La prueba del algodón

Ya no cabe duda alguna, tras el destape del caso de las llamadas tarjetas “B” u opacas, en Caja Madrid y que se distribuyeron entre los miembros del Consejo de Administración de dicha entidad y cuyo uso se extendió por el espacio comprendido entre los años 2.003 a 2.012 y cuyo origen se remonta a 1.988, que tras el pitido inicial del partido de la democracia, allá por 1.977, sobremanera, a partir de 1.982, se instauró sobre la piel de toro una trama organizada por ciertos avispados y sinvergüenzas, inmersos en Partidos Políticos, Sindicatos y Organizaciones Empresariales, que bajo el paradigma de la bienvenida a la democracia y la celebración del final de la dictadura franquista, diseñaron el proyecto para el saqueo de este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, y que se extendió, como un reguero de pólvora, como una pandemia, de Norte a Sur y de Este a Oeste, y que dejaron en mantillas a los abordajes y trapisonderías de los piratas del Caribe, de los bandoleros de Sierra Morena y de Alí Babá y sus cuarenta ladrones. Ahí radica, por más que hayan querido echarle la culpa a la quiebra de Lehmann Brothers, a las hipotecas basura o al estallido de la burbuja inmobiliaria,  la verdadera razón, la auténtica causa, de que España, desde el año 2.007, aún esté sumida en una crisis sin precedentes y que no tiene visos de ser superada, ni Dios que lo verá, y que seguirá por los siglos de los siglos, si, como proclama por activa y por pasiva, la formación política de Pablo Iglesias, Podemos, no acabamos y desterramos a la llamada “casta política”, que casi durante cuarenta años, ha venido esquilmando al país, sin miramiento alguno, y mediante cualquier procedimiento que tuviere a mano, para dejar la caja pública de caudales más tiesa que la mojama, sin un céntimo que llevarse a la boca, y sometiendo al pueblo a un sistema impositivo confiscatorio, retrotrayendo a España a la época de la Edad Media, en la que los siervos de la gleba, los integrantes de la plebe, quedaban sumidos en el fango de la miseria, poco menos que comiendo mierda, y los señores feudales, conformantes de esa “casta”, se dedicaban a la “dolce vita”, sin pegar un palo al agua y viviendo a cuerpo de Rey, exprimiendo a ese populacho a base de tributos que, en modo alguno, servían para mejorar la convivencia social y el nivel de vida del mismo. Y todo ello, en aras de conducir a los ciudadanos a la Tierra Prometida, o sea, a ese Estado de Bienestar, ese Estado Utópico e idílico, que cuando parecía que llegábamos a alcanzarlo, más lejos se nos ponía, y que, en cualquier caso, caso de habernos inmerso en el mismo, lo cierto es que ha saltado hecho añicos y no queda del mismo ni rastro, ni siquiera las cenizas.

Y así queda demostrado, por la enésima, que, en este caso envuelve a los tres partidos políticos principales en ese período 2003-2012, principalmente los que asumieron la responsabilidad de la gobernanza del país, PSOE y PP, así como a los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a las organizaciones empresariales y a alguno más que pasaba por allí y tuvo la suerte de ser como el número complementario de la bonoloto. Ahí están, para las hemerotecas y para la posteridad, su foto, para colgarla al lado de las del pirata Drake, de Bony and Clay o  del Pernales y el Niño del Arahal. Ochenta y seis (86) Consejeros, ochenta y seis (86), aunque  tres de ellos no llegaron a hacer uso de sus tarjetas, aunque las tenían, y otro no llegó a tiempo porque murió antes de poder usarla. De los 82 restantes, que sí hicieron uso de sus tarjetas y algunos rondando la cifra de los quinientos mil euros, 28 fueron nombrados a propuesta del PP, 15 por el PSOE, 4 por IU, 6 por CCOO y otros 4 por UGT, y el resto en representación de diferentes agrupaciones. Como se ve una ensalada mixta y, por cierto, bien aliñada, o, si se prefiere una enorme y golosa tarta a repartir,  y a ver quién era el guapo que se iba de la boca por lo que a todos convenía callar.

Y lo gordo de este asunto es que existía un informe encargado por la propia Caja Madrid, con el fin de cubrirse las espaldas, lo que pone de relieve que algo malo verían en ello, que no vio delito en el uso de estas tarjetas “B”, concluyendo la “ausencia de relevancia penal” al no estar acreditada la voluntad expresa (quizás, sería mejor que por escrito) de delinquir, para meter en chirona a quien roba a mano casi armada. Por esa regla de tres, nadie ingresaría en la trena por ese motivo. Y como siempre, nuestras autoridades monetarias y económicas, órganos supervisores y reguladores,  léanse, Banco de España, Tribunal de Cuentas, Ministerio de Hacienda y demás concernidos, llamándose andana y mirando para otro lado, y haciéndose los locos o, cuanto menos, pillados con el pie cambiado.

Lo peor del caso es que ha habido quien ha tratado de justificar lo injustificable, tal como el ya ex-director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, para quien todo era normal, entendiendo, lógicamente, por normal, lo anormal y lo mal que huele que uno haga uso de dinero ajeno para beneficio propio, sin dar cuentas ni a Dios ni a su padre y, encima, oculto al fisco, en lo que ya parece ser una actividad tradicional clasificada bajo la letra “B”; o el Diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte (aquél señor que perseguía a Rubalcaba por el caso del Bar Faisán y que cuando el PP ganó las elecciones, perdió la memoria y nunca más volvió acordarse del mismo) que ha defendido como legal el uso de tales tarjetas. Todo ello, abundando en la costumbre, al parecer inveterada, de los sueldos, sobresueldos, sobres y otras mordidas en “B”, y en cualquiera de las otras letras del abecedario que se presten para clasificar al chanchullo, al abuso, al gatuperio, a la estafa, a la apropiación indebida, etc. etc.

Si tan legales eran tales tarjetas no se entiende que vayan ya diez dimisiones, entre ellas la del Director de Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, o la del Secretario General de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez (aquél que mandó, en su día, al Presidente del Banco de España “a su puta casa”), o la de dos Ex-ministros, como Rodrigo Rato (PP) y Virgilio Zapatero (PSOE), los cuales junto a otros cuatro ex-consejeros han devuelto parte del dinero.

Vistos los hechos y su reiteración, es impensable que cualquier propuesta de regeneración democrática que parta de quienes han tenido cargo desde el inicio de la Transición hasta nuestros días, y ahora queda ratificado con la prueba del algodón, pueda llegar a buen puerto, por el principio general de sentido común de que el causante de la degeneración, de la hecatombe y del desastre general que corroe la piel de toro por sus cuatro puntos cardinales, no es precisamente el más indicado para regenerar ningún tipo de  vida, sea  pública, privada o de otro mundo. Item más, hablar de regeneración es un imposible, ya que el enfermo está en un estado degenerativo que no cabe sino la revolución, darle la vuelta al calcetín y, lamentablemente, empezar de nuevo, o sea, de cero.

España, en este trance, que ya dura una eternidad, está pidiendo y exigiendo a gritos un Tribunal Penal Internacional, ad hoc para nuestro país, por el que vayan desfilando, uno a uno, sin faltar ninguno, cuantos hayan ejercido cargo público desde la Transición hasta nuestros días, a fin de que den cuenta de su gestión y del patrimonio propio, familiar y de allegados, inhabilitándoles, de por vida, para volver al ejercicio de cargo público alguno.

No es de extrañar que el partido de Pablo Iglesias, Podemos, se vaya afianzando como la tercera fuerza política del país, a un paso del PP y dos del PSOE, siendo, acaso, el único partido político, hoy por hoy, con legitimidad para echar a los miembros de la “casta política” actual “a su puta casa”.

Y eso que, al parecer, lo que está saliendo a la luz se trata solamente del chocolate del loro o de la punta del iceberg. Lo dicho, España estrangulada, y aún habrá quienes defiendan a esta gentuza y sigan creyendo que los burros vuelan y que los niños vienen de París.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

8 de octubre de 2014