Un empresario de Ciudad Real está siendo juzgado por abusar sexualmente de una trabajadora con discapacidad psíquica. Durante la vista, el acusado negó los abusos y afirmó que la relación fue consensuada. La Fiscalía y la acusación particular piden 15 años de prisión y una indemnización de 30.000 euros por daño psíquico. El abogado defensor argumenta que la mujer tenía capacidad para consentir, a pesar de su diagnóstico, y sostiene que la denuncia surgió tras un conflicto familiar. Los hechos se habrían producido entre 2019 y 2023 en distintos lugares relacionados con el trabajo.
El propietario de una empresa de limpieza en Ciudad Real se enfrenta a graves acusaciones de abuso sexual hacia una trabajadora con discapacidad psíquica. En el inicio de la vista judicial, el empresario negó las imputaciones y defendió que la relación fue "real y querida por ambos", según lo manifestado por su abogado, Francisco Víctor.
La audiencia, que tuvo lugar a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, vio cómo tanto la Fiscalía como la acusación particular mantuvieron su solicitud de 15 años de prisión. Además, se pidieron medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercarse a la denunciante y una indemnización de 30.000 euros por daños psíquicos y morales.
El abogado defensor solicitó la absolución total para su cliente, argumentando que los hechos se inscriben dentro de una relación sentimental consensuada. Según él, la postura del acusado no ha cambiado desde el principio, sosteniendo que existió "una relación sentimental real" donde el consentimiento fue igualmente "real y efectivo".
El letrado rechazó las alegaciones de abuso o violencia, señalando que el caso ha evolucionado desde una denuncia inicial que hablaba de violencia hacia un debate sobre la supuesta falta de consentimiento debido a las patologías psíquicas de la denunciante. A su juicio, esta línea argumentativa carece de fundamento.
En su defensa, el abogado explicó que la incapacidad civil declarada en 2016 se limitaba al ámbito económico y a contratos complejos. Sin embargo, los informes forenses indicaban que la mujer estaba orientada y coherente, con capacidad para gestionar su vida personal. Por lo tanto, argumentó que su libertad sexual no estaba anulada ni contradicha por su diagnóstico de retraso mental leve.
Además, el abogado advirtió que asumir automáticamente que una persona con retraso mental leve carece de capacidad para consentir podría llevar a situaciones en las cuales cualquier relación pudiera ser interpretada como agresión sexual. También señaló que la denuncia surgió tras un conflicto familiar relacionado con temas económicos, momento en el cual salió a relucir su relación con el empresario.
De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, la denunciante había trabajado en una empresa de limpieza desde 2004 y mantuvo una relación sentimental paralela a su matrimonio con el acusado entre 2019 y febrero de 2023. La Fiscalía sostiene que entre julio de 2022 y febrero de 2023, los encuentros entre ambos adquirieron un carácter sexual y tuvieron lugar en diferentes lugares relacionados con el trabajo del empresario e incluso en su hogar.
El Ministerio Fiscal considera que el acusado era consciente del grado del 65% de discapacidad psíquica reconocido a la trabajadora y aprovechó esa vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales, argumentando que ella no estaba en condiciones válidas para prestar consentimiento. Por estos motivos, solicita 15 años de prisión junto a medidas de alejamiento y prohibición de comunicación durante dos décadas, así como una indemnización por daños psíquicos y morales.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Años de prisión solicitados | 15 |
| Indemnización por daño psíquico y moral (euros) | 30,000 |
| Años de prohibición de comunicación y acercamiento | 20 |
| Porcentaje de discapacidad psíquica reconocida | 65% |