Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han solicitado la suspensión del Plan Regional de Biometanización 2024-2030 y una revisión detallada de más de 15,000 alegaciones presentadas. Denuncian que la Junta impone un modelo de macroplantas de biometano y macroganadería industrial sin considerar las preocupaciones locales. Exigen investigaciones sobre posibles irregularidades y un marco regulador que proteja el medio ambiente y la salud pública. Las plataformas critican la falta de respuestas adecuadas por parte del Gobierno regional y advierten sobre los riesgos ambientales y sanitarios asociados a este plan, que consideran incompatible con el desarrollo rural sostenible.
Las Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han expresado su preocupación por el plan regional de biometanización 2024-2030, denunciando que la Junta intenta imponer un modelo de macroplantas de biometano y ganadería industrial sin tener en cuenta a las comunidades locales. Este colectivo ha solicitado la suspensión cautelar del plan y una revisión exhaustiva de las 15.071 alegaciones presentadas.
En un comunicado, las plataformas demandan la apertura de investigaciones sobre posibles irregularidades y conflictos de interés, así como la realización de una evaluación independiente y rigurosa, libre de vínculos empresariales. Además, exigen la creación de un marco regulador que garantice la protección del medio ambiente, la salud pública y la autonomía municipal.
Las organizaciones advierten que la respuesta ofrecida por la consejera, Mercedes Gómez, no resuelve el conflicto existente, sino que lo agrava al reflejar una alarmante desconexión entre el Gobierno regional y las realidades sociales de los pueblos afectados. Anuncian su intención de continuar fortaleciendo su coordinación regional y movilización social para oponerse a un modelo que consideran incompatible con la defensa del mundo rural.
Según las plataformas, la contestación de Gómez se limita a una defensa política del plan, sin proporcionar respuestas técnicas o ambientales adecuadas a las alegaciones presentadas. Acusan a la Junta de ignorar sus preocupaciones con respuestas genéricas que no cumplen con las normativas europeas y españolas sobre participación pública y evaluación ambiental.
Aseguran que afirmar que "todas las cuestiones ya han sido contestadas" sin abordar individualmente miles de alegaciones es una violación inaceptable del derecho democrático a participar. Desde el Grupo Regional indican que lo que está sucediendo es un intento de imponer un plan diseñado para beneficiar intereses empresariales específicos, mientras se convierte a los pueblos en zonas sacrificadas ambientalmente.
Además, critican que la Declaración Ambiental Integrada del Plan ignore aspectos cruciales como los impactos acumulativos derivados de la posible instalación de entre 80 y 100 macroplantas en la región. También destacan los riesgos para acuíferos ya amenazados por nitratos y los peligros asociados con emisiones contaminantes provenientes de estas instalaciones.
Las plataformas consideran grave que no se haya respondido claramente a las denuncias sobre conflictos de interés en la elaboración del Plan Regional y su Estudio Ambiental Estratégico, realizados por entidades vinculadas al sector del biogás. Esto pone en entredicho la independencia y legitimidad del proceso.
Finalmente, advierten sobre una amenaza sin precedentes para Castilla-La Mancha: transformar vastas áreas rurales en enclaves industriales destinados a gestionar residuos. Esta situación podría tener consecuencias graves para la agricultura tradicional, el turismo rural y la calidad de vida local. “No aceptaremos que nuestros municipios sean tratados como vertederos industriales ni que se comprometa nuestra salud en nombre de una falsa sostenibilidad”, concluyen.
Asimismo, critican las recientes declaraciones públicas de Gómez sobre el poder decisorio de los ayuntamientos respecto a estas instalaciones, exigiendo que los informes socioeconómicos sean vinculantes para garantizar un verdadero control local sobre el uso del suelo rústico.