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Irresponsables (IV)

miércoles 07 de febrero de 2018, 00:09h

Contrastando con el aludido caso de Juana Rivas, para la que la Fiscalía de Granada pide que recaiga sobre ella todo el peso de la Ley, y aun es posible que siga indagando si le puede imputar algún delito más, pues ya sabemos que, por regla general, cuando se trata de ciudadanos de a pie, sin ascendencia política, salvo que choque con otros intereses políticos (caso de los independentistas catalanes aún inmersos en la trena por real orden, más bien, ganas del Juez Llanera), la justicia actúa a tumba abierta, sin reparos y tratando, quizás, de suplir esa falta de vigor y fortaleza cuando en esos otros casos se reprimen.

Pues bien, si por infracción de la Ley, la Fiscalía y especialmente el Fiscal General del Estado, ha de ponerse en marcha con el turbo, decíamos que contrasta, por ejemplo, con otros dos casos, que no serán los últimos, en que el propio Ejecutivo, o esa, el Gobierno de España, actuando a tontas y a locas, unas veces, y otras, con nocturnidad y alevosía, se salta la Ley a la torera o se la pasa, como vulgarmente suele decirse por el forro o por la entrepierna, y no sólo la Ley ordinaria, sino que se conculcan principios fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna, o sea, en la Constitución Española, esa Constitución a la que tanto apelan, el Partido Popular, el propio Gobierno de España y su Presidente Don Mariano Rajoy Brey, estos dos últimos siendo quienes son, conforme a la Ley, los encargados de cumplir (los primeros y escrupulosamente) y hacer cumplir la Ley, con ese latiguillo que ya da asco vomitivo oírles decir de que “el que la haga, la paga”, que ya da risa, cuando no ganas de llorar por apreciarse una cara más dura que el feldespato en quienes encarnan esos cargos, a no ser que añadieran, simplemente, que “el que la haga, la paga, siempre y cuando el infractor sea de otro partido que no sea del PP”. Ahí, de esta manera, ya estaría clara la forma de formular tal improperio y tendríamos todas las cartas boca arriba sobre la mesa para poder seguir este juego de mus fraudulento, en el que con tales bazas bien pueden tranquilamente jugársela, incluso simultáneamente, a la grande, a la chica o a los pares, a sabiendas de que nunca jamás de los jamases se les exigirá responsabilidad alguna por sus trapisonderías, las cuales, por cierto, son muchas y de extrema gravedad, largas y aviesas, hondas y profundas, o como que le dijera Don Quijote a su escudero Sancho Panza, de amplia largura y holgada factura.

Así, no basta más que recordar dos vapuleos o varapalos, o batacazos, o somantas, o cachiporrazos, que el Tribunal Constitucional (cuando hace su trabajo como Dios manda) le ha dado al Gobierno de España, ese Gobierno que, a la sazón, y en esos casos, se halla presidido por el inefable Don Mariano Rajoy Brey (cuya plaza de Registrador en Santa Pola-Alicante- pareciera tenerla asignada con carácter vitalicio, pues tras más de treinta años de no dedicarse a su oficio de Registrador de la Propiedad se la guardan como oro en paño, sin saberse a ciencia cierta si esto es un privilegio que ya excede de los límites de la ley, y que, brevemente, podemos exponer o poner de manifiesto:

Uno de ellos fue la sentencia del Alto Tribunal de 8 de Junio de 2.017, que supuso, quizás, el mayor varapalo dado a un Gobierno de España desde la reinstauración de la democracia (o lo que se denomina como tal) en este país, llamado, aún hoy, a duras penas, España. Porque, a través de la amnistía, disfrazada bajo el eufemismo de regularización fiscal, se legitimó, en palabras textuales del Alto Tribunal “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar”, lo que supone un agravio comparativo de órdago al resto del conjunto de los españoles. Y, con mayor contundencia y gravedad, sigue diciendo en la sentencia que la misma “supuso la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”, y, para mayor inri, todo ello cocinado (y aquí entra la nocturnidad y la alevosía) bajo la forma de Real Decreto-Ley, tan del gusto de los Gobiernos del Partido Popular en la Legislatura en que tuvo mayoría absoluta (2.011/2.015) extirpando del Congreso de los Diputados el derecho de esta institución (que para eso la prevé la propia Constitución), al debate, al diálogo y a la búsqueda del consenso propios del Arco Parlamentario, conculcando e infringiendo expresa y gravemente varios artículos de la Carta Magna, cometiendo, prácticamente, un delito de “lesa majestad”. Pues bien, en vez de arrepentirse, confesarse, hacer acto de contrición y cumplir la penitencia, el Gobierno del Sr. Rajoy y el Partido Popular en general, han salido como “gallo en corral” (aunque más bien deberíamos de calificarlo como pollo sin cabeza) a defender lo indefendible, haciendo ascos a la Sentencia y, asimismo, como hicieran con la propia Constitución Española, pasándosela por el arco del triunfo. Y, en un acto, más de cachondeo, que de veracidad y arrepentimiento, el principal espada de esta chapuza, el Sr. Ministro de Hacienda, Don Cristóbal Montoro, autor directo de la chapuza, repito, riéndose del Alto Tribunal, manifestó que no se daba por “desautorizado”, aunque sí por “concernido”, lo que demuestra la prepotencia y la soberbia de este Gobierno, que se cree estar por encima de la ley, o sea, por encima del bien y del mal, creyéndose seres seráficos, concebidos sin mácula del pecado original y que miccionan agua bendita. Y, como todo cobarde incapaz de asumir su responsabilidad, escondiendo la cabeza debajo el ala, cual una avestruz cualquiera, en defensa propia, extiende la mierda sobre todo el Gabinete, al atribuir la medida a “una decisión del Gobierno, que a nadie nos gusta tomar”, ¡pues menos mal que no les gustaba!. Claro, que el gustazo se lo pusieron a huevo a los defraudadores. Causa extrañeza la incursión en este ridículo, como pone de manifiesto Jesús Mota, en el Diario “El País”, “que el Gobierno con mayor densidad de Abogados del Estado por centímetro cuadrado no caiga en la cuenta de que los derechos que garantiza una ley fundamental no pueden ser modificados por Decreto”, y yo, añado, aunque sea Decreto-Ley, alentando tal chapuza. Y aquí, entra también el papel de su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI (sobre cuya irresponsabilidad hablaremos próximamente), ya que el mismo ha de sancionar este Decreto-Ley antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pareciendo más bien un convidado de piedra, firmando a ciegas todo lo que le ponen delante y sin que sus muchos asesores le adviertan de la ilegalidad de esas normas que suponen un ultraje a la Constitución (que, por cierto, le justifica en su puesto) y, por ende, al Estado de Derecho. Si su función es meramente decorativa, bien podría realizarla cualquier español, incluso aunque no supiera leer, e, incluso ni escribir ni firmar, pudiendo hacerlo en este caso como vulgarmente se dice, con “el dedo”, o sea estampando la huella dactilar del índice de su mano derecha sobre el papel. Contrasta, paradójicamente, esta actitud con el consejo que el Monarca le dio a la Princesa Leonor, cuando le impuso el Toisón de Oro, de que “te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola;...”. Y ahí seguimos, sin que los cimientos de este edificio llamado España se tambaleen ni nadie advierta de la ilegalidad suprema de unos actos que suponen para las arcas del Estado una pérdida multimillonaria, afectante al bolsillo del conjunto de los ciudadanos. Por eso, causa estupor y vergüenza ajena que algunos plumillas (recuerdo, de estómago agradecido o de mente obtusa) proclamen a todo trapo y a bombo y platillo que España es una democracia plena, refocilándose en las conclusiones que recientemente ha hecho públicas el Semanario británico “The Economist”, que divulga anualmente desde 2.010 la clasificación de los sistemas de gobierno de 167 países, calificando de democracias plenas a 19 de ellos, con la sorpresa de que quien ocupa el puesto decimonoveno es España, estando por debajo de ella un grupo de 57 democracias defectuosas que califica de imperfectas, entre las que encasilla a Francia (relegada al puesto 29), entre otras, (resaltando Estados Unidos que lo coloca en el puesto 21) lo que de nuevo mueve a risa de la buena o sea, a carcajada batiente, pues parece ese listado más un ajuste de cuentas de los británicos con la Republic Française, cuya proclama de “liberté, legalité, fraternité” (libertad, legalidad, igualdad), la acuñó en el año 1.793, tras la Revolución de 1.789, y adoptado como lema oficial del país en 1.880, con la Tercera República, y que aparece en las Constituciones de 1.946 y 1.958 (Titulo Primero, De la soberanía, artículo 2) constituyendo un paradigma de una las democracias más consolidadas desde hace más de un siglo. Se ve que no se han enterado en dicho Semanario del rifirrafe que se llevan entre manos el PP, el PSOE y el PNV, para mantener el “status quo” del nombramiento de la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de los Partidos Políticos, en contra de la regeneración y la independencia real y efectiva del Poder Judicial que propugna Ciudadanos, y la propia Constitución Española, como base fundamental, esencial e insoslayable de la separación de poderes (entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) y que exige un sistema de Gobierno, como condición sine qua non, para calificarlo de DEMOCRACIA, desoyendo más de una advertencia por parte de la Unión Europea a nuestro país en el sentido de reformar ese sistema de nombramiento que, en cualquier caso, converge con la reforma Legislativa llevada a cabo recientemente en Polonia y que a punto está de privarle del voto en las instituciones europeas tal como le ha advertido esa misma Unión Europea. Pero, a lo que se ve, a esos tres partidos que insisten en el mantenimiento del sistema, parece convenirles el mismo para que los miembros de los altos órganos de la jurisdicción (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, entre otros) recaigan sobre personas conniventes con los postulados políticos que defienden dichos partidos, y sin entrar en otra falta de la independencia Judicial derivada del nombramiento del Fiscal General del Estado por el Gobierno de la Nación.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

7 de febrero de 2.018

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