a los responsables de construcciones ilegales, además de aclarar qué recursos personales y económicos municipales se han utilizado para dejar de recaudar. El edil ha pedido a los máximos dirigentes de la Administración que los casos se investiguen.
A Soriano le ha llamado la atención que el Ayuntamiento de Albacete se haya negado a obedecer una sentencia que ordenaba tramitar un expediente sancionador y que permitiría recaudar una importante cantidad económica muy necesaria para las “maltrechas” arcas municipales. Según ha explicado, el denunciante deberá acudir a la vía judicial para que nuevamente se ordene al Consistorio sancionar a quienes construyeron sin licencia dos viviendas ilegales, ubicadas en plena plaza Altozano. El concejal se ha referido a la sentencia del Juzgado Contencioso/Administrativo nº2, nº381 de 10 de diciembre de 2007, que dice así:
“No haber procedido a la apertura del correspondiente expediente administrativo, con su inactividad no sólo está actuando en contra de sus propios actos, sino de los previstos en el ordenamiento jurídico. Se debe anticipar que tal conclusión municipal es una temeridad, al obviar la existencia de un procedimiento judicial previo seguido en este mismo juzgado”.
El concejal ha preguntado a los grupos políticos municipales cómo justifica el Ayuntamiento de Albacete que los denunciados alegasen que las construcciones ilegales ya estaban ahí, desde el momento mismo de la edificación. También les ha preguntado cómo puede ser que se aporte documentación probatoria con fechas anteriores a la otorgación de licencia de primera ocupación, y en base a ello desde la Gerencia de Urbanismo se dé por buena la alegación de prescripción y se pretenda cerrar todo procedimiento incluso el judicial.
Según ha contado Soriano, el denunciante debe acudir de nuevo a la vía judicial y el magistrado se expresa de forma clara en la sentencia del Juzgado Contencioso/Administrativo nº2, nº145 de 27 de mayo de 2010: “Si realmente se admitiese esta última circunstancia alegada por los codemandados, daría lugar a que se tuviese que llevar a cabo la deducción de los correspondientes testimonios por la presunta comisión de infracciones penales al existir un certificado final de obra de año 2001, firmado por el propio condenado y certificando que la obra se adecuaba al proyecto para el que se otorgó la correspondiente licencia, que no comprendía la construcción de las viviendas bajo cubierta, así como que el técnico municipal que efectuó la comprobación final de la obra no mostrase objeción alguna con carácter previo a que se otorgase en ese mismo año 2001 la correspondiente licencia de primera ocupación”.
“¿Pueden explicar cómo se otorga una licencia de legalización a una promotora urbanística que ni es la propietaria de los áticos ilegales, ni va a realizar obra alguna en las mismas, ni las ha hecho recientemente, ni ha sido parte en ninguno de los procedimientos judiciales que dieron lugar a la apertura de procedimiento administrativo de restitución de la legalidad?”, ha preguntado Soriano.
Irregularidades
Soriano ha seguido contando otras “alarmantes irregularidades”. “Si el procedimiento administrativo abierto por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha finalizaba con orden de demolición de las viviendas áticos ilegales, cómo se permite el cierre de este expediente de restitución de la legalidad por una mera orden verbal desde la Gerencia de Urbanismo, sin ningún tipo de diligencia de constancia de quien da esa orden de cierre sin la ejecución de la demolición y sin notificar nada al denunciante o al propio Tribunal Superior de Justicia”, ha dicho el edil.
El concejal ha planteado otra cuestión sobre las irregularidades: “¿Cómo se puede abrir paralelamente otro expediente de legalización sobre las mismas viviendas sin notificar nada al denunciante, ni al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y legalizarlas sin dar plazo de alegaciones, no ya al denunciante, sino a la comunidad de propietarios, dueños del suelo de las terrazas azoteas sobre el que están levantados los áticos, para que aleguen lo que a sus derechos convenga?”.
“Es un cúmulo de abusos. La vivienda incluso altera los elementos comunes del edificio e incumple el vigente PGOU”, ha afirmado Soriano. Para finalizar, el concejal y presidente de Contigo Somos Democracia en C-LM ha mencionado que “de la sociedad promotora familiar, a la cual se otorga licencia de legalización directamente, sin ser parte en procedimiento judicial de legalización, sin ser dueña, ni proceder a realizar obra alguna en las viviendas ilegales, y pese a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, es socio fundador y secretario durante la construcción del edificio, funcionario de la Gerencia de Urbanismo”.
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