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El PP de Albacete presenta una moción para que el Gobierno de España elimine una deuda del Ayuntamiento de 8 millones
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El PP de Albacete presenta una moción para que el Gobierno de España elimine una deuda del Ayuntamiento de 8 millones

viernes 23 de julio de 2021, 11:05h

El concejal popular Alberto Reina ha explicado que la moción plantea la eliminación de esa deuda o en su defecto articular mecanismos para aplazarla dos años y para fraccionarla en 10 años “como ya hicieron los gobiernos del Partido Popular con la deuda generada en los ejercicios 2008 y 2009”

Ha criticado que la ministra de Hacienda en lugar de atender los avisos de que los ingresos serían menores de lo estimado vendió como gran logro del gobierno que las entregas a cuenta se actualizasen con el crecimiento previsto antes de la pandemia y no al real “aun sabiendo que generaría una deuda millonaria”

La Federación Española de Municipios y Provincias estima que en toda España esta deuda sería de 3.000 millones en los ayuntamientos y de 5.000 millones en Comunidades Autónomas

Reina ha lamentado que en el caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez no actúe para eliminar esta deuda “supondrá un serio varapalo económico a muchos ayuntamientos que no tendrán para inversiones, gastos corrientes e incluso para pagar sus nóminas”

El Grupo Municipal del Partido Popular llevará una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de Albacete para instar al Gobierno de España que ponga en marcha medidas que eliminen la deuda que las entidades locales habrán contraído con el estado de manera automática por la liquidación negativa de la participación en ingresos del estado del año 2020, “una deuda que en el caso del Ayuntamiento de Albacete se estima que se podría situar entre los 7,5 y 8 millones de euros”.

De esta manera se ha pronunciado el concejal del Partido Popular Alberto Reina que ha sido el encargado de presentar la moción que se debatirá en el próximo pleno, el correspondiente al mes de julio que se celebrará el jueves, 29 de julio.

Así, Reina ha recordado que la liquidación de la participación en tributos del Estado se constituye en uno de los pilares básicos de los ingresos de los ayuntamientos y diputaciones. “En el caso del ayuntamiento de Albacete esta aportación ronda los 45 millones de euros”, ha asegurado.

El concejal ha recordado que desde el Partido Popular se ha tendido la mano al Gobierno de España en numerosas ocasiones para revisar el sistema de financiación de las entidades locales que data de 2004 “para implantar un mecanismo que evite la existencia de estas liquidaciones negativas”.

Alberto Reina ha detallado el funcionamiento del sistema que pasa porque el gobierno de España entregue unos anticipos a cada entidad local según la previsión de recaudación que se haga, “y una vez que se ha cerrado el ejercicio presupuestario y se conocen los datos reales de los ingresos -dos años después de recibir las entregas- se producen las liquidaciones definitivas por lo que la liquidación del año 2020 se conocerá en el año 2022”.

“Esto supone que la diferencia entre las entregas a cuenta realizadas y el dinero que realmente debería haber recibido cada entidad local puede ser positiva o negativa según los ingresos reales del Estado”, ha explicado. Reina ha recordado que la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha estimado la cantidad a devolver al estado en 3.000 millones de euros para las entidades locales y 5.000 millones para las Comunidades Autónomas, “siendo la estimación para el Ayuntamiento de Albacete está entre los 7,5 y 8 millones de euros”.

A su juicio, el gobierno de España “no puede alegar que no podía prever la situación que se producirá en el año 2022 ya que en el año 2020 decretó la paralización total de la economía española, no quiso prever la reducción de los ingresos del Estado y mantuvo las entregas a cuenta de las entidades locales como si la pandemia no existiese, sabiendo que al cabo de dos años esos anticipos, inflados artificialmente, se convertirían en deuda para las entidades locales”.

Reina ha criticado que “la ministra de Hacienda, en lugar de atender los avisos del Partido Popular que le decían que los ingresos serían menores de lo estimado, se dedicó a vender como un gran logro del gobierno que las entregas a cuenta se actualizasen respecto al crecimiento previsto antes de la pandemia (el 1,6%) y no al real sabiendo que esto generaría una deuda millonaria, lo que ha supuesto pan para hoy y hambre para mañana".

Por todo ello, ha explicado que la moción que el Partido Popular planteará al próximo pleno pasa por instar al gobierno de España a condonar la deuda generada por la liquidación negativa de la Participación de Ingresos del Estado del 2020. “Si esta medida no se pusiera en marcha, exigimos al gobierno de Pedro Sánchez que aplace dos años la devolución de dicha deuda y posibilite el fraccionamiento del pago de la misma en 120 mensualidades (10 años)- ampliables otros 120 meses más en caso de que existan problemas de liquidez- como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009”.

Y es que el concejal popular ha reconocido que “no es la primera vez que se producen estas diferencias” desde 2004 en que se puso en marcha el actual sistema de financiación local, “pero otra cosa bien distinta es quien esté al frente de la gestión de España en situaciones de crisis y las soluciones que se toman en cada momento”. En este sentido, ha recordado que se han producido liquidaciones negativas siendo las más importantes las de 2008 y 2009, “los años más duros de la anterior crisis económica”. Los ingresos tributarios del Estado se desplomaron respecto a las previsiones y las liquidaciones negativas ascendieron a 1.500 millones de euros en 2008 y 4.300 millones de euros en 2009.

“Pero las soluciones que dieron los gobiernos del Partido Popular cuando se produjeron estas diferencias fueron el Plan de Pago a Proveedores y la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado permitió que el importe que, a 1 de enero de 2012, hubiere estado pendiente de reintegrar por las entidades locales a la hacienda del Estado, derivado de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del estado de los años 2008 y 2009 se fraccionó por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 120 mensualidades”, ha recordado.

Para Reina, “si no se aplican estas medidas los consistorios se verán obligados a devolver estas cantidades en el año 2023 lo que supondrá realizar un recorte en inversiones, gasto corriente e incluso algunas de ellas tendrán serios problemas para pagar a sus proveedores y empleados”.

Ha lamentado que “pese a los anuncios del presidente del gobierno de su apuesta por el municipalismo por nombrar ministras a tres alcaldesas lo cierto es que el gobierno de Sánchez ha reducido la participación de la administración local en la gestión de los fondos de recuperación europeos a un mísero 1% de los 140.000 millones que recibirá españa, un porcentaje que queda muy lejos del 14,6% que representa el gasto público local sobre el gasto público total”. Igualmente, ha recordado que el gobierno sigue sin devolver los más de 700 millones de euros que adeduda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017.

Reina ha acusado al Gobierno de España de Pedro Sánchez de practicar “un abandono total y absoluto” a las entidades locales en su lucha contra la pandemia. “Sánchez no ha atendido las peticiones de los 8.183 ayuntamientos que han puesto en marcha medidas para evitar la propagación del virus, atender a sus vecinos más vulnerables y sentar las bases de la recuperación económica y social tras la pandemia. Ha incumplido su compromiso de habilitar un fondo Covid de, al menos, 3.000 millones de euros para apoyar a la administración local. Lo único que han habilitado es un fondo para paliar el déficit de los servicios de transporte público local que además de ser totalmente insuficiente todavía no se ha hecho efectivo”, ha lamentado.

Igualmente ha criticado que “cuando quedan seis meses para comenzar el año 2022, el gobierno de España no ha propuesto ninguna medida para evitar que esta liquidación negativa ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de miles de entidades locales”.

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