que, según ha mencionado, es respaldado tanto por expertos como por el propio Ministerio de Hacienda.
Se ha contextualizado esta afirmación al señalar que la falta de financiación suficiente en Castilla-La Mancha representa “un sobresfuerzo” para ofrecer los servicios públicos esenciales “en las condiciones que se merece la ciudadanía”. Esto ayuda a entender una parte significativa del alto nivel de endeudamiento en la región, que se encuentra entre las comunidades autónomas con el mayor porcentaje de deuda en relación con su PIB. Como resultado, no es posible destinar recursos a otras políticas de desarrollo regional, considerando que, en términos de renta media, somos “una de las comunidades que mayor esfuerzo fiscal viene realizando”.
Un modelo innovador que asegure la igualdad.
La “urgencia de un nuevo modelo” es necesaria, como ha indicado Ruiz Molina, para abordar la “insuficiencia” de recursos destinados a los servicios que sostienen el Estado del Bienestar, tales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estos son “los más sensibles para la ciudadanía y fundamentales para la efectiva redistribución de renta”, ha señalado. Esta insuficiencia, continuó, se debe a una “falta de equidad vertical”, lo que implica la necesidad de reconsiderar cómo deben redistribuirse los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, existe también una “falta de equidad horizontal”, ya que se observan diferencias significativas en la financiación por habitante ajustado entre diversas regiones.
Se deben establecer mecanismos que aseguren la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional, de modo que todas las regiones sean compensadas o incluidas en las decisiones del Estado que impacten las finanzas de las comunidades autónomas.
En relación con este nuevo modelo, Ruiz Molina ha enfatizado nuevamente la importancia de que se “garantice el principio de igualdad”. Esto implica que todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia o su situación económica, deben tener “acceso al mismo nivel de calidad en los servicios públicos fundamentales”, considerando no la capacidad tributaria de la comunidad, sino la capacidad económica de los residentes.
Asimismo, ha expresado la necesidad de “corregir los problemas que tiene el actual sistema y tender a igualar la financiación por habitante ajustado”. Según su indicación, esto implica “refundir en un solo fondo lo que existe actualmente”, priorizando la “sencillez” y dejando de lado principios como el de “la ordinalidad”, para enfocarse más en la nivelación total y en conceptos como “orden”.
Condonación de la deuda y fondo transitorio.
Mientras se discute esta reforma, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha vuelto a proponer la creación de un fondo transitorio. Este fondo tiene como objetivo corregir, al menos en parte y de manera temporal, las deficiencias existentes y “compensar” a las cuatro comunidades autónomas que están infrafinanciadas: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. De esta forma, se busca acercarlas a la media de financiación que reciben las demás comunidades.
Se ha enfatizado la necesidad de complementar este modelo con la condonación de la deuda, la cual tiene su origen, en parte, en la “infrafinanciación que sufrimos”. Además, se ha mencionado la urgencia de una Ley de Armonización respecto a los tributos cedidos, que organice los aspectos fundamentales de los impuestos como el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Esta ley debería garantizar que “sean iguales en todo el territorio, y que no haya 17 impuestos diferentes”. También se ha propuesto establecer mecanismos que, al respetar la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas, impongan límites a la capacidad normativa de las regiones. “Lo mismo que estamos reclamando para los países de la Unión Europea en materia fiscal, sería bueno aplicarlo a nivel territorial”, ha señalado.
El Gobierno de España debe ser el que “lidere” este proceso, concluyó, ya que “las comunidades autónomas hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos”. En este sentido, destacó que “es importante poner sobre la mesa una propuesta que se pueda debatir”.