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Irresponsables (III)

Por Miguel Ángel Vicente
miércoles 31 de enero de 2018, 02:43h
Ante el panorama sombrío que la realidad presentaba, tras las elecciones de 2.008 y viendo el desplome que del país se le venía encima, el Sr. Pedro Solbes,

antes del descalabro final, que, al parecer, él ya barruntaba durante la legislatura anterior, tomó las de Villadiego y tras marcharse del Gobierno, haciendo mutis por el foro, le sucedió la Vicepresidenta del Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, ejerciendo este cargo de 2.009 a 2.011, hasta que el PP desbancó al PSOE del poder, y que, ante la misma Comisión del Congreso que su predecesor, también compareció, como es lógico, para echar balones fuera, y casi constituirse en una Juana de Arco, mártir, en su lucha, dice, para evitar el rescate, preservando el futuro de España, echándose un capote a sí misma, al declarar que la prima de riesgo, era, por entonces, inferior a la de Italia, según precisó, o sea, el manido “mal de muchos, consuelo de tontos” o el siempre habrá alguien peor que nosotros.

Vuelvo a insistir, cómo la Fiscalía General del Estado, no abre, al menos, un expediente informativo, para averiguar si la conducta de los miembros del Gabinete de Don José-Luis Rodríguez Zapatero y éste mismo, no están incursos en delitos gravísimos, que nos están costando a los españoles miles de millones de euros y que han hipotecado el futuro a varias generaciones venideras, pues parece que los políticos lleven consigo una capa o aura de irresponsabilidad, en el sentido de no ser responsables de sus actos, actos que tienen una trascendencia descomunal para el país, mas parece que les está permitido equivocarse, aun a sabiendas, y quedan limpios de polvo y paja. Si la responsabilidad por estos actos y decisiones que rayan la ilegalidad, cuando no son pura y simplemente ilegales, y de consecuencias tan graves y duraderas para los contribuyentes, les fuera exigidas a quienes tan, torpe como temerariamente, los adoptan, otro gallo cantaría, pues parece que los que acaban pagando las consecuencias de unos y otras son los ciudadanos/contribuyentes que han de asumir las mismas mientras aquéllos se van de rositas y, en no pocos casos, con un buen puñado de millones de euros bajo el brazo o en cuenta corriente, preservando su futuro y el de sus vástagos, mientras a los ciudadanos de a pie, que les den morcilla y el que no esté conforme, que reviente.

Por cierto, contrasta esta pasividad e inactividad de la Fiscalía General del Estado, con la situación en que el Tribunal Supremo mantiene en “prisión preventiva” a Oriol Junqueras y otros presuntos, como los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jodi Cuixart, respectivamente, así como el ex conseller de interior Joaquim Forn, que aún no han sido siquiera juzgados, quizás con la única finalidad de darle gusto a los artífices de la aplicación del artículo 155, cuya aplicación, hay que decirlo, le ha salido rana al Sr. Rajoy (quien echó toda la carne en el asador, hasta sus correrías matutinas, en tierras catalanas), dejando, tras las elecciones del 21-D, a su partido, al PP y al Presidente en Cataluña del mismo, y candidato a la Presidencia de la Generalitat Catalana por este partido, Xavier García Albiol, hechos unos zorros y prácticamente desaparecidos del mapa político catalán, siendo vergonzosa la súplica de este partido a Inés Arrimadas, o sea, a Ciudadanos, para que le preste un diputado, para formar grupo parlamentario propio, pareciendo que se van a quedar a dos velas, por la negativa a ceder de la ganadora de las elecciones catalanas, en ese juego de “donde las dan, las toman”, al considerarlo un enjuague más de corrupción, por mucho que lo justifiquen en Génova como una cortapisa para hacer más fuertes a los constitucionalistas frente al independentismo catalán, pero oliendo más a materia crematística, pues el no poder formar los peperos grupo parlamentario les impide embolsarse 800.000 euros, que no son moco de pavo, coste del “mailing” de campaña electoral, quizás, ahí está la madre del cordero de los nervios y desazón y tribulación del PP y de su Presidente monclovita todavía, acostumbrados como están a que los euros entren a raudales en Génova y compañía, y máxime teniendo en cuenta los ataques que durante la campaña electoral y posteriormente, ha sufrido Ciudadanos, por el mero hecho de ganar unas elecciones y mojarle la oreja al PP, por parte de las huestes peperas, particularmente por Rajoy y Albiol, acostumbrado como está el primero a que nadie le eche delante. ¡Pues ya puede atarse los machos para las próximas Generales!. En fin, una mata que no ha echao, Sr. Rajoy, en ese afán de considerarse el único válido para la gobernanza (¡que palabrota!) de la cosa pública (ídem de ídem), como si los demás fueran tontos o incapaces y debieran rendirle pleitesía como se la rinden todos sus secuaces.

Y por si fuera poco, aún contrasta más, esa pasividad e inactividad anunciada, cuando se hace público que la Fiscalía Provincial de Granada reclama una pena de cinco años de prisión para Juana Rivas por la retención de sus dos hijos de 11 y 5 años de edad, en el verano del año pasado, a razón de dos años y medio por cada uno de ellos, acusándole de dos delitos de sustracción de menores, por actuar “con ilícito ánimo de incumplir” las resoluciones judiciales que dictaminaron la entrega de los menores a su padre, “cuando permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos”. Además de esos cinco años de prisión, la Fiscalía no escatima esfuerzos en buscar penas que aplicar, y además, repito, solicita la inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, además del pago de las costas, pareciendo querer buscar una cabeza de turco en la que descarrilar el lavado de mala conciencia y la indolencia en otro muchos asuntos mucho más graves. En suma, aquí la Fiscalía ha trabajado a fondo, y aún, quizás, sea probable que siga hurgando a ver si es posible imputarle algún delito más. No es de extrañar que ante semejante barbaridad hayan saltado las alarmas y que la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, considere que es “un palo terrible”, no sólo para ella, sino también para “el conjunto de las víctimas de la violencia de género”, suponiendo, además, “un ejemplo paradigmático de la desprotección tan terrible que todavía tristemente se está produciendo en las víctimas” de esta lacra social, y “gravísimo para sus hijos”. A mi juicio, añado yo, este es un clarísimo caso de “injusta justicia” (iniusta iustitia), precisamente la que se quiere evitar en aplicación de la Ley, que debe indagar, a través del juzgador, su verdadera esencia, en busca de la JUSTICIA, con mayúsculas, y no aplicar fría e intolerablemente, la letra de la ley, pues no se sabe, caso de que estas peticiones lleguen a ser asumidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, el alcance del perjuicio, personal, moral y económico, que va a causar, no sólo en la investigada, Juana Rivas, sino en sus dos hijos (que se considerarán culpables por el amor que su madre les profirió en el momento de la ocultación y les marcará, irremediablemente, psicológicamente, más de lo que ya lo estarán, para el resto de sus vidas) y a las víctimas de la violencia de género, como expresa la asesora jurídica mencionada, y a la sociedad en general, que será incapaz de entender la contundencia con que actúa la Fiscalía en este caso y sobre todo cuando se trata de una ciudadana de a pie. En realidad, ya lo confesó muy claramente el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes: “El código penal está hecho para los robagallinas”, y así parece ser que es y que, indefectible e irremediablemente, seguirá siendo.

Desde luego, causa vergüenza e indignidad la actuación, en algunos casos, de los órganos judiciales, su arbitrariedad y su falta de conciencia, recato y prudencia, sobre todo cuando quieren dejar constancia de su fortaleza y superioridad, del poder omnímodo, poniendo como lema de su escudo y forma de actuar el adagio latino “dura lex, sed lex”, sin entender ni querer darse por enterados de que la ley hay que aplicarla al caso concreto, con todas sus circunstancias y aspectos, ponderando y teniendo en cuenta las personas a las que se ha de aplicar la misma, renunciando a ser los irreductibles factótums y a mirarse al espejo, el cual podría muy bien, en más de un caso, revelar el estado de ruina y miseria de quien osa contemplarse en él creyendo ser el “árbitro de la elegancia”, pudiendo llegar a llevarse una sorpresa mayúscula y mayor que las que se llevaba la bruja de Blancanieves al contemplarse a diario en el mismo y ver que sus pretensiones eran baldías y hacían agua por los cuatro costados marineros, a proa y a popa, a babor y a estribor.

MIGUE-ANGEL VICENTE MARTINEZ

31 de enero de 2018

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