El colectivo considera que la iniciativa responde a un cortoplacismo político de carácter superficial y que no resolverá las demandas ni las necesidades reales de las trabajadoras sexuales. Además, denuncia la exclusión de hombres y personas no binarias o en transición, lo que califican como "una incoherencia con las políticas de igualdad defendidas por Unidas Podemos".
StopAbolición sostiene que la proposición parte de la premisa errónea, sin apego a los datos oficiales, de que la trata está indisolublemente unida a la prostitución, una relación que —según afirman— no está respaldada por los datos oficiales. En este sentido, recuerdan que, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en 2024 se detectaron 376 víctimas de explotación sexual en operativos policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció judicialmente solo nueve víctimas al cierre de los procesos.
"En el texto presentado se percibe un marco abolicionista y un pensamiento criminalizador hacia el trabajo sexual", apuntan desde la asociación.
La organización recuerda que el Código Penal español ya tipifica la trata de seres humanos para su explotación sexual (artículo 177 bis) y el lucro delictivo de terceros (artículo 187.1), de ahí que consideren innecesaria una medida "excepcional" como la propuesta por Podemos.
Asimismo, citan a organismos internacionales, como CEDAW y el grupo GRETA, que recomiendan reforzar la lucha contra la trata y la explotación laboral fuera del ámbito de la prostitución, un aspecto que —según StopAbolición— suele ignorarse.
El colectivo también muestra su preocupación por la posibilidad de que distintas ONG y administraciones puedan acreditar la condición de víctima de trata, lo que, según consideran, "abre la puerta a la pérdida de garantías y a la arbitrariedad", al quedar a cargo de entidades privadas con posibles conflictos de interés.
StopAbolición cuestiona además la eficacia del Plan Camino, impulsado por el Ministerio de Igualdad, y pide claridad ante el uso de los recursos destinados a programas para mujeres que ejercen la prostitución.
La asociación añade que "organizaciones como Médicos del Mundo España recibieron más de 48 millones de euros en 2024, sin que se conozca cuántas mujeres han sido realmente beneficiadas o de qué manera", denunciando la existencia de una industria del rescate con escasa rendición de cuentas.
En último lugar, el colectivo solicita que las trabajadoras sexuales sean escuchadas y participen directamente en los debates legislativos sobre prostitución. "No somos víctimas ni objetos de tutela. Exigimos la despenalización de nuestra actividad y el reconocimiento de nuestros derechos básicos, como cualquier otro trabajador o ciudadano", termina el comunicado.