Una organización criminal ha sido desmantelada por efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Esta banda se dedicaba a introducir en el país a ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades que se encontraban en situación irregular. Los individuos eran luego empleados en fincas agrícolas ubicadas en las provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza.
La operación policial conocida como “FRANCISKAN-EVEREST” comenzó en julio de 2024. Esta acción ha sido llevada a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de las provincias de Albacete y Cuenca. Como resultado, se han detenido a 11 personas y se investiga a otras 2 por diversos delitos, que incluyen el favorecimiento de la inmigración irregular y el tráfico ilícito de mano de obra. En total, se asistió a 322 individuos, de los cuales 294 se encontraban en situación irregular.
Las condiciones laborales impuestas por la organización eran extremadamente severas. En ocasiones, las jornadas laborales se extendían hasta 12 horas, y se aplicaban comisiones abusivas por diversos conceptos, como los desplazamientos hacia los lugares de trabajo, el alquiler de las viviendas que ofrecían e incluso por la comida proporcionada en dichos lugares.
La organización, para llevar a cabo sus actividades delictivas, se organizaba en diversas ramificaciones que estaban interconectadas. Una de estas ramificaciones se encargaba de proporcionar alojamiento y empleo a los extranjeros en la localidad de Villalgordo del Júcar (Albacete). En este lugar, la organización ofrecía hospedaje a los inmigrantes, hacinándolos en colchones colocados directamente sobre el suelo, en espacios sin ventilación adecuada, con pocos aseos disponibles y en condiciones de vida completamente indignas e inhumanas. Estas situaciones carecían por completo de las mínimas normas de higiene y salubridad.
La red criminal utilizaba un complejo modus operandi que se enfocaba en aprovecharse de inmigrantes irregulares. Estos individuos ingresaban a países del territorio Schengen con visados de turista. Una vez que llegaban a España, eran trasladados a diferentes regiones del país, donde sus d derechos laborales eran vulnerados.
Diariamente, los trabajadores eran trasladados desde esta localidad hacia las diferentes áreas agrícolas. Estos traslados se realizaban en furgonetas, algunas de las cuales no cumplían con las adecuadas condiciones de seguridad. Como resultado de esta situación, ocurrieron varios accidentes de tráfico, y se ha tenido que lamentar la trágica pérdida de una vida, específicamente la de una persona de origen nepalí.
En numerosas ocasiones, las víctimas se encontraban laborando para la organización criminal durante varios meses sin recibir compensación económica alguna; su trabajo solo era recompensado con una alimentación muy rudimentaria.
Durante la etapa culminante de la operación policial, se llevaron a cabo un total de nueve registros. De estos, ocho tuvieron lugar en Villalgordo del Júcar, mientras que uno se realizó en la localidad albaceteña de La Roda. En el transcurso de estas intervenciones, se confiscó una variedad de elementos, incluyendo dineros en efectivo, cheques y talonarios, así como teléfonos móviles, material informático, facturas, partes de trabajo y documentación fraudulenta. También se incautaron documentos que acreditaban actividades delictivas y contabilidad clandestina paralela.
De igual manera, se han confiscado doce vehículos, incluyendo dos de alta gama, y se ha llevado a cabo el bloqueo de diversas cuentas bancarias que eran gestionadas por la organización criminal.
Las acciones de restablecimiento han permitido que un considerable número de inmigrantes sea reubicado en diferentes lugares donde ya tenían un cierto arraigo. Se espera que, con el tiempo, la situación social se normalice gradualmente. Además, se siguen realizando gestiones y tomando declaraciones a estos ciudadanos extranjeros para verificar la posible comisión de otros ilícitos penales.
La situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los inmigrantes fue consecuencia de la explotación durante la operación, provocada por su escaso arraigo y la falta de recursos económicos. Por esta razón, desde el comienzo de la operativa policial, se ha trabajado en el restablecimiento social de las personas que estaban bajo el cuidado de la organización desmantelada. Para lograr este objetivo, se ha contado con el apoyo de la Embajada de Nepal en España, así como de mediadores culturales y asociaciones de ciudadanos nepalíes.
En el ámbito de la atención humanitaria y otras iniciativas para restablecer a las posibles víctimas, ha sido fundamental la participación de Cruz Roja Española. Esta organización ha ofrecido alimentos y ropa de abrigo, además de gestionar, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el alojamiento alternativo para algunas personas cuya situación era especialmente vulnerable. Actualmente, se encuentra involucrada en procesos destinados a la regularización del estatus legal de estas personas en España. La Subdelegación del Gobierno de España en Albacete también está participando activamente en este proceso, que sigue en curso.
El Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de La Roda ha recibido el atestado y a los detenidos, quienes han sido puestos a su disposición. Se ha decidido la prisión provisional y sin fianza para seis de los arrestados. Aunque la operación ya se ha llevado a cabo, no se descartan nuevas detenciones.