Protección de Datos por presuntamente ceder a centros privados, sin el consentimiento de los afectados, información personal e historiales médicos de sus pacientes. Estas cuatro nuevas denuncias se suman a la que ya se presentó a mediados de agosto contra el hospital de Fuenlabrada en Madrid.
"Algunas clínicas privadas llaman a los usuarios en lista de espera en nombre de las públicas en las que han sido atendidos, sin que estos lo hayan consentido, para ofrecerles sus servicios con cargo a la Seguridad Social", afirman desde la organización de consumidores.
Concretamente, los hospitales denunciados son el San Pedro en Logroño, el Virgen de la Luz en Cuenca, el General Universitario Reina Sofía y Virgen de la Arrixaca, ambos en Murcia. Según explican, "todos operan de la misma manera: ceden los datos de sus pacientes a entidades privadas que contactan a los afectados en su nombre -sin el consentimiento de estos- para ofrecerles sus servicios de manera más rápida y sin coste alguno para ellos (con cargo a la Seguridad Social)".
La organización considera de "extrema gravedad" que un hospital público pueda facilitar "unos datos que son considerados por ley como 'especialmente protegidos', sin el consentimiento expreso ni ningún tipo de información de los afectados para el beneficio económico de un centro médico privado".
La organización recuerda que la cesión de datos sin el consentimiento de los afectados no puede hacerse ni siquiera en el caso de que exista un concierto entre el hospital público y el centro privado, "algo que ocurre en el caso de Cuenca y el de La Rioja".
La ley de protección de datos especifica en su artículo 7 que los datos especialmente protegidos "sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente".
En su denuncia, FACUA señala que presuntamente los centros sanitarios mencionados están incumpliendo el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que indica, sobre el deber de secreto, que "el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos".
"Dicho reglamento considera infracción grave 'la vulneración del deber de guardar secreto' los datos a los que se refiere el artículo 10, sancionable con multa de entre 40.001 y 300.000 euros", añade.
Por tanto, FACUA pide a los consejeros de Sanidad de Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja (comunidades autónomas gobernadas por el PP) que den explicaciones públicas y reclama que "depuren responsabilidades y se castigue a los responsables del incumplimiento de la ley".
Por otro lado, FACUA también pone de manifiesto en su denuncia que, "además, la propia normativa de las tres comunidades autónomas -en las que se encuentran los hospitales reportados- relativa a los derechos de los usuarios del sistema sanitario coinciden en señalar la confidencialidad de los datos personales e historiales clínicos de los pacientes".
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