El juicio por la muerte de un militar en 2011 en el Pantano de Entrepeñas, en la provincia de Guadalajara, durante la realización de unas maniobras subacuáticas ha quedado este jueves visto para sentencia en el Tribunal Militar de A Coruña.
En la cuarta y última sesión, las partes han leído su escrito de conclusiones. Así, la Fiscalía mantiene las penas para los tres acusados, todos integrantes de la Unidad Militar de Emergencias, para los que pide entre dos y tres años de prisión por la "imprudente" actuación en unas maniobras de inspección y ejercicios subacuáticos, para el entrenamiento de los militares de esta unidad.
Por su parte, la acusación particular mantiene las peticiones de entre 4 y 8 años de prisión por "incumplimiento de deberes" de los procesados por la muerte de Héctor Luelmo, originario de Zamora, en marzo de 2011. Sostiene que se produjeron "diversas acciones negligentes en la coordinación y ejecución" de las maniobras.
En sus conclusiones, el representante de la Fiscalía Militar considera "negligente" la actuación de uno de los acusados, el brigada director de la inmersión, que "no tuvo capacidad para tomar las medidas de control" y "no revisó" las condiciones del lugar para la realización del ejercicio. "Se desentendía de todo", ha añadido el representante de la Fiscalía.
Cree también el fiscal que el segundo procesado, el jefe del grupo de buceo en el que participaba la víctima, "desconocía" las capacidades de los buzos para la realización de ese ejercicio. Sostiene que fue "imprudente" al no mandar recalcular el consumo de aire de los buzos, que estaba calculada para una profundidad menor a la de la inmersión.
La Fiscalía señala además que durante el juicio ha quedado "demostrado", con las declaraciones de peritos y testigos, que la víctima llevaba un equipo de buceo con "menos prestaciones" que el de sus compañeros.
Respecto al último procesado, compañero de la víctima en la inmersión, la Fiscalía lo acusa de un delito de "denegación de auxilio" al "no hacer nada" cuando vio que su compañero tenía problemas para continuar con la inmersión.
En cuanto a la solicitud de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita 92.000 euros para los padres del fallecido y 10.000 para su hermano, mientras que la acusación particular eleva a 200.000 y 100.000 euros las respectivas indemnizaciones.
Por su parte, las defensas mantienen la inocencia de los procesados y solicitan la libre absolución, alegando que en las maniobras subacuáticas se tomaron las "medidas de seguridad" correspondientes y se emplearon "todos los medios necesarios".
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