Esta es la JUSTICIA que, tratando de hacer justicia, valga la redundancia, por un quítame allá esas pajas, se queda a medio camino, a medio gas, a medias, en definitiva, de manera que el justiciable queda insatisfecho, por un lado, aunque, por otro, le queda el consuelo de que el roto y el descrédito producido en quien debiera ser muy escrupuloso en el uso del Decreto y de la Ley, ha quedado desarmado, como si un globo le hubiera estallado en sus propias napias.
Un recentísimo caso de lo que vamos a llamar “justicia a medias”, nos lo ha proporcionado la Sentencia del Tribunal Constitucional, que le ha dado al Gobierno de España, en funciones, con su Presidente, también en funciones, Don Mariano Rajoy Brey, a su frente, un varapalo de muy padre y señor mío, al declarar inconstitucional la famosa Ley de Tasas 10/2.012, que dicho Gobierno, con su entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pergeñó, según justificaban como una forma de racionalizar el acceso a la Justicia, lo que ya de por sí es una irracionalidad, poniendo puertas al campo, y para disuadir a los ciudadanos de la excesiva litigiosidad que venía colapsando los órganos jurisdiccionales españoles, pues se acudía a la justicia, usando y abusando de la misma, por temas, en realidad, baladíes, que impedían a los jueces dedicar el grosso de su tiempo a ocuparse de asuntos verdaderamente importantes y trascendentales, sin darse cuenta de que muchos de esos litigios llamados inoportunos y ridículos, venían siendo entablados por personas de alto standing, a quienes poco preocupa el tener que pagar una tasa para acceder al servicio de la justicia y que para los mismos constituía, en realidad, el chocolate del loro y que, además, lo pagaban de muy buen grado con tal de interponer demandas de lo más variopintas y que sabían, de antemano, por su poca solidez y fundamento, estaban condenadas, nunca mejor dicho, a dormir el sueño de los justos, siendo sobreseídas o no admitidas o, en última instancia, desatendidas.
Desde luego, la imposición de tasas para poder acceder a la justicia, con carácter indiscriminado, y para todo tipo de personas, fueran físicas o jurídicas, originó una cascada de durísimas críticas por parte de, prácticamente, todos los operadores de la justicia, entre otros por parte del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo de la Abogacía, que calificaron tal iniciativa de “ataque al derecho fundamental de defensa” y que vieron en su imposición una solución, no para disminuir la litigiosidad, que es lo que ampulosamente proclamaban sus autores, sino para abrir un boquete más en los bolsillos de los administrados y tener una vía más de ingresos para la Administración Pública, que ya sabemos que es insaciable y a la que todo parece poco, sin que lo recaudado (más de 600 millones de euros) se haya reinvertido en la mejora de la justicia gratuita (ahí están los letrados del turno de oficio clamando por el mal y tardío pago de sus honorarios) o para mejorar el funcionamiento de la justicia, que está a niveles del medioevo, tanto en sus medios personales, como materiales. Tal fue el impacto negativo que tal Ley provocó en la ciudadanía y los dichos operadores jurídicos, que en el año 2.015, siendo ya Ministro de Justicia, hoy en funciones, Rafael Catalá, se eximió del pago de las dichas tasas a las personas físicas.
Pues bien, el Tribunal Constitucional deja el caso abierto, ya que se limita a declarar “desproporcionadas” las cantidades fijas exigibles para pleitear en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo, anulando, asimismo, el artículo que, además, impone unas tasas variables de hasta 10.000 euros en función de la cuantía económica del litigio, y sentencia que la nulidad de las tasas declarada sólo producirá efectos “pro futuro”, o sea, en nuevos casos o en procedimientos que no tengan aún resolución firme o, lo que es lo mismo, que esta declaración de nulidad de las tasas no tendrá efectos retroactivos, como en tantas otras resoluciones, indebidamente, ha decretado el Alto Tribunal, lo que es dejar en el limbo a todos aquellos que habiendo satisfecho una tasa inconstitucional y, por tanto, contraria a ley, tendrá que envainársela y no podrá recurrir solicitando su devolución, lo que, en verdad, roza, en cierto modo, también en lo inconstitucional, pues parece que una norma que nunca debió entrar en vigor por su anticonstitucionalidad, los efectos producidos durante su vigencia, se dan por buenos, lo que constituye una auténtica inconsistencia y una verdadera contradicción, alegando que la devolución de lo cobrado durante los últimos 4 años supondría un “perjuicio a la Hacienda Pública”; sesudos que son los miembros del Tribunal Constitucional, porque perjuicio en realidad, para las arcas públicas, no existe, ya que se limitaría a la devolución de lo indebidamente cobrado y sin embargo, sí existe un perjuicio y grande y grave para los administrados que han tenido que satisfacer unas tasas que ahora son declaradas contrarias a la ley de leyes, o sea, a la Constitución Española. En definitiva, una pescadilla que se muerde la cola, que, sin embargo, deja a los miembros del Alto Tribunal satisfechos, como queda quien se hincha a una buena paella a la vera de la mar durante esta canícula, faltándoles solamente, para hacer una buena digestión, una copa y un puro. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Ante esta metedura de pata por parte del Gobierno del Sr. Rajoy, que tanto exige peticiones de perdón e incluso imputaciones y condenas (la reciente petición del Gobierno al propio Tribunal Constitucional de que enchirone a la Presidenta del Parlament Catalá, Carme Forcadell), ya está tardando demasiado el Gobierno de España en comparecer a dar explicaciones a la ciudadanía sobre la declaración de nulidad de la ley de tasas y, sobre todo, a pedir perdón por la aberración cometida aprobando dicha ley en contra del sentido común y de, prácticamente, de todos los operadores jurídicos, incluida la dimisión de sus autores directos y responsables de tal tropelía, sin que quepa escaparse por el camino de en medio, alegando que el Sr. Gallardón ya no forma parte del Ejecutivo, ya que la dicha ley fue promovida por el Gobierno en pleno. Pero ya sabemos, a estas alturas de la película, que los miembros del actual Gobierno son “irresponsables”, además de mear agua bendita.
MIGUEL ANGEL VICENTE MARTINEZ
3 DE AGOSTO 2016
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