Quien haya seguido con una mínima atención la Legislatura actual, en la que gobierna el Partido Popular, con una holgada mayoría absoluta, no dejará de extrañarse de las prisas que a dicho partido y, por ende, al Gobierno de España, que encabeza como Presidente Don Mariano Rajoy Brey, les han entrado, en aras de modificar la Ley Electoral, a fin de que sea Alcalde quien encabece la lista más votada, aun cuando ésta no alcance la mayoría y dar así un tiro de gracia al sistema actualmente vigente, en el que los concejales electos proceden al nombramiento de Alcalde por votación directa de los mismos, poniendo bajo sospecha los pactos a que puedan llegar dichos concejales, más bien los partidos o grupos a los que pertenecen, para dicha elección, cuando, lógicamente, ninguna de las fuerzas contendientes alcance la mayoría absoluta, siendo así que, en realidad, esa imposición por Ley es lo que delata un importante y preocupante déficit democrático, conculcando uno de los principios fundamentales en los que se basa la democracia, cual es la libertad de pactar, consensuar, dialogar y, en definitiva, llegar a acuerdos que hagan posible la gobernabilidad de un municipio. Y es que, a estos efectos, basta un simple ejemplo que deja claro con lo que quiere acabar el Partido Popular: si una ciudad tiene asignado un número de diez concejales, si en las elecciones el Partido Popular saca cuatro concejales, el PSOE tres y, pongamos por caso, IU, otros tres, si éstas dos últimas formaciones llegan a un acuerdo para gobernar, está claro que tres más tres suman seis, que supera con creces a los cuatro concejales obtenidos por el Partido en el poder hoy. ¿Qué voluntad popular se ha contravenido? ¿No son los concejales los representantes de los ciudadanos según la voluntad libremente manifestada por éstos en las urnas? ¿Dejan de representar, en este caso, el PSOE e IU, a sus votantes, porque hayan sido capaces de lograr un consenso para gobernar, aunque el PP haya obtenido cuatro concejales y haya sido la lista más votada? ¿No votaron los simpatizantes del PSOE y de IU a las respectivas listas de uno y otro partido con el fin de que dichos partidos puedan llegar a gobernar? Mucho más antidemocrático sería dar por ganador a quien sólo ha sido capaz de obtener un 40% de votos, dejando de lado al 60% de los votos que representan PSOE e IU juntos. Y más aún, si como se prevé, al partido que saque el 40% se le asignasen concejales para gobernar con mayoría absoluta, esto sí que sería tergiversar la voluntad popular, legalizar un pucherazo y darle la puntilla a la democracia y a la madre que la parió.
No estamos ya suficientemente ayunos de resortes y principios democráticos (con el consabido enterramiento de la separación de poderes que pregonara el Barón de Montesquieu como uno de los pilares básicos y “sine qua non” para calificar a un sistema de gobierno como democrático) que, ahora, el Sr. Rajoy, parapetándose en el Partido Popular, quiera darle una vuelta de tuerca más para, como he indicado anteriormente, darle la puntilla a nuestra democracia y a nuestra Constitución, las cuales no quedarían sino en la posición del toro, que tras ser banderilleado, estoqueado y apuntillado, es arrastrado por las mulillas al desolladero.
Y esto, a escasos nueve meses, que serán menos cuando, de nuevo, la maquinaria del Parlamento se ponga en marcha, dada la holganza de nuestros parlamentarios, que hacen más novillos y gozan de más vacaciones que nuestros estudiantes de bachillerato, y sin que nadie les ponga falta ni les llame la atención, contrastando estas prisas y urgencias con la parsimonia y la cachaza con que nuestro Presidente del Gobierno (“marcar los tiempos” le llaman, para disimular la indolencia del mismo respecto de ciertos asuntos) afronta y trata esos otros ciertos asuntos (léase, por ejemplo, la Reforma de la Ley del Aborto), no teniendo otra explicación este atropellamiento y prisas sino en la irrupción de la formación “Podemos” en la palestra política, tras la elecciones europeas, que ha puesto de los nervios a la cúpula del Partido Popular y, por ende, al Gobierno de España, Mariano Rajoy incluido, que atisban que, a poco que apriete el acelerador dicha formación, hará estragos en los dominios y territorios del Partido Popular, como los hacía Rodrigo de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, entre las huestes de los sarracenos, provocando la alarma, el terror y la desbandada que se presume entre las mesnadas del Partido Popular.
Y hasta tal punto se les han puesto por corbata, a los dirigentes del Partido Popular, que ya ha anunciado el Sr. Rajoy, que habrá reforma sí o sí (aunque no hace mucho negara la mayor, de no acceder a la misma si no hubiera consenso), poniendo como adalid y paladín de dicha reforma al Vicesecretario General de Política Autonómica y Local Don Javier Arenas Bocanegra, que aún está lamiéndose las heridas de su derrota (aunque sacara mayoría de votos) en su contienda por la Junta de Andalucía, con ese tono y esa prestancia de señorito andaluz, de amo del cortijo. Esta forma de aprobar la reforma en solitario, por más que los vocingleros del PP pregonen por las esquinas que quieren buscar el consenso (entendido éste, como exigía el Sr. Rodríguez Zapatero para sí, como la adhesión inquebrantable a la propuesta popular), aún añadiría un tanto más de INRI a la depauperada democracia española, pues la reforma es de tal calado, como otras pendientes, que, en todo caso, debería requerir de una mayoría cualificada para evitar el decretazo y que ningún partido pueda hacer de su capa un sayo. En este sentido, tienen toda la razón del mundo la totalidad de los grupos parlamentarios, especialmente PSOE e IU, que aducen no existir razones de urgencia y necesidad imperiosa para proceder de este modo y se niegan siquiera a entrar a debatir esta reforma, siendo relevante a estos efectos y a la actitud de petición de consenso por parte del Partido Popular, que éste, según anuncian fuentes solventes del mismo, está decidido a bloquear en el Congreso la petición del PSOE y de IU de que el Presidente del Gobierno comparezca ya a dar la cara y a explicar el calado de esta reforma electoral, y con buen criterio el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, incardina la misma en un planteamiento global de despolitización de las instituciones (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de los Mercados y Competencia y la Junta Electoral Central, entre otras).
Por otra parte, esta Reforma de la Ley Electoral nada tiene que ver con lo que los Populares llaman “regeneración democrática”, bajo cuya falaz denominación quieren justificar la misma, revistiéndola como un dique contra la corrupción, mezclando churras con merinas, porque la primera regla para evitar la corrupción es castigar a los corruptos, obligarles a devolver hasta el último céntimo de euro indebidamente sustraído y despilfarrado, limitar los años de ejercicio de la política (a cuatro, o, como mucho, a ocho, y después, agradecer los servicios prestados y cada uno a su casa y Dios en la de todos), eliminar a tantísimo asesor nombrado a dedo, eliminar los mil y un Organismos Públicos inútiles, y, finalmente, entonar el “mea culpa” los integrantes de la casta política, culpables del actual desaguisado, por acción o por omisión. Además, nada avala, más bien al contrario, que el gobernar con mayoría absoluta sea un impedimento para caer en la corrupción, pues hay múltiples ejemplos reales extendidos por todo el territorio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste y de todos los colores y siglas, que así lo contradicen. Baste mencionar, a estos efectos, la situación de la Comunidad Valenciana, donde el PP ha gobernado y sigue gobernando con mayoría absoluta desde hace veinte años y si empezamos a enumerar la cantidad de “trapisonderías” cometidas por sus cargos, tanto de alto como de bajo standing, con más imputados que setas salen en el pinar tras la pertinente lluvia otoñal (la Gurtel, el ex-Presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, los episodios de la Alcaldesa de Alicante, etc., etc,) sería como para echar el cierre: una empresa privada, en esta tesitura, estaría disuelta y liquidada, previo concurso de acreedores, y sus rectores respondiendo ante la justicia.
Y este intento del Partido Popular, de cambiar las reglas del juego democrático a punto de acabar el partido y porque el mismo se halle con el agua al cuello, no queda convalidado porque Rajoy (¡cuántas medallas de oro hubiera logrado si se hubiera dedicado al deporte!) haya recorrido, dicen, seis kilómetros del Camino de Santiago con Angela Merkel, con la que se cree un igual “inter pares” y no se da cuenta de que la Canciller Alemana lo tiene y lo maneja como una marioneta.
MIGUEL ANGEL VICENTE MARTINEZ
27 de agosto de 2014
Si (
No(
