Castilla-La Mancha concluye el año 2023 con un total de 27.294 plazas disponibles en residencias para personas mayores. Este número supera la proporción de cinco plazas por cada 100 individuos mayores de 65 años, alcanzando específicamente 7.072 plazas. Esta información se detalla en un informe que fue dado a conocer este martes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La región se encuentra entre las seis comunidades que alcanzan la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años.
En Castilla-La Mancha, el tamaño promedio de las residencias es de 78,7 plazas, mientras que en el conjunto de España la media se encuentra en 72,9.
De igual manera, Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades autónomas que ofrecen una mayor cobertura de plazas de financiación pública, siendo solo Castilla y León la que la supera en este aspecto.
En 2024, se observó una disminución en el número de plazas disponibles en residencias para personas mayores en España, alcanzando un total de 395.065. Esta cifra representa una reducción de 3.510 plazas en comparación con el año anterior, marcando así la primera ocasión en que se registra un descenso interanual en la última década, desde 2014.
El estudio señala que el déficit de plazas residenciales para personas mayores en España "sigue aumentando tras la pandemia". En particular, se indica que durante los tres años siguientes a la pandemia (2021, 2022 y 2023), las plazas residenciales han crecido en 6.031, mientras que la población de mayores de 65 años ha experimentado un aumento de más de 600.000 personas en ese mismo periodo.
De acuerdo con el informe, se requerirían 89.324 plazas residenciales para lograr una proporción de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Además, sería imprescindible contar con al menos 35.000 plazas para satisfacer la demanda actual de individuos en Dependencia Severa o Grandes Dependientes.
El estudio, haciendo referencia a datos proporcionados por IMSERSO, indica que actualmente hay 34.622 personas en lista de espera con Grado II y 17.420 personas con Grado III. Además, se encuentran 65.602 individuos que aún están pendientes de valoración, quienes probablemente recibirán uno de esos grados. También se reportan 15.732 casos de estos grados que cuentan con una prestación no efectiva, lo que eleva el total a 133.376 personas.
Según los autores del informe, un 35% de grado III y un 22% de grado II requerirían un servicio residencial, ya sea en plaza pública, concertada o mediante una prestación económica asociada a dicho servicio.
Por lo tanto, se estima que serían precisas alrededor de 35.000 plazas residenciales únicamente para satisfacer la demanda existente en la lista de espera relacionada con la dependencia.
Asimismo, el análisis resalta que los datos recién divulgados por IMSERSO evidencian "un retroceso" en el sector residencial durante 2023. Este descenso se manifiesta tanto en la cantidad total de plazas como en el índice de cobertura, que se encuentra en su nivel más bajo desde el inicio de la serie en 2010. En este contexto, la ocupación total asciende al 84,1%, lo que equivale a 332.431 personas usuarias.
El análisis por comunidades autónomas revela que Andalucía y la Comunidad Valenciana presentan el mayor déficit de plazas, con 35.857 y 24.801 respectivamente. Juntas, estas dos comunidades representan más del 67,9% del déficit total. En contraste, seis comunidades muestran un exceso de plazas, siendo Castilla y León la más destacada con 17.234 plazas disponibles. Según se menciona, las comunidades de Navarra, Cantabria y La Rioja son las que mantienen un equilibrio más notable en su relación de plazas por cada persona mayor de 65 años.
El análisis también resalta que el 69,6% de las plazas residenciales para personas mayores son financiadas por el sector público, lo que equivale a un total de 275.094 plazas. En contraste, solo hay 119.971 plazas que son completamente privadas. Esta estadística abarca tanto las plazas en centros públicos como aquellas concertadas en centros privados y las que se financian mediante la prestación vinculada al servicio.
Los datos indican que el número y el porcentaje de plazas financiadas públicamente han crecido "ligeramente" desde 2015, alcanzando así un total de 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, cifra que representa la más alta registrada hasta ahora. Las comunidades autónomas que cuentan con la mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas por Extremadura y Aragón; en contraste, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana se encuentran en la posición más baja.
En el año 2023, se propuso una estrategia de desinstitucionalización por parte del Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con las Comunidades Autónomas (CCAA). Esta iniciativa tiene como objetivo principal facilitar que las personas en situación de dependencia puedan permanecer en sus hogares. Si se alcanza este propósito, se podría disminuir la demanda de plazas en residencias.
Además, se señala que la media de horas dedicadas a atención y cuidados se sitúa únicamente en 21,1 horas al mes, cifra que permanece igual a la registrada en el año 2012.
A pesar de que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales expresa su preocupación, afirmando que "no se han dado pasos decididos en esta estrategia", es importante señalar que los servicios de atención domiciliaria no han experimentado cambios significativos. La ayuda a domicilio, que representa el aspecto más destacado de estos servicios, permanece casi sin alteraciones respecto al año anterior. En 2023, la cobertura se sitúa en un modesto "5,5%", lo que significa "sólo seis décimas más que en el año previo a la pandemia".
La asociación advierte que "la escasa o nula evolución registrada en los últimos años y estos datos tan pobres dificultan el avance en la estrategia de desinstitucionalización, sin que dicho coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares. Esto, casi siempre, perjudica la vida personal y la conciliación de quienes, de manera abrumadora, suelen proporcionar estos cuidados: las mujeres."
Además, se anticipa que en la actualización del censo de centros residenciales de 2024, la cifra pueda coincidir o "acercarse más" a los datos del Informe Mayores presentado por el mismo organismo, IMSERSO. Asimismo, se solicita al IMSERSO que presente al Consejo Territorial una propuesta para establecer una ratio más adecuada a las necesidades de la sociedad actual. En este momento, el índice de cobertura se calcula tomando como base la población mayor de 65 años, mientras que la media de edad de las personas mayores en residencia es aproximadamente de 85 años.
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha resaltado la importancia de los datos al afirmar que "Castilla-La Mancha consolida esta segunda posición con el compromiso del Gobierno regional de seguir creciendo y ofreciendo a la ciudadanía plazas residenciales, dotadas con financiación pública, para poder dar respuesta a las necesidades de los mayores".
La asociación destaca la importancia de contar con referencias imprescindibles, dado que aún se continúan estableciendo centros residenciales basados en promesas electorales.
En lugar de estas prácticas, es fundamental que prevalezca una planificación racional. Esto implica que, si es necesario construir nuevos centros, estos deben ubicarse en las proximidades de donde residen las personas que los requieren y sus familias. La sociedad exige que las residencias funcionen como verdaderos servicios de proximidad.
En respuesta a las consultas de los medios de comunicación sobre la información presentada en el reciente informe de la Asociación de directoras y gerentes en Servicios Sociales, se ha especificado que "Castilla-La Mancha consolida esta segunda posición con el compromiso del Gobierno regional de seguir creciendo y ofreciendo a la ciudadanía plazas residenciales, dotadas con financiación pública, para poder dar respuesta a las necesidades de los mayores".
La Junta ha comunicado en un comunicado de prensa que, durante los últimos diez años bajo la dirección del presidente García-Page, se ha experimentado un crecimiento de 9.000 plazas residenciales. Este aumento ha permitido que el total de plazas en residencias, tanto públicas como privadas, supere las 27.000, de las cuales más de 20.800 reciben algún tipo de financiación pública.
Una comunidad autónoma que se compromete con la consolidación del sistema de la dependencia es lo que somos. Además, contamos con una importante red residencial que incluye tanto plazas públicas como privadas. La colaboración del sector es fundamental para poder lograr estas cifras y así atender a todas y cada una de las personas que forman parte de nuestra red", ha señalado.