Cruzar la línea roja es el deporte favorito de un Gobierno que, en las urnas, aunque sea espuriamente, mintiendo y falseando su programa electoral hasta la saciedad, obtiene mayoría absoluta, ya que, por ese apoyo, por esa confianza, que los ciudadanos, teóricamente (porque muchos de haber sabido la desfachatez en el incumplimiento del mismo hubieran votado otra acción o se hubieran abstenido), han depositado en unas siglas, dicho Gobierno se cree investido de un poder general, absoluto, omnímodo, que le faculta para decidir sobre el bien y sobre el mal sin límites, para hacer de su capa un sayo, para aplastar cualquier atisbo de la oposición parlamentaria y, en definitiva, para oprimir a los ciudadanos de a pie, a los que, con el cuento de protegerles y por su bien, como si tales ciudadanos fueran menores de edad o, más bien, tontos de capirote y no supiesen valerse por sí mismos, le extirpan sus derechos fundamentales recogidos a lo largo del articulado de la Constitución, fundamentalmente, valga la redundancia, todos aquellos que tienen que ver con el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión y el derecho de manifestación, porque de todos es sabido que no hay nada que más incordie a un Gobierno que los ciudadanos no acaten, sin rechistar, el sabio consejo de los monos: no ver, no oír, no hablar, porque escuece como el limón sobre una herida abierta, que cualquier ciudadano pueda expresar una opinión distinta de los dicterios que emanan, sin solución de continuidad, de la boca del Gobierno, y más aún, o mejor dicho, peor aún para el que manda, que la ciudadanía se le manifieste o se exprese contrariamente a esos dicterios y exija del que gobierna que gobierne para todo el país, tanto para los que han votado, como para los que no, al Gobierno de turno, pues éste se cree siempre en posesión de la verdad absoluta y sólo cuando ve que las cosas se le pueden ir de las manos, por los informes contrarios del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal puede enmendarse, aunque sea a regañadientes y echando culebras por la boca. Por tanto, no hay nada más peligroso, como cercano a una dictadura, que un Gobierno Parlamentario que goce de mayoría absoluta, pues el poder llama al poder y el que lo tiene cada vez quiere más y más, despreciando las demás voces parlamentarias e imponiendo el rodillo que su mayoría le permite.
Y no vale, como suele ocurrir, justificar ese ejercicio del poder absoluto que se posee por la mayoría absoluta dada por los ciudadanos al partido del que dimana el Gobierno que gobierna, y, por tanto, en uso de la misma, son aprobadas leyes que tienen en contra a todo el arco parlamentario, porque no basta la formalidad de la aprobación formal de la Ley, que será impecable, pero no hay que olvidar que la Ley ha de ajustarse a los Principios Generales del Derecho que inspiran todo el entramado constitucional y que tienen su base en la ley natural humana y, aunque no se quiera, divina también. Por tanto, la ley ha de ceñirse a esos principios, principalmente los recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución Española, conforme al cual, “la Constitución garantiza los principios de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, principios que, en no pocas ocasiones, son orillados, ignorados y laminados por quienes tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Y es que una ley puede ser aprobada por esa mayoría absoluta, pero eso, simplemente, no le otorga por si solo legalidad y legitimidad, más cuando se tiene en contra a toda la oposición parlamentaria.
Pues bien, esa línea roja que marca la Constitución en su conjunto y particularmente su artículo 9.3 arriba transcrito, es saltada a la torera por nuestro Gobierno de España, y como muestras recientes ahí tenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ley mordaza o ley del palo y tentetieso, sobre la que hemos hablado recientemente, y que conculca, cuando no cercena y extermina, el derecho de manifestación y, en parte, su corolario de expresión, y que trata, por todos los medios, tener y mantener al ciudadano en un estado de inseguridad, al hacer pender sobre su cabeza la Espada de Damocles. En la misma línea, de cruzar esa línea roja, valga la redundancia, nos hallamos con la aún no aprobada Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, ab initio, permite, en casos de gravedad, apreciada arbitrariamente por el Ministro del Interior o, en su caso, por el Secretario de Seguridad, ordenar la intervención de las comunicaciones de una persona sin el respaldo de una resolución judicial, durante, al menos, veinticuatro horas, lo que acabará constituyendo, si es que no lo está ya, a este país, aún hoy, a duras penas, llamado España, en un permanente programa de Gran Hermano.
Y este cruce de línea roja, sigue siendo transgredido en otras muchas disposiciones y leyes, tales como las de índole fiscal, que olvidándose del principio de irretroactividad sancionado por nuestra Carta Magna, cargándose el sistema establecido para atemperar el incremento patrimonial, en la enajenación de bienes, y dejando con el culo al aire a quienes adquirieron esos bienes confiando en una legislación en su momento existente. Por otra parte y como interesa llenar la Caja Pública de Caudales a rebosar, para luego despilfarrar y dilapidar, cuando no robar directamente, la ley establece ficciones para ampliar esa recaudación, tales como aplicar el sistema de incrementos patrimoniales a las Donaciones (en las que no es que haya incremento para el transmitente donante, sino que, en realidad, lo que hay es una pérdida patrimonial) o exigir, como rentas presuntas, de los inmuebles no habitados o no alquilados, un porcentaje de su valor catastral en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conculcando uno de los principios esenciales del sistema fiscal y constitucional de que no pueden gravarse hechos imponibles ficticios, sino que deben serlo reales. Pero, en fin, esa es la dictadura legislativa de quienes nos gobiernan y se arrogan facultades sin límites para domeñar y dominar al pueblo que dicen gobernar.
En definitiva, que no basta la ley aprobada por mayoría absoluta, si ésta no reúne los requisitos que marca la Ley de Leyes, la cual debería limitar ese expansionismo hacia el poder absoluto, y su derivado despótico y totalitario, de quien ostenta una mayoría absoluta para gobernar.
Por lo demás, el año se acaba, dejándonos un mal sabor de boca ante los muchos y enormes casos de corrupción de la casta política, que parece no tener freno, con una recuperación económica, con muletas y en silla de ruedas, con el anuncio del intento de la Condesa Esperanza Aguirre de su vuelta a los ruedos, cuando dijo haberse cortado la coleta sin marcha atrás, y con unos discursos, del Rey y del Presidente del Gobierno, cuyo análisis queda para otro día.
Feliz año nuevo, que espero nos traiga, al menos, una luz, aunque sea de candil, en el túnel de la oscuridad y tenebrosidad de la crisis, que ya llevamos soportando siete años y que tantas vidas, patrimonios e ilusiones ha ido dejando en el camino. Que así sea, pese a nuestros nefastos políticos.
MIGUEL-ANGEL VICENTE MARTINEZ
31 de diciembre de 2014
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