La cabra ya está en el monte

Si la pasada semana titulábamos el artículo “la cabra tira al monte” basándonos en que en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en anteproyecto aprobado por el Gobierno de España con el número UNO en Dontancredismo, su Presidente y Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy Brey, se prevé que en “casos de gravedad” apreciados discrecionalmente, cuando no arbitrariamente, por el Sr. Ministro del Interior, Don Jorge Fernández Díaz, y, en su defecto, por el Secretario de Estado de Seguridad, ..., la posibilidad de intervenir las comunicaciones, habladas o escritas, por medios tradicionales o telemáticos o informáticos, durante 24 horas sin obtener el beneplácito de Juez alguno, ni para qué, que ya sabemos que quienes nos gobiernan están investidos del aura de la sabiduría, la templanza y la ecuanimidad, o sea, poco menos que arcángeles llovidos del cielo, sin mancha de pecado original, tal como le sucediera a nuestra Señora la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo como regla general lo que venía constituyendo una excepción extraordinaria sólo para casos relacionados con el terrorismo.

La comunicación pasadas esas 24 horas habrá de ser realizada al Juez competente, para que éste, las bendiga o las desautorice, como máximo en un plazo de 72 horas siguientes, en cuyo último caso, o sea, caso de desautorización, más bien no autorización, allá películas por la contravención de uno de los derechos fundamentales del ciudadano, cual es el de su derecho a la privacidad y a la intimidad, sin que se prevean consecuencias por la actuación perversa y contra legem de la autoridad política, que seguirá campando por sus respetos y así hasta la próxima Lucas y el que no quiera entrar por el aro de tamaño disparate y no esté de acuerdo con este modo de proceder, pandereta y zambomba y que se escarde los piojos de encima bajo la nieve, realizando un acto de contrición profundo, cumpliendo la penitencia y prometiendo no volver jamás de los jamases a desconfiar de la acción del Gobierno y sus miembros.

Anunciábamos, por tanto, que ante la posibilidad de que este anteproyecto acabara viendo la luz y lo pariera el Parlamento Español, tal como ha sido concebido, esto suponía poner al descubierto el triunfo, una vez más, de la facción mas retrógrada y casposa del Partido Popular, que a la menor que te descuidas renace de sus cenizas y pone sobre el tapete su verdadera faz de lobo, aun sin esforzarse de disfrazarse bajo la piel de cordero como mandan los cánones. Esa es la postura, la imperiosa necesidad de esta parte de la casta tandente al totalitarismo más puro y duro, considerando a los ciudadanos como personas menores de edad y, cuanto menos, incapaces de valerse por sí mismos y, por tanto, necesitados de la intervención a corazón abierto de Papá Estado, encarnado en este caso, por el Partido Popular, vulnerando principios fundamentales, no sólo reconocidos por nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 1.978, sino proclamados a bombo y platillo por la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, nada más y nada menos, que en 1.948.

Ese atisbo, de la cabra tendente al monte, ya ha quedado cumplido en tanto en cuanto, mientras el Gobierno aprobaba este demencial anteproyecto, el Congreso de los Diputados, como no podía ser de otra manera con el sólo apoyo del partido que sustenta al Gobierno, el Partido Popular, ha dado luz verde a otra más de las controvertidas leyes que este Gobierno ha sacado adelante, como ésta, o que intenta sacar adelante como el citado anteproyecto, es decir, conculcar principios y derechos fundamentales y constitucionales de los españoles, considerados, una vez más, como una especie de incapacitados que no saben distinguir entre el bien y el mal y, aún más, que no saben lo que les conviene. Pues bien, en base a esa pretendida protección a ultranza de quienes son considerados como meros súbditos contribuyentes y poco menos que casi descerebrados, la ley aprobada por el Partido Popular supone una vuelta de tuerca más para acabar con las libertades esenciales, esas que, por definición, deben ser defendidas en un Estado de Derecho, Democrático y de Bienestar Social, terminando, prácticamente, con el derecho de manifestación y de expresión de los ciudadanos, por lo que ha sido bautizada con el sobrenombre de “Ley Mordaza”, que es lo que pretende el Partido del Gobierno, que nadie obre ni hable a espaldas de los dicterios y las consignas gubernamentales, como es propio en las repúblicas solivariamos y bananeras, tercermundistas y totalitarias. Y para hacer entrar en razón a quien se desmande y no se haya dado cuenta del país en que le ha tocado vivir, la contravención de las múltiples prohibiciones establecidas en dicha Ley contempla, aparte de la posibilidad de ingresar en prisión, la imposición de cuantiosas multas económicas, como no podía ser de otra manera en este Estado Fiscal de Confiscación e Incautación, para que al que le toque la china no vuelva a levantar cabeza en su vida. Otra cosa no, pero en el asunto económico el PP se las pinta como ninguno. A ver quién es el guapo que practica un “escrache” frente a la Vivienda de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánz de Santamaría, u osa subirse a un edificio público a colocar una pancarta de protesta. Veremos a ver qué pasa con los círculos de Podemos, el partido de Pablo Iglesias, que gustan de reunirse, pacíficamente, en la calle, no sea que una de las finalidades de esta Ley sea acabar con todos sus miembros en la trena ante la alarma que su ascenso imparable y su irrupción en la vida política patria puede suponer para el Partido que gobierna, cuyos miembros y militantes se están quedando con la cara de pasmados de su Presidente. ¡Ojo al parche!.

Por otra parte, no parece muy de recibo que no se pueda grabar la acción policial, sobre todo cuando la policía entra en ídem y se dedica a apalear salvajemente a todo quisque que se encuentra en su camino. Ya lo saben, treinta mil euros del ala a quien ose saltarse esta prohibición a la torera. ¿También afecta esta prohibición a los cámaras y periodistas que deben cubrir la información al respecto?. No es de extrañar que esta ley más que de Seguridad Ciudadana haya sido también bautizada como la Ley de Seguridad Policial. Caminamos, con paso seguro y firme el ademán, hacia el Estado Policial.

En fin, que la cabra ya está en el monte y por si fuera poco, el Sr. Presidente del Gobierno, Sr. Mariano Rajoy Brey, que no gana ni para pipas según la Ley de Transparencia, y sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo, se postula como cabeza de serie para las próximas elecciones generales. ¡Que Dios nos pille confesados! Por cierto, si tan poco gana, ¿por qué no se retira a su retiro dorado de Registrador de la Propiedad de Santa Pola, que tiene reservado desde hace más de treinta años?.

MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ

17 de diciembre de 2014