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Un gobierno descontrolado

Por Miguel Ángel Vicente
miércoles 23 de marzo de 2016, 06:17h
Miguel Ángel Vicente
Miguel Ángel Vicente

Suele decirse del Sr. Don Mariano Rajoy Brey, a la sazón Presidente, en funciones, del Gobierno de España, que es un gran parlamentario y que domina, como nadie, la escenografía del Parlamento. No sé si esto es verdad o no, pero aunque lo fuere, no es menos cierto que el Sr. Rajoy Brey adolece de una cierta alergia y aversión,  cuando no de un pánico galopante, a su comparecencia ante la Cámara Baja, sobremanera cuando es requerido, como prevé  la Constitución, por los distintos grupos de la oposición, a dar explicaciones sobre tal o cual materia, sobre este o aquel acuerdo del Consejo de Ministros, o sobre esta o aquella actuación del Presidente y sus Ministros, para conocimiento de los diputados y, en definitiva, para el debate y la toma de posturas y crítica, en su caso, de esas materias, a cuyo examen  tiene derecho el conjunto de los representantes de la soberanía nacional y, en consecuencia, adoptar, al respecto, las decisiones que estime pertinentes.

Esa alergia y ese pánico se ha puesto en evidencia, recientemente, en una doble cuestión: la primera en relación con el pacto que se alcanzó el lunes día 7 de Marzo entre la Comisión Europea y Turquía y que permitía la expulsión masiva de refugiados a este último país, a cambio de recibir 3.000 millones de euros, de suprimir el visado de sus súbditos para desplazarse por el territorio de la Unión Europea y de acelerar los trámites para el ingreso del país de la media luna como miembro de pleno derecho de dicha Unión. Pues bien, todos los partidos políticos en España, salvo el partido Popular, pusieron en duda la posible ilegalidad de ese acuerdo, cuestionado también por Naciones Unidas (la ONU). En relación con el mismo, el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, lo calificó de “inmoral y posiblemente ilegal”; y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a través de Twiter, llegó a afirmar que “atenta contra el derecho de asilo”; Ciudadanos pidió la comparecencia en el Parlamento de un representante de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR); y el PNV llevó al Parlamento Europeo el rechazo a ese pacto de la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados Español. Pues bien, ante la petición de comparecencia del Presidente del Gobierno Español para explicar los puntos y las comas del susodicho pacto o acuerdo, a fin de someterlo a la voluntad popular que concita el Parlamento y la adopción de una posición consensuada con los grupos de la oposición, el Sr. Rajoy ha salido por peteneras y se ha escudado en la peregrina idea de que al estar el Ejecutivo en funciones no están obligados ni él ni ninguno de los demás miembros de su Gobierno a comparecer en las Cortes y a dar explicaciones de su acción, por considerar que al no gozar de la confianza de aquéllas, salidas de las elecciones del pasado 20 de Diciembre, no tiene por qué someterse a su control, ya que un Parlamento diferente al que eligió al Presidente, en funciones hoy, no puede controlarle ni exigirle responsabilidades políticas. A este respecto, el Congreso de los Diputados consensuó la posición española, a través de la Comisión Mixta de la UE, con la comparecencia del Secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, bajo la premisa de que el acuerdo con Turquía debía rechazar “expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea”; y la segunda, lo fue indirectamente, a través del Ministro de Defensa, Pedro Morenés, que no acudió a la Comisión de Defensa, a la que estaba citado, siguiendo el criterio de La Moncloa, o sea, repetimos, que al no haber sido designado el Gobierno en funciones por los parlamentarios salidos de las elecciones del 20 de Diciembre, no tienen obligación ninguno de sus miembros, de comparecer en el Parlamento, ante la petición de la oposición, es decir, de los partidos distintos al PP, a dar explicaciones de su actuación, ni pueden exigirles responsabilidad política alguna, lo que es de por sí absolutamente inaudito e inaceptable. ¡Bendita situación de interinidad, en la que los Ministros y el Presidente del Gobierno pueden hacer de su capa un sayo, sin responder ante Dios ni los hombres!, Así actuaban las monarquías absolutistas del siglo XVIII y así actúan las repúblicas bananeras de corte bolivariano, que tanto critican el Sr. Rajoy y todos sus conmilitones . Ya han anunciado los partidos políticos de la oposición que, de seguir por este camino anticonstitucional, el Gobierno en pleno será llevado ante el Tribunal Constitucional, pues según los expertos en materia Constitucional, no existe ninguna justificación que avale la negativa del Gobierno, en funciones, a someterse al control del Parlamento en un sistema democrático, y todavía con mayor razón al encontrarse el mismo en una “situación anormal” de interinidad que, en caso de llegar a tener que repetirse de nuevo las elecciones, podría prolongarse más de un año, dejando en evidencia las explicaciones y razonamientos alegados en el Congreso de los Diputados por el Secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el cual sugirió que “en caso de discrepancia, se puede disponer de las oportunas vías judiciales, en la defensa de los derechos del Parlamento”, idea peregrina donde las haya, impropia de un Gobierno Democrático (aunque sólo lo sea en la forma) y que terminaría por judicializar la vida parlamentaria inundando de demandas los Juzgados, ¡lo que le faltaba a la Justicia!, derecho que, por lo demás, asiste a cualquier ciudadano español, pero que acabaría colapsando la Justicia, haciendo que los Poderes del Estado, ya de por sí bastante debilitados en su interdependencia, se entremezclen entre sí, acabando con el  precario Estado de Derecho del que gozamos.

Lo que defienden Rajoy y el PP no es sino una contradicción y un disparate, ya que un Gobierno, en funciones con competencias para gestionar solamente asuntos de trámite, tendría las manos más libres que un Gabinete con plenas competencias, cuando, incluso, puestos a exigir ese control, más parece que debe vigilarse al Gobierno en funciones, que puede tomar decisiones y adoptar medidas que comprometan la acción del futuro Gobierno que salga de la investidura pendiente, que se encontraría atado de pies y manos por aquéllas decisiones que, sin control parlamentario, adoptase dicho Gobierno interino, o sea, en funciones, lo que contraría los más elementales principios de legalidad, incluida la propia Carta Magna. Por ello yerra la Vicepresidenta del Gobierno, también en funciones, la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría, que es al parecer la madre de la criatura, al enviar una misiva al Presidente de Las Cortes, Patxi López, reafirmando el criterio del Ejecutivo de no comparecer en sesiones de control por encontrarse en funciones, creando un conflicto institucional, que pone de manifiesto la verdadera cara antidemocrática de un PP acostumbrado al ordeno y mando y sobremanera al Decreto-Ley y al dedazo, creyendo ser el único Partido en posesión de la verdad, despreciando a la inmensa mayoría de los españoles que no han caído en la tentación de votarles, que suman más, muchísimos más, votos, que los que Rajoy y su panda cacarean tener para justificar que deben gobernar.

Y ese desprecio al Congreso de los Diputados, Sede de la Soberanía Nacional, se ha visto agravado por la actitud del Gobierno, con su Presidente a la cabeza, que ha resuelto el trámite de informar a los demás partidos del pacto alcanzado el pasado viernes 18 en Bruselas sobre los refugiados, mediante el envío de una carta del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. De esta manera, seguimos erre que erre, en la posición del Presidente en funciones del Gobierno, Don Mariano Rajoy Brey, de evitar su comparecencia o la de los Ministros u otros altos cargos en el Parlamento. Ante este desaire, los Partidos de la oposición siguen exigiendo que el Presidente debe comparecer en el Congreso para explicar lo acordado en Bruselas y no se conforman con esa comunicación por escrito que no deja de ser sino una tomadura de pelo, no solo a dichos partidos de la oposición, sino a la ciudadanía en general, cuya voluntad representan aquéllos. A este respecto, el Vicesecretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, resumiendo el sentir de la mayoría de la Cámara, manifestó que “el Gobierno está echando un pulso innecesario al Congreso”, añadiendo que “cuestiones tan importantes como los posicionamientos en política internacional deberían pasar por la Sede de la Soberanía Nacional”. Por su parte, el Portavoz de Izquierda Unida-Unidad Popular, Alberto Garzón, ha anunciado la interposición de una querella criminal por parte de la formación ante el Tribunal Supremo contra Mariano Rajoy  y todo su Gobierno en pleno, por considerar que el acuerdo firmado en Bruselas confirma un trato “inhumano e ilegal” a los refugiados, viola múltiples tratados y se ha adoptado por un Gobierno en funciones que no ha dado las suficientes explicaciones al negarse a ser controlado por el Parlamento, calificando la actuación del Presidente del Gobierno como la de un “dictador temporal”.

En definitiva, alergia, aversión, pánico escénico, unidos a la indolencia, apatía y, en su caso, holgazanería, definen este intento del Gobierno de escaquearse del control parlamentario, confundiendo lo que es la propia institución, con las personas que en cada momento la integran.

MIGUEL ÁNGEL VICENTE MARTÍNEZ

  23 DE MARZO DE 2.016

 

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