Pesadilla en los juzgados

Una verdadera pesadilla para Juana Rivas fue la pasada en el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada servido por el juez Manuel Piñar Díaz, que ha acabado dictando una contundente sentencia contra la misma, condenándola, nada más y nada menos, que a cinco años de prisión, a seis años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre sus dos hijos y a una multa de 30.000 euros que habrá de satisfacer a su ex pareja, el italiano Francesco Arcuri.

Una sentencia que supone el remate a la pesadilla vivida por la interfecta, en su lucha para preservar a sus hijos de una presunta mala custodia, originada solamente por el amor que la víctima desparramó sobre sus vástagos y que ha tenido, de momento, su final en esta sentencia, de todo punto de vista, desmesurada, aberrante, monstruosa, desproporcionada, desmedida, exagerada y excesiva, por mucho que provenga de un órgano jurisdiccional legítimamente establecido en suelo español, que, posiblemente, se haya basado en la literalidad de la ley, pero que parece perseguir y conseguir un aviso a navegantes, es decir, un pronunciamiento condenando no sólo a la citada Juana Rivas, sino a todo su entorno que estuvo arropándola en los aciagos días en que la ley pretendió caer con todo su peso sobre la misma, sin atender a razones morales y éticas, a motivaciones personales fundadas en la fuerza de la naturaleza, en el amor en cierto modo, infinito, que es capaz de desprenderse de una madre acorralada por la “literalidad de la ley”, que le llevó, para defender a sus cachorros, a levantarse contra la misma, mientras no sólo las instancias oficiales, sino la propia sociedad, se afanaba en buscar una solución razonable, que nunca llegó a ser entendida por la institución judicial, la cual siguió, erre que erre, con el mazo sobre la cabeza de la huída. Mazazo no sólo para ella, sino para la sociedad en general, que salió, con todos a una, como en Fuenteovejuna, aunque ahora traspuesta al pueblo de la condenada, Maracena.

Una dura sentencia, en la que el Juez no sólo arremete contra la presunta culpable, sino contra todo lo que se le pone por delante y rodea a la misma, medios de comunicación por medio, incluida Francisca Granados, asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de su propio pueblo, Maracena, que queda poco menos, que a los pies de los caballos, como un Centro de “institucionalización del feminismo esquizofrénico”, según, literalmente, lo califica en su columna en el Diario ABC del día 28 del presente mes y año, Alberto García Reyes, porque, a toro pasado, ya han empezado a salir a la palestra los opinadores de pacotilla y de lo políticamente correcto, los defensores del Derecho a ultranza, de la Ley al pie de la letra que con sangre entra, sea justa o injusta, y de la aplicación de la misma a rajatabla caigan tirios y troyanos.

Y aunque su aplicación suponga una injusticia como la copa de un pino, que es lo que, a mi juicio, ha pasado con la sentencia dictada por el Magistrado del Juzgado de lo Penal 1, de la Audiencia de Granada, sentencia tendente a poner punto en boca del feminismo y fundamentada más en los atributos sexuales (machismo puro y duro), que en el corazón y el alma, y en el espíritu que debe presidir toda aplicación de una ley, de ahí que, acaso, podamos calificar la sentencia dicha en un exceso, dada la alta condena para la procesada (cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, uno por cada hijo; más seis años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad; y una indemnización de 30.000 euros para la ex-pareja de la misma, el italiano, Francesco Arcuri), sin sopesar que éste, su ex pareja, pretendía llevarse a los menores a Italia, que la madre los retuvo bajo su custodia y protección, sin desatenderlos ni ejercer sobre los mismos fuerza o violencia (por lo que difícilmente encaja el tipo penal de sustracción de menores que, en todo caso, requeriría tácitamente, a mi juicio y por justicia, dolo y violencia), sin maltratarlos, simplemente queriéndolos como una madre cualquiera es capaz de querer y proteger al fruto de su vientre y que, a la postre, después de un mes y dos días en paradero desconocido, Juana entregó voluntariamente a sus dos hijos a la Guardia Civil, como las resoluciones judiciales habían dispuesto y ordenado a la misma.

“Juana”, “era sabedora de la obligación que tenía” (de entregar a sus hijos), según expresa el Juez en su sentencia, reprochándole que incumpliera la orden de restitución por la vía civil “de forma consciente y deliberada”, para así “hacerse con la guarda y custodia por la vía de hecho”. No sé yo, si el Magistrado habrá calibrado el daño colateral, más bien directo y cierto, grave y, quizás, irreparable, que su sentencia va a causar a los hijos, los menores (que sobretodo son los que debieran ser objeto de protección máxima), y después del cumplimiento de su sentencia, con esa suspensión del ejercicio de la patria potestad por seis años, ya serán, el mayor, ya mayor de edad, valga la redundancia, y el menor al borde de serlo, privándoles del amor, los cuidados y la convivencia de unos hijos con su madre, relación fundamental para el desarrollo físico y espiritual de un vástago, sobre todo en los primeros años de su vida, pues sabido es cómo, aunque haya quien opine lo contrario, la ausencia de una madre marca más, para mal, a un hijo y porque, y esto está constatado, por la experiencia, por regla general un padre (sexo masculino) no se entera o no quiere enterarse de que tiene hijos, y cuando sobreviene algún contratiempo con la pareja, es el momento en el que les rezuma amor por todos los costados respecto de sus hijos y es entonces cuando quieren tenerlos a toda costa junto a sí, pero no porque ese deseo sea real y cierto, sino porque con esa actitud quieren “joder” y herir a su compañera y madre de sus hijos, sirviendo también, en este punto, como constatación de lo dicho, desgraciadamente, los casos en los que los ex (género masculino), tratan de infligir a su ex-pareja (sexo femenino) esa aludida tortura y crueldad de desposeerlas de lo que más quieren en el mundo, es decir, de la compañía de sus hijos, matando a éstos a sangre fría y sin ningún tipo de contemplaciones.

Quizás, todas estas circunstancias, no las habrá tenido en cuenta su señoría, para dictar una sentencia de tal calibre, “despiadada” según la califican quince grupos feministas (con más razón, en este caso, que un santo), y la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) que ha advertido que la condena de Juana Rivas “se percibe” como “desproporcionada” y alejada de “la realidad social” y ha abogado por dejar de ser “herederos y herederas de una justicia patriarcal que la sociedad no tolera”, porque, en definitiva, sin saber las verdaderas intenciones del tal Arcuri, en este caso, el propio Juez, o sea, la persona que debía administrar justicia, no sólo aplicando, sino sobre todo interpretando la ley y adecuándola al caso y circunstancias concretas que lo rodean, se ha convertido en el ejecutor del daño moral y ético, y quizás, material, no sólo para la madre, sino respecto de los propios hijos a los que, parece de soslayo, debiera proteger principalmente.

No es de extrañar, que asociaciones de feministas, y no feministas (porque aquí no estamos ante un caso de feminismo, sino de justicia, principalmente para los menores), grupos políticos y prácticamente la sociedad entera hayan puesto el grito en el cielo ante la aberrante y despiadada, amén de irreflexiva sentencia, que perjudica, vuelvo a repetir, sobremanera a unos menores que debieran haber sido el centro de atención, de preocupación y de protección de su señoría, que arropado bajo su toga y sus puñetas, no ha hecho otra cosa que un pan como unas tortas, y seguramente, se habrá quedado tan fresco y descansando durmiendo a pierna suelta, lo que se deduce de la manera irreflexiva y poco estudiada en que dictó la sentencia, resolviendo este caso en un solo día, haciéndose acreedor al maillot amarillo de la jurisdicción en sentido negativo.

Razón le sobra al Gobierno actual de España, con todo lo que queramos criticarlo, por haber insinuado que, caso de llegar a consolidarse esta chapucera sentencia como firme, instaría el indulto para Juana Rivas, desparramando y dejando entrever un hilo de cordura, de sensibilidad y de sensatez, de todo lo cual carece la sentencia antedicha, de lo que se desprende que la judicatura no puede estar en manos de quienes carecen de la más mínima empatía para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y dictaminar un veredicto final rebosante de equidad y de justicia, y a la manera como Chicote, en su programa “Pesadilla en la cocina” pone orden donde todo era caos, alguien debiera poner orden en ciertos juzgados y evitar que los mismos sean para los justiciables una “verdadera pesadilla”, y obviar, tal como dijera Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y, a su vez, del Consejo General del Poder Judicial, que el Código Penal sólo esté para aplicarlo a “los roba-gallinas”.

Dicho queda, mas la egolatría, la soberbia, la rabia mal contenida y la frustración personal y la amargura de muchas señorías, más de las deseables, harán que esto quede en una prédica en el desierto.

¡ MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

1 de Agosto de 2.018