explotacion laboral

Seis personas han sido detenidas por la Guardia Civil en una operación contra el cultivo y distribución de marihuana en Segovia, Illescas y Madrid. En la operación 'Qianlong', se incautaron más de 10.000 plantas de cannabis, 321,5 kilos de cogollos de marihuana, 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando y 26.285 euros en efectivo. Las autoridades desmantelaron instalaciones con sistemas avanzados para el cultivo y descubrieron indicios de explotación laboral, ya que algunos detenidos se encontraban en situación irregular. La investigación fue coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia.

La Guardia Civil y la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal que introducía inmigrantes irregulares en España para trabajar en condiciones abusivas. Se detuvo a 11 personas, se asistió a 322 inmigrantes y se incautaron bienes. La operación "FRANCISKAN-EVEREST" busca restablecer socialmente a las víctimas.

La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, anunció la desarticulación de una red criminal que explotaba laboralmente a inmigrantes en Albacete. Se rescataron 30 víctimas y se arrestaron cuatro personas. La operación incluyó registros y confiscaciones. Además, se presentó un balance de seguridad que muestra una disminución en la criminalidad en Castilla-La Mancha.

En Hellín (Albacete), un hombre fue detenido por la Policía Nacional por trata de seres humanos e inmigración ilegal. Se le acusa de facilitar la entrada de una mujer inmigrante, a quien obligó a trabajar sin descanso y sin remuneración, alegando una deuda. La víctima logró escapar con ayuda externa.

Dos individuos fueron detenidos por la Policía Nacional por explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular. Se identificaron once víctimas en condiciones abusivas, sin permisos de trabajo ni seguros médicos. La investigación comenzó tras un control que reveló el transporte irregular de trabajadores en una furgoneta.

En Ciudad Real, dos empresarios fueron arrestados por explotar laboralmente a inmigrantes en situación irregular, obligándolos a jornadas de hasta 84 horas semanales y sin derechos laborales. Las investigaciones revelaron condiciones abusivas y engaños sobre permisos de residencia, con colaboración entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo.