El cuento de que todos somos iguales ante la ley

Pues, mire Vd., ¿qué quiere que le diga? Pues que esa proclama que se repite como un mantra, especialmente por quienes son tratados con guante de seda por esa ley, me parece que es un cuento y, además, chino, que ya sabemos que los cuentos chinos tienen la virtud de ser más cuentos que los demás cuentos y que te dejan en un estado de zombi si no para toda la vida, sí que para un buen rato.

Proclama, enfáticamente, el artículo 14 de la Constitución Española que “todos los españoles son iguales ante la ley” y continúa dicho artículo, para rematar tal aserto, con que “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y cuentan, que tras darle este contenido al artículo 14 de nuestra Constitución (que, por cierto, está ya hecha unos zorros), nuestros legisladores constituyentes se quedaron más anchos que largos, creyendo que habían, poco menos, que haber descubierto la pólvora o poner el huevo de Colón. Y, ¡hala!, a que la voten los españolitos de a pie y también los de a caballo, que lo van a creer a pies juntillas y se lo tragarán como una rueda de molino, ¡total, por una más que se traguen! ¡ya están acostumbrados a tales, iguales, similares o semejantes! Y ya sabemos que la repetición hace que nuestra boca se acomode a cualquiera que sea el tamaño de la rueda que nos echen a la misma.

Y, en ese mantra, de sabernos premios Nobel en constitucionalismo, y como no podía ser de otra manera, ya que desde “in illo tempore” las altavocías y vocinglerías de la Casa Real Española, nos han venido, y siguen, erre que erre, obsequiándonos con esa rueda de no poco tamaño, de que “los reyes, son como unos más”, pues bien, aquí sí que, al menos por una vez, el Rey, ya Emérito, Don Juan Carlos I, se comportó como uno más, y en la charla con que nos regala y felicita las Pascuas cada 24 de Diciembre, en la relativa al año de la imputación de su yerno Iñaki Urdangarín, no se cortó un pelo, en proclamar a los cuatro vientos esa proclama necia y barata de que “la Justicia es igual para todos”, sin saber que su propia hija, la Infanta Doña Cristina, iba a recorrer los pasillos de los Juzgados también como imputada, pese a los denodados esfuerzos del Fiscal del caso, un tal Pedro Horrach, que hizo lo posible y lo imposible, por tierra, mar y aire, por evitarle a tan insigne dama la ignominia de ser juzgada “como una más”. La verdad es que la arenga de nuestro, entonces, monarca en activo, no tuvo ni tiene desperdicio, pues ufanándose de que “todos somos iguales ante la ley”, obvió señalar que, al menos, uno no lo era ni lo es, pues el artículo 36.3 de la propia Constitución Española proclama que “la Persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (Inviolable: tan digno de respeto que no puede ser violado, profanado u hollado), lo cual constituye un anacronismo de todo punto repudiable e injustificable en una llamada democracia del siglo XX y del XXI; y si queremos exprimir el limón o la naranja, que tanto monta, monta tanto, para sacarle todo su jugo, y nos vamos al artículo 71, siempre de la propia Constitución, nos encontramos con otra serie de sorpresas que ratifican que ese mantra, repito, de que “todos somos iguales ante la ley” es un cuento chino capuchino. Veamos la literalidad de dicho artículo: “1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones./ 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva./ 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo./ …” o sea, otra muesca que hace a unos españoles de mejor condición que otros en relación con sus actos, lo que supone la tala de una gran rama a ese epitafio de que “todos somos iguales ante la ley”. Inviolabilidad, inmunidad, aforamiento especial, ¿de qué igualdad estamos hablando? Y repito, todo ello en plenos siglos XX y XXI, en los que el avance de la ciencia y la tecnología deberían haber hecho desaparecer esos privilegios, pues de privilegios y, además, inaceptables, se trata ese estatus especial, ese escalón superior, en que los Reyes, Diputados y Senadores se sitúan, haciendo un corte de mangas monumental a la ciudadanía en general, que observa, atónita, cómo, pese a esa regla general de igualdad ante la ley, aparecen unas excepciones que contradicen el contenido del artículo 14 de la Constitución que proclama que no podrá prevalecer “discriminación” alguna, por razón entre otras circunstancias (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión) por “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, y ya veremos claramente que esa otra condición o circunstancia personal o social, o sea, ser el Rey de España o titular de un escaño, sea de Diputado, sea de Senador, hace a éstos desiguales, en el sentido de beneficiarles de una posición privilegiada respecto de los demás españolitos. ¡Y luego se quejan del populismo!, atrincherándose con la bandera de constitucionalistas, ciertos partidos, o sean, PP, PSOE, y Ciudadanos, que se creen poseedores de la verdad absoluta, de la fórmula de fierabrás, de ser los únicos con derecho a cagar y mear, y a los demás (IU, Podemos, PNV, PDcat y otros), los sitúan en la picota, como si sus Diputados y Senadores no hubieran obtenido sus escaños, tanto nacionales como autonómicos, en buena lid, o sea, por los votos de los ciudadanos depositados en las urnas en las elecciones correspondientes y dentro del marco constitucional de la Constitución, valga la redundancia.

Pues bien, a la vista de tales privilegios, de tales prebendas, que los constitucionalistas defienden a capa y espada y que se resisten a perderlos, tal como ha propuesto lo que llaman “el populismo”, resulta que más vale caer en gracia que ser desgraciado, o lo que es lo mismo, más vale nacer con estrella, que nacer estrellado. Y esto lo hemos visto, por si había alguna duda, en el diverso tratamiento que los Tribunales han dado a quienes por la Magistrada Carmen Rodríguez Medel, están siendo investigados por el Juzgado número 51 de Madrid del que aquélla es titular, en los casos de los másteres regalados por la Universidad Rey Juan Carlos (que ya es toda una metáfora la denominación de la dicha Universidad), a través de su Instituto de Derecho Público, dirigido por el inefable catedrático Don Enrique Conde Álvarez, entre otros a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP Madrileño, así como ex Diputada de la Asamblea de Madrid (en mala hora renunció a su cargo en ésta, que la hubiera dado un trato de favor, quizás, en el Alto Tribunal español, es decir en el Tribunal Supremo), de la ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que está en sala de espera, amén de otras personas imputadas en relación con los susodichos másteres, frente al neófito Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuyo caso, por tratarse de un aforado al ser titular de un escaño de Diputado en vigor en el Congreso de los Diputados, no ha podido sustanciarse ante la citada Magistrada de Madrid, y lo ha diligenciado nuestro Tribunal Supremo, creando ya una cierta indignación la algarabía y los parabienes que el citado Sr. Casado recibió de sus conmilitones nada más saberse la noticia de que la Fiscalía del Tribunal Supremo (cuya postura no es vinculante) desvinculó de toda responsabilidad, “prevaricación y cohecho impropio”, al aforado Sr. Casado, poniendo poco menos que de hoja perejil a la Magistrada que se está comiendo el marrón de la investigación a los implicados en los dichosos másteres, cuando el Alto Tribunal aún no había dicho ni mú (lo que hace ya oler a podrido todo este entuerto), aunque éste acabara, según auto de fecha 28 de abril pasado, de exonerar de toda responsabilidad al Presidente del PP, aun cuando el Alto Tribunal insinúa que la conducta del líder del PP, si bien no merece reproche penal, sí debería merecerlo de otro tipo, referencia que el propio concernido y sus conmilitones, así como los medios de comunicación pasan por alto o la mencionan de soslayo, aunque como un síntoma de vergüenza ajena lo sea el que los medios de comunicación más generalistas del país, incluidos los que beben las aguas del Partido Popular, no hayan sido capaces de alabar la exoneración del implicado en ninguno de sus Editoriales. Pero esto es harina de otro costal. En realidad el Tribunal Supremo, rechazó investigar al Sr. Casado al no advertir en el mismo indicios de que cometiera un delito de prevaricación en el posgrado que (presuntamente, dados los hechos probados, tales como la inasistencia a clase, no realizar ningún examen, ni comparecer ante Tribunal Académico alguno a defender sus conclusiones) cursó hace 10 años, ni tampoco el de cohecho impropio que, caso de existir, en cualquier caso, estaría prescrito. Pero algunos flecos y puntualizaciones del Auto del Supremo dan que pensar, tales como que el uso del título en el currículum del dirigente conservador, se trata de un hecho posterior a la presunta comisión del delito de prevaricación y, por lo tanto, “irrelevante penalmente”, y ello, aunque el máster se le haya concedido al calificarle las asignaturas con sobresaliente “sin mérito académico alguno”, o al expedir el título en sí, “con la misma carencia de merecimientos”, todo lo cual parece en sí, un razonamiento de Perogrullo y que deja también a los componentes de tan Alta instancia Judicial (Manuel Marchena –Presidente-, Pablo Llarena, Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Ana Ferrer, integrantes de la Sala de lo Penal), en cierto modo, un poco o, más bien, un bastante, con el culo al aire y al pie de los caballos. No es de extrañar que más de un experto en Derecho Penal, como el Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio, haya puesto el grito en el cielo denunciando el “efecto perverso” del aforamiento, que “rompe la unidad de acción judicial. Daña la credibilidad del sistema. Es intolerable que haya una diferencia de criterio entre un tribunal en el que inciden las fuerzas políticas y dice que no hay que investigar a un político, y otro en el que no inciden y dice que sí”. ¿Qué debe hacer la Juez Carmen Rodríguez-Medel? Aunque la Audiencia Provincial de Madrid la ampare, una salida airosa para la misma sería mandar al carajo toda la instrucción que tiene en sus manos y que sea el Tribunal Supremo quien investigue, aunque no sean aforados, a las tres alumnas del máster de Casado que continúan imputadas por los indicios con los que él ha sido exonerado, así como no iniciar acción alguna contra la ex Ministra Carmen Montón (la cual, por dimitir, perdió su privilegio de aforada). Y esto, es lo ha hecho la Juez, archivando el pasado 1 de éste mes y año la investigación principal del caso Máster, levantando las imputaciones por prevaricación administrativa y cohecho, que pesaban sobre 19 personas.

En definitiva, nos encontramos, una vez más, en las cloacas y alcantarillas institucionales, en este caso, judiciales. ¡Y luego se extrañan de que el pescado es caro! (Léanse las resoluciones Judiciales de Tribunales de Bélgica, Alemania o Escocia, y no digamos del de Estrasburgo, sacándole los colores a la magistratura española). Así nos luce el pelo y España seguirá siendo considerada, sin solución de continuidad, como el culo de Europa y la cabeza, en su caso, de África. Lo dicho, más vale caer en gracia, que ser un desgraciado, o más vale nacer con estrella que nacer estrellado. Con su pan se lo coman.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

3 de octubre de 2018