Una organización criminal que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en un piso prostíbulo ubicado en Alicante ha sido desarticulada por la Policía Nacional. Además, esta banda extorsionaba a sus clientes, amenazándolos con violencia física y chantajes si no cumplían con pagos que podían alcanzar hasta los 3.000 euros. En el marco de esta operación, se han llevado a cabo detenciones de un total de nueve personas en varias provincias: cinco en Albacete, tres en Alicante, y una en Valencia.
El operativo finalizó con la entrada y el registro de una vivienda en la localidad de Albacete, donde habitaban los líderes de la red: dos hermanos y su madre. Aunque no estaban directamente involucrados en las actividades ilegales, ellos recibían el dinero obtenido.
Las líneas telefónicas, que los acusados empleaban, eran contratadas utilizando documentación que habían obtenido de manera fraudulenta, ya sea a través de robos o extravíos. Esta situación complicaba considerablemente las labores de la policía. Además, estas líneas se daban de baja de forma inmediata tras ser utilizadas en actividades delictivas.
La operación comenzó a mediados de 2024, después de que el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata de la Policía Nacional recibiera varias alertas anónimas. Estas comunicaciones advertían sobre un piso prostíbulo en Alicante, donde se informaba que varias mujeres de origen latinoamericano estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución. Además, se indicaba que dicho inmueble también operaba como un punto de venta de drogas.
En el transcurso de la investigación, se reveló a los agentes que el entramado criminal también estaba involucrado en la extorsión de las personas que respondían a los anuncios de servicios sexuales, los cuales eran publicados en plataformas digitales.
De acuerdo con la Policía, la forma de operar de la organización consistía en intimidar a los clientes, amenazándolos con revelar a sus seres más cercanos que estaban involucrados en la prostitución. Como resultado, se les exigía el pago de sumas que variaban entre los 300 y los 3.000 euros. Las amenazas que recibían incluían posibles agresiones físicas o incluso la muerte, tanto de ellos como de sus familiares, si se negaban a realizar el pago.