Entre el 19 y el 23 de enero, se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de Albacete un juicio con jurado popular. El acusado, S.T., enfrenta cargos por el asesinato de su esposa, F.Z.C., ocurrido en 2022 en el municipio cordobés de Montemayor.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, tanto la víctima como el acusado estaban en España para desempeñarse como temporeros en la recolección de diversas campañas agrícolas.
El 21 de mayo de 2022, mientras participaban en la campaña de recolección de ajos en el municipio cordobés de Montemayor, se produjo una intensa discusión entre la víctima y el acusado, centrada en una acusación de infidelidad.
A pesar de que la víctima fue localizada y trasladada al Hospital de Montilla alrededor de las 3:09 horas de la madrugada del domingo 22 de mayo de 2022, se habría producido su muerte por desangramiento a las 16:15 horas de ese mismo día.
Después de la discusión, la víctima habría escapado a pie de la vivienda donde ambos se encontraban residiendo temporalmente, dejando atrás el municipio. En ese instante, según el relato proporcionado por la Fiscalía, el acusado habría salido en busca de la víctima, conduciendo un Seat Altea, y logró encontrarla en el kilómetro 9 de la carretera CO-4205.
El acusado supuestamente dejó el vehículo para, empuñando un arma blanca, asestarle a la víctima 10 navajazos en un corto período de tiempo, lo que le provocó una hemorragia masiva. A pesar de que F.Z.C. seguía con vida, aunque gravemente herida, el acusado la habría metido en el vehículo, llevándola al municipio de Montemayor, donde la abandonó en plena vía pública sin brindarle ayuda ni alertar a los servicios de urgencias.
En el transcurso de los acontecimientos, después de dejar a la víctima, se habría escapado el acusado. Finalmente, fue arrestado el 23 de mayo de 2022 a las 11:20 horas en la localidad de San Clemente, en la provincia de Cuenca.
La Fiscalía considera que los acontecimientos representan un delito de asesinato con circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento. Por este motivo, se solicita una condena de 25 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta durante el periodo de la sentencia. También se pide la pérdida de la patria potestad sobre los hijos menores que tuvo con la víctima, F.M. y R..
Asimismo, se demandan indemnizaciones por concepto de responsabilidad civil, solicitando un total de 100.000 euros para cada uno de los dos hijos de la víctima —residente en Albacete— y 28.000 euros para cada una de las tres hermanas de la misma.