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Mentiras, miserias y propuestas educativas…

Por José González Martínez
miércoles 27 de marzo de 2019, 15:21h

La actualidad política nos va desgranando algunas de las medidas que los candidatos a la presidencia del gobierno nos proponen para su proyecto de futuro, y a pesar de que los aspectos educativos no son “tema estrella”, en algún caso sólo son capaces de lanzar mentiras y recuperar miserias de otros tiempos como apuestas de futuro.

En esta batalla del ruido en la que estamos inmersos, resulta difícil muchas veces diferir entre lo cierto y lo falso y poder configurar una opinión real y veraz de algunos temas.

Desde hace unas semanas, se repite como un mantra la falsa afirmación del cierre de los centros de Educación Especial.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha desmentido tajantemente en diversas ocasiones el cierre de dichos centros. Son 37.000 los alumnos y alumnas con discapacidad los que están matriculados en centros de EE en nuestro país, donde reciben una atención especializada y de calidad.

La polémica surge a raíz del proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que inició el trámite parlamentario, y que lamentablemente no ha podido llegar a su culmen en la legislatura que ahora finalizamos. Entre sus objetivos, que pretenden revertir los aspectos más segregadores y lesivos que nos trajo la LOMCE, se encuentra el de aumentar la integración en centros ordinarios fijándose en un plazo de diez años.

Naciones Unidas, desde hace años nos alerta de que nuestros niveles de inclusión están por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Hay alumnado que incuestionablemente se encuentra mejor atendido en los centros de Educación Especial, pero igualmente, muchos otros, gracias a la visión inclusiva que actualmente prima en el sistema educativo, se benefician de interacciones más diversas y enriquecedoras en centros ordinarios.

Esto no es motivo para generar una alarma irreal y afirmar que el gobierno vaya a cerrar los centros de Educación Especial. Son necesarios, y la mejor respuesta educativa para algunos alumnos y alumnas, cuyas condiciones personales requieren una atención más especializada.

La inclusión real y efectiva, no es posible sin dos condiciones muy explícitas: el convencimiento ideológico y la dotación presupuestaria. Esta última barrera es la que se encuentra normalmente nuestro sistema educativo y por la que el soñado pacto educativo no ha sido posible en las últimas décadas, especialmente para los dirigentes del PP, que no aceptaron fijar en el 5% el compromiso de gasto en educación.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la educación y la investigación han sido una de sus prioridades. El fomento de la FP, el aumento de las becas, el restablecimiento de las condiciones laborales del profesorado…y muchas otras medidas así lo demuestran.

En contraposición, Pablo Casado, nos va desgranando sus propuestas educativas, que no son otras que la recuperación de las medidas estrellas de la Ley Wert: recentralización de las competencias educativas, establecimiento de las reválidas y pruebas externas, y la publicación de los “ránkings” para crear competición de resultados en los centros, son algunas de ellas.

El objetivo es claro a primera vista, la clasificación y la segregación desde el objetivo clasista que tanto añoran algunos, para educar ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. En Castilla La Mancha conocemos bien la diferencia entre los dos modelos de gestión educativa.

El de Cospedal que dejó en estado crítico a la escuela rural, se ensañó con el personal docente, disolvió la formación del profesorado… o el de Emiliano García Page, que ha aumentado un 120% más la inversión en educación, apostando por un modelo que garantice el éxito para todas y todos.

En aquella etapa oscura, en nuestra tierra se perdió un 29% en inversión educativa y se destruyeron 6.000 puestos educativos de los 30.000 que se perdieron en toda España. Son muchos los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno en materia educativa: la formación del profesorado y el acceso a la función pública, desarrollar ampliamente el derecho a la educación, dar respuesta a las nuevas demandas de formación y empleabilidad que nos reclama la sociedad actual, garantizar el acceso a la educación de 0 a 3 años, fomentar la participación de la Comunidad Educativa, modernizar el sistema, incorporar evidencias científicas metodologías activas en las aulas, reformular el currículum…

Esa debería ser la gran preocupación de los diferentes partidos, y no la de luchar por ser los mejores en la batalla del ruido. El ruido es molesto, atemoriza e inquieta, y en este caso los padres y las madres de los alumnos con discapacidad y los grandes profesionales que trabajan diariamente en los centros de Educación Especial, han sido los mayores afectados en los últimos días.

Superemos las mentiras y miserias, las armas arrojadizas, y trabajemos con todas las fuerzas y el mayor entendimiento posible para construir el futuro de nuestra sociedad desde un sistema educativo equitativo, inclusivo, moderno y justo.

José González Martínez

Secretario de Educación, Investigación, Cultura y Deporte del PSOE en Albacete

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