Tras la carta que ha enviado al presidente del Consejo Social de la UCLM, Emilio Ontiveros, que se hizo pública ayer, el consejero ha explicado hoy, en rueda de prensa, que el objetivo es "poner negro sobre blanco la situación financiera" y que Ontiveros pida "explicaciones" sobre un déficit de 25 millones que Ruiz Molina ha tildado de "desorbitado".
Asimismo, ha indicado que esperará "a lo que diga la auditoría hecha por externos" sobre las cuentas de las UCLM, tal y como se aprobó en el pleno del 8 de febrero en las Cortes regionales, para decidir si hay que tomar "medidas de saneamiento" para cubrir el déficit, que si es coyuntural podría solucionarse de inmediato, pero si es "estructural" la solución se prolongaría más tiempo, ha dicho.
Ruiz Molina ha concretado que un plan de saneamiento significaría "poner dinero y ver dónde están las ineficacias o ineficiencias que pudiera haber en la Universidad".
No ha entrado a valorar si el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado, debería dimitir tras detectarse el déficit, pero sí ha advertido de que ha enviado la carta al presidente del Consejo Social porque la próxima semana someten a votación el Plan Estratégico con las nuevas titulaciones y para que "las decisiones sean las más realistas posibles".
El consejero ha explicado que envió la carta a Ontiveros "con máxima preocupación" y ha agregado que ha sido "una sorpresa" para el Gobierno regional encontrar un déficit de 24,9 millones de euros en la UCLM, que computarán, ha recalcado, en el déficit de la comunidad dentro de los objetivos de estabilidad presupuestaria de 2017 por los que no se podía superar el 0,6 por ciento del PIB.
Ha destacado que el déficit detectado por la diferencia entre ingresos y gastos es una "cantidad exagerada" puesto que ha recordado que en la discusión entre Junta y UCLM a finales de 2016 sobre el presupuesto de 2017, "lo que nos separaban eran 5 millones, ya que la Universidad reclamaba 140 y el Ejecutivo consideraba que el máximo que podía alcanzar eran 135".
Ha indicado que la causa es una "baja ejecución" del presupuesto de ingresos porque la UCLM presupuestó 25 millones "que en ningún caso se iban a recaudar en 2017, ni en el 2018 ni en el 2019", ha subrayado y, de hecho, de esos ingresos la institución universitaria solo ha recaudado 950.000 euros y la Junta estima que podría haber llegado a dos millones.
Además del déficit correspondiente a una partida de fondos Feder que la Universidad contaba con ingresar, el consejero ha afirmado que también han descubierto "un desfase en tasas académicas de más del 12 por ciento en términos negativos" a pesar de que cuando la UCLM elaboró el presupuesto de 2018 ya sabía con certeza el número de matriculados en 2017 o los ingresos a percibir.
También ha alertado de que la Universidad ha adoptado decisiones en 2017 que aumentan el gasto como "la contratación de profesores sin conocimiento de la Administración".
Así, Ruiz Molina ha considerado que el presidente del Consejo Social "debe pedir explicaciones de por qué se aprobó un presupuesto que llevaba implícitamente un déficit encubierto de 25 millones", y ha añadido que la Ley de estabilidad "prohíbe que sean aprobados y ejecutados unos presupuestos con déficit".
En cualquier caso, ha recalcado que tendría que ir "perfectamente diferenciado", como ocurre con en el presupuesto de la Junta, que se aprueba el presupuesto con un determinado volumen de déficit.
En este punto, el consejero ha señalado además que se ha producido "un hecho curioso" porque la UCLM está obligada a remitir al Gobierno regional información sobre su situación financiera para a su vez la Junta remitirla al Ministerio, y desde el mes de julio de 2017 dejaron de proporcionar esta información a la Consejería.
En esta última comunicación, en el mes de julio, ha apuntado que la UCLM decía que iba a cerrar el ejercicio con un déficit de 5,6 millones, lo que a juicio del consejero "parecía coherente" con las cifras que habían discutido Gobierno y UCLM, pero en ningún caso esperaba un déficit que casi quintuplica esa cifra, ha agregado.
Para el consejero, esta situación "pone de manifiesto la necesidad de que los entes públicos como la Universidad estén sujetos a control financiero como ocurre en 13 comunidades autónomas, sin que afecte a su toma de decisiones y a la Ley de autonomía universitaria", ha concluido.
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