Hoy 25 de noviembre reiteramos el compromiso político, social y moral de todos los Gobiernos del mundo para eliminar la violencia contra la mujer, de acuerdo con la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.
La evolución de considerar la violencia de género como un problema privado a ser considerado un problema social, es sin duda una de las grandes victorias del movimiento feminista y lo que ha permitido una mayor sensibilización de la sociedad, exigiendo a su vez a Gobiernos y poderes públicos nuevas formas y más rigurosas de actuación, incluyendo medidas legislativas, sociales, educativas y de protección contra esta lacra.
En la violencia de género y sus distintas manifestaciones como la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual, la mutilación genital o los matrimonios forzosos entre otras, subyace el consentimiento colectivo de unas relaciones sociales basadas en la desigualdad y en la primacía del género masculino sobre el femenino, impidiendo a este último ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales.
Combatir pues la desigualdad y la discriminación contra la mujer, supone atacar la raíz de la violencia de género, y aunque se nos antoje un medio lento ante la urgencia que nos reclaman las cifras de víctimas, que no excluye otras actuaciones más perentorias, es el cambio social en la percepción individual y colectiva de la violencia contra las mujeres, lo que nos dará a los hombres y mujeres que creemos en una sociedad más igualitaria e inclusiva, la victoria.
Es la educación el arma más eficaz para el cambio social y por ello, es necesario introducir en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual, la igualdad, los valores de la diversidad y la tolerancia; porque no hay que olvidar, que todos aquellos y aquellas que sufren maltrato en la infancia y en la adolescencia son más proclives a reproducir estas conductas en su vida adulta.
Educación para la prevención y formación y especialización para la acción: todos los agentes implicados y relacionados con la violencia de género desde el personal docente al sanitario, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces, fiscales, equipos forenses, trabajadores sociales, etc requieren de mejores herramientas y conocimientos, de modo que se optimicen los recursos, se aumente la eficacia en la detección de las conductas de maltrato y se desarrolle una nueva cultura social y profesional de tolerancia cero respecto a la violencia de género.
Así mismo debemos mejorar la respuesta asistencial con recursos jurídicos, sociales, de protección y de inserción a las víctimas de maltrato y de violencia de género en la que el trabajo en red y la cooperación entre todas las instituciones con protocolos unificados suponga una respuesta inmediata a las víctimas.
Todos los grandes caminos se inician con un primer paso. En Castilla-La Mancha lo iniciamos con una normativa pionera como la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, recientemente con la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha y desde el Gobierno de España estamos desarrollando el Pacto de Estado contra la violencia de Género.
No podemos ni queremos mirar para otro lado y en el Día Internacional contra la Violencia de Género reivindicamos la educación como garantía para la prevención y la lucha de hombres y mujeres contra la desigualdad, como estrategia principal contra todo tipo de maltrato y abuso.
Francisco Tierraseca Galdón
Subdelegado del Gobierno en Albacete
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