La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el 5 de febrero a T.P.G., un empresario acusado de agredir y acosar sexualmente a una trabajadora. La Fiscalía solicita una pena de prisión de dos años por forzar a la víctima a mantener relaciones sexuales y realizar tocamientos inapropiados. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando el acusado aprovechó su posición jerárquica para hacer proposiciones sexuales reiteradas. La trabajadora sufrió lesiones que requirieron atención médica. Además de la prisión, se piden medidas de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.
La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene programado para el próximo 5 de febrero el juicio contra T.P.G., gerente de una empresa en la región, quien enfrenta graves acusaciones de agresión y acoso sexual hacia una trabajadora. La Fiscalía ha solicitado una pena de prisión de dos años para el acusado.
Según el escrito de acusación al que se ha tenido acceso, los hechos ocurrieron en 2019, cuando T.P.G. contrató a la víctima para desempeñar funciones administrativas. A partir de ese momento, el empresario comenzó a realizarle proposiciones sexuales reiteradas, aprovechando su posición superior dentro de la empresa.
El documento fiscal detalla que el acusado llevó a cabo tocamientos en diversas partes del cuerpo de la trabajadora, con un comportamiento que fue escalando con el tiempo. Un incidente clave ocurrió el 16 de marzo de 2019, cuando T.P.G. agarró a la víctima por las muñecas y la llevó a una sala apartada con la intención de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, la mujer logró liberarse y abandonar el lugar.
Como resultado de estos actos, la trabajadora sufrió lesiones que incluyeron un hematoma en el brazo izquierdo y dolor cervical, lo que requirió asistencia médica y tres días de incapacidad laboral, según se recoge en el escrito del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de acoso sexual y un delito de agresión sexual. Para T.P.G., se piden cuatro meses de prisión por acoso y dos años por agresión, además de medidas que prohíban cualquier acercamiento o comunicación con la víctima durante más de un año.