Unos hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de seis delitos de trata de personas por los que piden un total de 54 años de prisión, nueve años por cada delito, para cada uno de los dos acusados, de los cuales solo cumplirían 20.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar durante el primer semestre de 2014, cuando los acusados, C.A.P. y G.N.P., hermanos de nacionalidad rumana, montaron una red para contactar con trabajadores de su mismo país y ofrecerles trabajo y alojamiento en la localidad albaceteña de Balazote.
La oferta consistía en una vivienda para 14 personas y una jornada laboral de 11 horas, que comenzaría a las 6.00 horas y finalizaría a las 17.00 horas, recibiendo un salario en función de las cajas recolectadas o las horas trabajadas. Sin embargo, una vez en Balazote, los procesados alojaron a los trabajadores en una nave, sin aislamiento, con tan solo dos cuartos de baño, sin agua caliente y con colchones sobre cajas de madera que hacían de cama. Alojamiento por el que, además, tuvieron que pagar 80 euros mensuales, más cuatro por las bombonas de butano y cinco por el transporte hasta el ajar. Un precio extra del que, según la acusación, no se les había informado en ningún momento.
Ante dichas condiciones, los inmigrantes comenzaron a protestar, siendo amenazados por C.A.P. con abonar el dinero del viaje si abandonaban. Un dinero que no tenían ya que no habían comenzado a trabajar. Amenazas que se repitieron en varias ocasiones, confiscando los acusados la documentación de todos los trabajadores hasta que estos pagaran las supuestas deudas generadas por el alquiler, la manutención o el transporte.
Cantidades que las víctimas nunca podían pagar, ya que eran los procesados los que cobraban y repartían el dinero que les pagaban los propietarios del ajar y el cebollar, llegando a pagarles hasta 40 céntimos menos de lo que les correspondía a los trabajadores por caja, además de apuntarles menos cajas de las recolectadas.
Así, algunos de los trabajadores como L.L., al que le correspondía 2.100 euros al mes, o V.C., que tendría que haber recibido 936 euros, nunca llegaron a cobrar, mientras que otros como M.A.M. o I.A.M. tan solo recibieron 28 o 30 euros. Los inmigrantes permanecieron en estas condiciones un total de 70 días, desde el 19 de mayo hasta el 22 de julio.
Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con el transporte, el hospedaje, la agricultura o la contratación de personas durante 54 años. Además, los acusados deberán indemnizar de manera conjunta en la cantidad de 6.000 euros a cada una de las seis víctimas.
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