Contragolpe al estado judicial

Si podemos llamar “golpe de Estado” a la situación política vivida en Cataluña, más concretamente, en el Parlament Catalá, tras la celebración del Referéndum del día Uno de Octubre (1O) del pasado año (porque referéndum, lo que se dice referéndum, haberlo, húbolo, por mucho que desde el campanario del Gobierno de España y a través de sus correveidiles, lo negaron por activa y por pasiva, incluidos el Presidente del Gobierno, Don Rajoy, Mariano y su Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la cual por cierto, era la encargada especialmente para hacer que las aguas volvieran a su cauce en territorio catalán, en vistas de las elecciones del 21 de Diciembre-2017, que ya vimos los efectos de tal intervención, con el propio Presidente del Gobierno mojándose de los pies a la cabeza, dejando al Partido Popular Catalán (PPC) al borde de la desaparición parlamentaria (4 diputados), con un candidato, Sr. Xavier García Albiol, ex-alcalde de Badalona, que no dio la talla, hubicandose el grupo parlamentario pepero en el grupo mixto, al negarle, con más razón que una santa, Inés Arrimadas, un parlamentario de prestado (¡qué enjuagues parlamentarios más ignominiosos!) para poder haber formado grupo propio y recibir vía subvención del Estado sobre los 800.000 euros del ala, que no eran, ni son, moco de pavo, y como referéndum, digo, sí lo hubo, por mucho que se empeñó el Gobierno en que no lo hubiera para lo cual el Ministro del Interior, Sr. Zoido, mandó a Cataluña a cuantas legiones de “orcos” encontró a su paso y tenía a mano para impedirlo por la fuerza bruta, y ni aún así, porque la fuerza del espíritu, y la fe, que mueve montañas, pudieron más que los brazos armados de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya actuación fue criticada duramente allende nuestras fronteras), lo cual no creo que sea cierto en todos sus extremos, porque, a fuer de ser sinceros y si queremos ser ecuánimes y acercarnos a la exactitud, aquello fue más bien, en todo caso, un “golpe de Autonomía”, concretamente recayente sobre la Autonomía Catalana, pues ni de lejos y mucho menos de cerca, estaba en la mente de los independentistas de Junts pel Si, ERC y de la CUP, implantar la República en Madrid, Galicia o Castilla-La Mancha, pongo por caso, por lo que, en realidad, de hablar de golpe, habría que concretarlo y circunscribirlo, única y exclusivamente, a la Autonomía Catalana, que es sobre la que se ha aplicado un “contragolpe judicial”, precisamente por la dejación de funciones del Ejecutivo de Rajoy, que ha dejado que una cuestión, que es estrictamente política, se haya enquistado y venido a sustanciar a través de los Tribunales, tanto en la Audiencia Nacional, bajo la batuta de la magistrada Carmen Lamela, como ahora, en el Tribunal Supremo, que, a través del magistrado Pablo Llarena, se ha emponzoñado el asunto y parece ser que lo que se pretende es no dejar títere con cabeza y dar un escarmiento ejemplar que sirva de aviso a caminantes, sin que esté muy claro, ni muy justificado, ni, acaso, muy estrictamente legal, que se use del medio de la prisión provisional incondicional, basándose en meras suposiciones por parte de sus señorías en cuanto a la posible reincidencia en los delitos (presuntos), los cuales, por otra parte, prácticamente abarcan todo el espectro del Código Penal, con la finalidad de que no se escape ninguna opción para castigar a los presuntos culpables, y más teniendo en cuenta que la mayoría de los encausados y encarcelados han sido elegidos por el pueblo catalán en unas elecciones estricta y absolutamente democráticas, impidiendo a los mismos el ejercicio de sus derechos que, como diputados autonómicos electos, les corresponde de conformidad con la legislación vigente.

Ahora, tras las peripecias de Carles Puigdemont por tierras europeas (Bélgica, Finlandia, Alemania) y su detención en éste último país cuando iba en tránsito de regreso a su refugio en Waterloo, tras la reactivación de la “euro-orden” de detención y extradición cursada por el Juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ahora, repito, la justicia alemana niega a España juzgar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión (al no apreciar violencia, requisito sine qua non), según dicen nuestras mentes calenturientas jurídicas, análogo al de Alta Traición, que sí castiga y pena el Código Penal Alemán, dejando, incluso, de momento, en el aire, la posible extradición por el delito de “malversación de caudales públicos”, presuntamente invertidos por el otrora Govern de la Generalitat en la planificación y realización del Referéndum del que traen causa todas estas martingalas, lo cual va a chocar de frente con las declaraciones que, a bombo y platillo, como gusta gastar al interfecto, hiciera el reprobado Ministro de Hacienda, Sr. Cristóbal Montoro, en las que, prácticamente, juraba y perjuraba, que ni un euro de caudal público se había distraído para la realización del referéndum del Uno de Octubre, a no ser que mintiera como un bellaco e incurriera en la responsabilidad, incluso penal, llegado el caso, si, al final, Carles Puigdemont y demás cabecillas del independentismo, encarcelados o no, fueran imputados (investigados, más finamente) por el susodicho delito de malversación, que también pone en duda la Audiencia Territorial de Scheswig-Holstein, el cual ha pedido información clarificadora al Tribunal Español. Pero, aquí, en este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, cualquier cosa puede suceder, más teniendo en cuenta que el propio Gobierno de España, con su Presidente a la cabeza, Don Rajoy, Mariano, y su principal valedora, la Vicepresidenta, Sra. Soraya Sáenz de Santamaría, ambos causantes, por acción u omisión, de esta traca judicial, debido a que fueron burlados por los independentistas, que sí o sí, llevaron a cabo el citado referéndum, que tanto uno como otra, reiteradamente, con la altanería, chulería, soberbia, prepotencia, arrogancia, vanidad y fatuidad, tan propias de los dirigentes peperos, negaban, más veces que San Pedro negara a Cristo, y no antes, sino durante y después de que el gallo cantara más de tres veces, tras su apresamiento por la traición que el mismo sufrió por parte de su discípulo Judas, mediante el beso traicionero.

Y, como siempre, en este país, vuelvo a repetir, aún hoy, a duras penas, llamado España, hay medios de comunicación que han puesto el grito en el cielo, ante este nuevo varapalo al Gobierno de España y en él a la Justicia Española, a la que, por cierto, ya empiezan a conocer allende nuestras fronteras, teniendo en cuenta que desde aquella fatídica modificación llevada a cabo por la ley Orgánica 6/1.985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, por el Gobierno del PSOE, con Felipe González como Presidente y su vicepresidente Alfonso Guerra, con el objetivo de que a “España no la conociera ni la madre que la parió”, dejando en manos del Congreso de los Diputados la elección de los miembros de los órganos de dirección, gobierno y representación del Poder Judicial (Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, entre otros), en un abominable e infecto sistema de reparto de nombramiento entre los partidos políticos, que eso sí, es verdad y cierto, fue un golpe de Estado en toda regla, contaminando desde su propia naturaleza la independencia del Poder Judicial, y siendo reforzada esta intromisión e injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo sobre el judicial, con la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2013, de reforma del Consejo General del Poder Judicial, bajo el mandato del entonces Ministro de Justicia Don Alberto Ruiz Gallardón, que supuso una vuelta de tuerca más para aniquilar la susodicha independencia. Pues bien, de aquellos polvos, estos lodos, unido a la designación por parte del Gobierno del Fiscal General de Estado (a la manera de un cargo político más), con la incidencia que tal cargo tiene al ser la estructura del Ministerio Fiscal jerárquica y tener que acatar (como en el ejército) los fiscales las órdenes y consignas que provengan del mismo. Y esto, es una cuestión muy seria, que mientras nos manejábamos en casa se aceptaba, con más o menos resignación, pero cuando hemos empezado a enseñar nuestras vergüenzas allende nuestras fronteras, especialmente en la UE (Unión Europea), se está destapando que la ropa sucia en nuestro país ha empezado a llamar la atención de países verdaderamente democráticos, en los que la separación de poderes, especialmente la del Poder Judicial, respecto de los otros dos, Ejecutivo y Legislativo, se lleva a rajatabla, sin excepción. Pues bien, precisamente, eso es lo que se desprende de la decisión del Juez Alemán, el cual sí goza de absoluta independencia y decide conforme a Derecho, reconociendo, implícitamente, con tal decisión, que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo Españoles, se han pasado cuatro pueblos en este conflicto, que, repito, una vez más, es político y no judicial, y consiguientemente no se deja intermediar independientemente de que los españoles le parezcamos simpáticos o no. Se le ha visto el plumero a España y a sus Autoridades y no ha dejado que las ramas le impidan ver el bosque. Porque el automatismo en la cumplimentación de la euro-orden que se pregona no tiene sentido común, al tener que analizar el Tribunal alemán si existen o no razones jurídicas convincentes para acceder a la extradición solicitada por los delitos imputados. Item más, aún, por si faltaba poco, va y pare la abuela, en el sentido de que la propia ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Humanos, ha instado al Estado Español a que se comprometa a garantizar los derechos políticos del ex-candidato y nuevamente candidato a la investidura a President de la Generalitat y ex-presidente de la ANC, Jordi Sánchez i Picanyol, para que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Convenio, dando a entender que la retención en prisión de los que están por los citados delitos, ya parecen cogidos con pinzas por los jueces españoles, lo que clama al cielo.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

11 de abril de 2018